“¿Dónde está la inconstitucionalidad?”, fue la pregunta que hicieron ayer congresistas sobre el proyecto de ley que inhabilita a los agresores sexuales para ejercer algunas funciones y profesiones.
El pliego legislativo lleva 10 años “dando vueltas” en el Congreso Nacional en espera de ser aprobado por las dos cámaras parlamentarias, pero perime cada vez que es sometido al no lograr el consenso necesario.
Ex texto de ley que crea el régimen de inhabilidades a personas que hayan cometido infracciones de naturaleza sexual para ejercer profesiones, oficios y empleos relacionados con la educación, orientación, cuidado e instrucción de menores de edad y personas con condiciones especiales cuenta con su informe favorable, y será presentado en la sesión ordinaria convocada para este martes, a las 10:00 de la mañana.
La Cámara de Diputados dio 10 días al equipo integrado por 15 legisladores para que volvieran a estudiar la normativa, la discutieran y la presenten al Pleno una vez más.
Hablaron al respecto las diputadas Ysabel de la Cruz (PLD), titular de la Comisión Permanente de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados; y Lourdes Josefina Aybar, proponente del proyecto de ley.
Las legisladoras se quejaron de que algunos colegas dicen que la iniciativa choca con la Constitución, cuando no es así, porque en varias ocasiones la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel) del órgano parlamentario le ha dado el visto bueno. De estos disidentes fueron invitados a la reunión de este lunes, para que ofrezcan su opinión, los peledeístas Gustavo Sánchez y Luis Henríquez. Ninguno asistió; los otros invitados, tampoco. Tanto De la Cruz como Aybar dijeron que los congresistas critican la pieza, sin señalar dónde está la supuesta inconstitucionalidad.
“El proyecto de ley se ha enviado (a comisión) en diferentes ocasiones, ha perimido. Se creó una comisión especial que también rindió un informe, y nosotros como Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia lo hemos aprobado y llevado al hemiciclo, y luego se ha aprobado en primera lectura, se ha enviado de nuevo a la comisión y tiene en eso 10 años, dando vueltas aquí”, sostuvo Ysabel de la Cruz al concluir el encuentro realizado en el Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano legislativo.
Otros invitados
La comisión también invitó (aunque tampoco acudieron) a Eduardo Jorge Prats y a Servio Tulio Castaños Guzmán, expertos en temas constitucionales; así como a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja.
Suelen repetir el patrón, según De la Cruz
El proyecto de ley tiene como propósito que haya un régimen de inhabilidad a personas que han sido agresoras sexuales con sentencia definitiva de la cosa irrevocablemente juzgada.
“Un profesor, educador, orientador que tenga una sentencia definitiva no puede tener acceso a darles clases a niños menores de edad, adolescentes o personas con discapacidad. No es verdad. Ustedes saben que esto es una situación reiterativa. Ustedes ven todos los días cómo personas que han cumplido sentencias de 20 años vuelven a reincidir en esos mismos hechos”, indicó Ysabel De la Cruz.
