De esa cantidad, alrededor de 4.5 millones todavía tienen un uso agropecuario; otra parte pasó a ser zona turística
Desde que en República Dominicana inició el proceso de reforma agraria, en el año 1962, hasta la fecha, se han entregado más 10 millones de tareas en unos 528 asentamientos que se han hecho.
De esas 10 millones de tareas, alrededor de 4.5 millones todavía tienen uso agropecuario, en sentido general, tomando en cuenta que históricamente ha habido un giro en lo referente a la utilización que se da a los terrenos y a la importancia en los renglones que se cultivan. Hay una gran franja que pasó a ser zona turística, como tierra de reforma agraria, otra pasó a ser zona minera y otra a ser parque nacional. En la parte ganadera quedan cerca de 902 mil tareas, hay una parte de cultivo agroforestal y otra importante porción se urbanizó.
Las informaciones las ofreció a elCaribe el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Emilio Toribio Olivo, en una entrevista en la que abordó en detalles variados aspectos de la institución, incluido el trayecto que ha seguido desde su creación, hasta las actividades más recientes en la que está envuelta.
Cuando el funcionario cita los puntos que pasaron a ser zonas urbanas, se refiere, por ejemplo, a algunos del Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo), como son Los Alcarrizos, Sabana Perdida y Villa Mella, que en el pasado fueron propiedades facilitadas a personas en condición de parceleros. Algo similar ha ocurrido en San Cristóbal (en lugares como Haina y Madre Vieja) que debido al crecimiento demográfico ha venido convirtiéndose en áreas urbanas y suburbanas. Santiago y otras provincias del país no han estado ajenos a la situación que describe Toribio Olivo en el diálogo.
En la actual gestión de gobierno se le ha ido pasando parte de esas tierras a la Dirección General de Bienes Nacionales (BN) para que sea ese organismo quien se responsabilice de dar seguimiento a aspectos como el de titulación y de cobro. Se hace así porque en el decreto 624-12 (de noviembre del año 2012) que crea la Comisión Permanente de Titulación, se estableció que los terrenos con uso urbano se transfieran a BN, para que estén bajo su administración.
Pasando balance a lo que ha sido el impacto social y económico de la reforma agraria en las zonas donde están los beneficiarios, el director del IAD aseguró que hay muchas formas de medir eso. “Primero, la reforma agraria en su historia fue de los proyectos que trajo la paz social en el medio rural dominicano”, explicó. Y agregó que en República Dominicana había muchas luchas políticas y sociales que giraban en torno a la adquisición de la tierra, porque había unos movimientos que propugnaban porque al pequeño y mediano productor se le diera facilidad de tierra para vivir.
El tema de los terratenientes
Para esos tiempos pasados que refiere el director del IAD, había en el país grandes terratenientes, hasta que vinieron algunos gobiernos que comenzaron a lograr cambios, favorables a los pequeños productores. “Vinieron las leyes agrarias del entonces presidente Joaquín Balaguer, que transformaron un poco y que permitían que se dieran facilidades para que los hacendados facilitaran tierras a los pequeños y medianos productores. Luego vino la ley que facilitó –vía la cuota parte- con lo que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que todo el que tuviera más de cien tareas cediera una parte al IAD. Y como era natural, esas luchas políticas obligaron al gobierno a emitir muchos decretos, declarando de utilidad pública muchas tierras que sirvieron para facilitar esos medios de producción”, rememoró Toribio Olivo, con un manejo certero del tema.
“Los asentamientos en este gobierno están muy motivados y tienen una gran esperanza porque se les ha vuelto a prestar atención. Recuerden ustedes que muchos de esos asentamientos vienen desde la época de la colonia, de Trujillo, y algunos de ellos se hicieron en zona fronteriza para proteger la frontera. Tenemos el caso de Hondo Valle y el de Guayajayuco, que vienen desde los años 49. Tenemos el caso de Mariano Cesteros, por Dajabón (…). Fueron colonias a las que se llevaron pobladores para que preservaran la frontera y sirvieran de protección para mantener la parte legítima de la tierra dominicana”, explicó el director del IAD en la entrevista.
Acudió al encuentro acompañado de Milagros de la Cruz, encargada de Ingeniería del IAD; Miguel Tavarez, encargado de Producción; Patricio Mena, gerente de Producción de Calidad Value Acuaculture, y Érica Díaz, encargada del área de Relaciones Públicas.
Te recomendamos
Luego de dejar de ser una gran agencia que distribuyó importantes cantidades de tierra en toda la geografía nacional, el accionar del IAD ha estado enfocado desde 2012 a la fecha a recuperar, y consolidar los mismos proyectos que fueron distribuidos en gobiernos pasados. “Se les está restableciendo sistemas de riego a cada uno de los pequeños y medianos productores con los sistemas de bombeo en esta gestión. Ya nosotros hemos entregado 310 nuevos sistemas de electrobombas y podemos decir que unas 603 mil tareas se han incorporado a los sistemas de riego, fruto del esfuerzo y la inversión del presidente de la República. Y se está diversificando en los métodos de producción para que los propietarios y productores de las tierras tengan –además de una producción inicial- la visión y la posibilidad de exportar”, dijo el funcionario público.
Respondiendo a preguntas formuladas por los periodistas Osvaldo Santana, Héctor Linares y Héctor Marte, Emilio Toribio Olivo explicó que otro paso importante dado por el Gobierno actual ha sido el de propiciar la asociatividad, que conduce a que el pequeño productor se convierta en grande, en la medida que se junta con otros en asociaciones y cooperativas, que logran mejores resultados trabajando en equipo. “Ya hemos constituido formalmente con sus decretos 112 cooperativas con más de 10,500 miembros, pero hemos constituido también 144 asociaciones, con más de 11,000 miembros. Podemos concluir entonces en que más de 21,000 pequeños y medianos productores se han asociado, lo que se ha traducido en que ya no funcionan como empresas particulares, sino como empresas mancomunadas, con capital social que les facilita el Presidente de la República, sea con créditos del Banco Agrícola o por financiamiento de las Visitas Sorpresa”, explicó Toribio Olivo.
Expresó que ese es el nuevo plan que diseño el presidente Danilo Medina para trabajar con los parceleros de reforma agraria. “Se está logrando una transformación de lo que se produce en los distintos predios y se está facilitando centros de acopio, rehabilitando las agroindustrias, como son los molinos de arroz. Tenemos muchos ejemplos. Varios de ellos son el ingenio de La Gina -de Miches, la factoría Gregorio Luperón, en Sánchez Ramírez; la de El Factor de Nagua; Las Damas, de San Juan de la Maguana, y muchas otras más. Eso quiere decir que hay ahora mismo una inversión dirigida del Gobierno a rescatar los proyectos históricos de la reforma agraria y se está haciendo… se está logrando”, aseguró el titular del IAD.
Desde su punto de vista, en ese contexto global o general, el Gobierno está dando lo que los parceleros siempre esperaron, que es un título definitivo para que tengan tranquilidad familiar, tranquilidad jurídica y para que eso les sirva para que puedan tomar financiamientos en la banca formal, así como elevar el valor de las propiedades.
De los 53,000 títulos que el Gobierno ha entregado, 33,528 corresponden a parceleros y parceleras de la reforma, dueños de parcelas y solares, porque los planes que están integrados para los lugares donde están las parcelas también contemplan las viviendas. Por tanto, se están individualizando esas viviendas y se entregan títulos definitivos como vivienda y sus títulos definitivos como parcelas.
Un ahorro global y familiar
Si cada uno de los 33,528 pequeños y medianos productores que han recibido títulos de propiedad del Estado en los últimos años (para parcelas y solares) tuviera que hacer gestiones por cuenta propia para obtener un título (si se viera el tema como propiedad privada), tendría que gastar unos 60 mil pesos (si se trata de un solar) y entre 80 y 90 mil pesos si se trata de una parcela.
Pero los títulos les salen gratis a los beneficiarios, porque el Estado hace la gestión que implica conseguir la información y coordenadas del bien, hasta llegar a la conformación misma del título. “Esos productores, en general, se ahorran alrededor de 2,011 millones de pesos”, calculó Toribio Olivo. Ese cálculo consolidado que hace abarca desde agosto del año 2012 hasta lo que va de 2019, haciendo una multiplicación entre los títulos entregados y el costo que tendría cada uno de ellos si la gestión se hiciera de manera privada para tener el documento.
El salami y el jamón que se elabora con pescado
Cuando Toribio Olivo aborda sobre el aporte de la reforma agraria al Producto Interno Bruto Agropecuario del país, asegura que ese sector tiene gran importancia. Puntualmente, dijo que de los terrenos agrarios sale el 45% del arroz generado en el país. Un aporte del 36% al banano orgánico que se exporta y del banano convencional que se envía a Estados Unidos aporta el 25%. La reforma agraria aporta también el 25% de los mangos exportables.
Resaltó que hoy día el país genera muchos subproductos en la industria.
De otro lado, el director del IAD citó la operación de una planta que produce salami y jamón con derivados del pescado que cultivan miembros de la Cooperativa de Copeyito, en Río San Juan. “Esa iniciativa es parte de los proyectos que promueve el Gobierno”, dijo.
52,000
tareas están sembradas de aguacate en terrenos de la reforma agraria. La fruta se destina al mercado local y al internacional.
Variedad
En los proyectos se cultiva ají, molondrón, plátano, yuca, pimienta, malagueta, piña, batata, piña y se crían animales diversos.
