La crisis en el suministro de energía eléctrica que afecta a República Dominicana desde hace varias décadas y que -según cálculos oficiales- este año costará al Estado 690 millones de dólares en subsidios, vuelve a ser tema de debate en campaña política y su solución definitiva forma parte de las promesas electorales que traen en el zurrón los dos principales contendientes que se enfrentarán en las urnas el próximo día 20.
La última encuesta de la firma Gallup, publicada por el diario Hoy el pasado 27 de abril, ubican la deficiencia en el suministro de energía eléctrica entre los problemas principales identificados por la población.
Un 38.7% de los consultados consideran los apagones como uno de los tres grandes males que afectan al país, después de los robos, asaltos, las bandas de sicarios y la delincuencia (54.4%), la escasez de fuentes de trabajo y desempleo (52.0%), y la inflación y alza del costo de la vida (49.5%).
Los apagones son fuentes de descontento y provocan movilizaciones sociales, sobre todos en barrios populares de la capital, y las principales ciudades del país. Sólo entre julio y diciembre de 2009 en el país se registraron 142 manifestaciones de protestas, de las que 21, equivalente al 15% se gestaron por la demanda de mejoría en el servicio de la energía eléctrica.
La información está contenida en el cuadernillo Movimiento Social: entre demandas, conflictos social y protestas, de Dilenia Medina, del Observatorio Político Dominicano, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
La primera demanda que provocó movilizaciones en el citado período, según la investigacón de Medina, fue la seguridad ciudadana, con un número de 25 protestas (17.61%). Por lo general, el déficit en el suministro de energía eléctrica ronda entre el 17% y 23% de la demanda, aunque en los últimos días, en que el país recorre el tramo final de una campaña electoral, se sitúa en menos de 20%.
El pasado día 4, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad calculó para la hora pico una demanda de 2,116 MW, con una oferta en generación de 1,774 MW. Esto implicó un desabastecimiento de 342 MW, equivalente al 16%.
En su último discurso ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero, el presidente Leonel Fernández definió la crisis del sector eléctrico como “uno de los temas más escabrosos”, que no ha encontrado una respuesta adecuada y definitiva durante el último medio siglo.
Fernández ponderó la privatización del servicio impulsada durante su primera gestión de gobierno (1996-2000) para luego responsabilizar a su sucesor, Hipólito Mejía, de revertir el proceso de avance en la solución de la crisis energética, al firmar el denominado Acuerdo de Madrid que garantiza los contratos de compra a los generadores hasta el año 2016
El expresidente Mejía, actual candidato del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), prometió que de ganar las votaciones establecerá una política de “cero tolerancia a los apagones”.
Mejía promete, con el objetivo de disminuir la tarifa a los usuarios, resolver la disputa entre las empresas Cogentrix y San Felipe, para convertirlas a gas natural y ciclo combinado. También, motivar al sector privado a instalar 1,200 megas a carbón y gas natural y procurar proyectos que generen 300 megas eólicos y 200 en generadores solares, y aprovechar los 650 megas del potencial hidroeléctrico.
El candidato del PRD cuestiona la transparencia de administración del PLD en los organismos del sector eléctrico. Asegura que en un gobierno de Mejía “las nóminas de empleados, funcionarios, asesores, consultores, contratistas, dietas y necesidades básicas, serán del conocimiento público”.
Mientras, Danilo Medina, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), trajo a colación el viejo tema sobre la posibilidad de solucionar la crisis eléctrica con la compra de energía a Colombia, a través de un cable submarino que conecte además a Puerto Rico.
En su programa de gobierno, el PLD plantea “mejorar sustancialmente la atención al cliente en las empresas distribuidoras de electricidad y reforzar las facilidades para el pago de la energía consumida para lograr fidelizar a los usuarios”.
También, eliminar o reconvertir las unidades de altos costos de generación e impulsar el funcionamiento adecuado del sistema de redes.
Fernández no llegó a concretar algunos planes
Desde que Leonel Fernández retornó a la Presidencia en agosto de 2004, su gestión planteó renegociar los contratos de suministro de energía con las generadoras, bajo el argumento de que eran “onerosos”.
En 2008 Radhamés Segura, entonces vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), alegó que la deuda US$700 millones con los generadores representaba un obstáculo en ese proceso. Durante su segundo período de gobierno no consecutivo (2004-2008) la gestión de Fernández anunció que para este año 2012 el país gozaría de una solución definitiva a la crisis de energía eléctrica. La clave era instalar en Montecristi y Azua dos plantas a carbón mineral, con una inversión de US$1,200 millones, a cargo de inversionistas chinos y árabes.
