Venció este lunes el plazo dado por la Cámara de Cuentas para la presentación de las declaraciones juradas de bienes por parte de los funcionarios públicos de reciente designación y apenas 48 de un universo de 110 han cumplido con el mandato establecido en la Ley 311-14.
Así lo informó la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, quien señaló que la legislación establece como sanción que los servidores públicos que depositen su declaración jurada fuera de plazo sean destituidos.
En ese sentido, dijo que todas las declaraciones que se reciban a partir de hoy serán remitidas a la Procuraduría General de la República para los fines correspondientes.
La funcionaria habló durante un acto en el que el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo, traspasó al órgano rector 39 cajas con 8,268 declaraciones juradas de patrimonio depositadas desde el año 2000 hasta la fecha, que estaban bajo custodia de esa institución hasta que entró en vigencia la Ley 311-14 el pasado 8 de agosto en sustitución de la Ley 82-79.
El tesorero también entregó un inventario con las declaraciones vigentes de los funcionarios del Gobierno central, del Ministerio Publico, así como militares y ex funcionarios, que servirán para hacer las comparaciones pertinentes cuando éstos cesen en sus funciones.
Precisó que cuando los funcionarios que se acogieron a la ley 829-79 sean separados de sus cargos, deberán hacer una declaración jurada de salida conforme a la Ley 311-14, mientras que aquellos que han sido ratificados en sus cargos mediante decreto, deberán presentar una nueva declaración de bienes.
Las reacciones a la inobservancia de la ley no se hicieron esperar por parte de representantes de tres organizaciones de la sociedad civil presentes en el acto, quienes por separado exigieron al presidente Danilo Medina destituir a los funcionaros que han incumplido con la ley.
Finjus cree a la Cámara de Cuentas nadie le hace caso
El vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, deploró el hecho de que muchos de los que ejercen funciones públicas no acaten la ley y calificó de penoso que el órgano rector del sistema nacional de control nadie le haga caso.
“No le hace caso el Congreso Nacional cuando la Cámara de Cuentas le envía sus informes anuales, no le hace caso, muchas veces el propio Ministerio Público cuando vemos que la Cámara de Cuentas le remite auditorías, es decir, estamos frente una situación sumamente delicada”, dijo.
Señaló que diversos sectores de la vida nacional han venido reclamando que quienes no cumplan con esta ley sean separados de la administración pública para que sobresalga la transparencia y no el secretismo y la impunidad.
“Si eso no se aplica, evidentemente estaremos frente a un Estado que ha perdido toda su autoridad, si el Estado no reacciona frente a una situación como la que está denunciando la presidenta de la Cámara de Cuentas evidentemente estamos frente a un Estado que ha perdido la autoridad, y creo que eso es grave”.
Participación Ciudadana
En tanto, la nueva Coordinadora General de Participación Ciudadana, Sonia Díaz Inoa, afirmó que desde el propio Gobierno se ha enviado un mal mensaje al no promulgar el reglamento de aplicación de la ley 311-14, para el cual tenía un plazo de 90 días.
“Yo entiendo que ese es un modelo, si no se ha cumplido el reglamento, los funcionarios estarán siguiendo por ahí”, adujo.
De su lado, el presidente de Adocco, Julio César de la Rosa, dijo que por primera vez se tiene una herramienta efectiva para enfrentar al corrupción administrativa, ya que la ley no sólo contempla la destitución de los funcionarios, sino también sanciones hasta de 10 años de prisión por irregularidad en la presentación de las declaraciones y con la inversión del fardo de la prueba como lo establece el artículo 146 de la Constitución.
Dijo que ahora todos los funcionarios que hagan una declaración tendrán que demostrar el origen licito de lo que están declarando y es probable que a eso es que le teman los funcionarios públicos.
