La noticia ha recorrido los noticiarios internacionales desde la televisión canadiense, CBC, hasta la cadena de noticias Al’Jazeera del Medio Oriente. La prensa internacional ha publicado artículos sobre la desnacionalización de 200,000 “domínico- haitianos.”
¿Qué ha originado semejante conmoción? La respuesta de algunos periodistas y activistas es que todo es culpa de la sentencia del Tribunal Constitucional, que define el derecho a la nacionalidad dominicana. Quienes esto afirman constituyen una insólita alianza, que va de la vieja y recalcitrante izquierda antiimperialista, a personas que propagan a golpe de pulmón el apoyo que reciben de la USAID.
Que la izquierda haya resurgido con un nuevo ímpetu no nos sorprende, pues se quedó sin brújula y sin argumentos luego de la caída del Muro de Berlín. Y han encontrado nuevos argumentos en la sentencia del Tribunal Constitucional, pues afirman que la misma fue propiciada por la oligarquía dominicana. Siendo esto así, propalan la obligación “ética“ de estar del lado de la “humanidad” y en contra de la sentencia constitucional. Es decir, estamos ante la vieja izquierda con sus viejos argumentos y sus elementales instintos antidemocráticos.
Y si la “humanidad” vale más que la Constitución, también vale más que la Nación, que después de todo es un concepto conservador, pues se origina en la experiencia histórica que lentamente construye la identidad y razón de ser de un pueblo.
Los compañeros de viaje de la izquierda, que se dicen financiados por la USAID, también actúan convencidos de poseer la “verdad”. Ellos, todos ellos, se han dedicado a propalar internacionalmente la noticia de la desnacionalización de 200,000 personas, que están montadas en un tren rumbo a un campo de exterminio, donde los dominicanos “nazistas” vamos a cometer un genocidio civil. ¿Y si eso lo dicen dominicanos, de su propio país, nos debe sorprender que los extranjeros lo repitan? ¡Han tirado a este país por los lodos! Un país pequeño con poca capacidad para defenderse, en manos de una élite política y económica que no deja de dar tumbos, pues está encerrada en el más estrecho de los egoísmos.
Pues la realidad es que si los miembros del Tribunal Constitucional consultaron a la oligarquía criolla antes de emitir su fallo, no es menos cierto que no consultaron al Conep, que ha mantenido silencio durante todo esta crisis. Y cuando los empresarios se han pronunciado ha sido para explicar la necesidad de mantener “clientes,” y de reformar el Código Laboral, como solución al desempleo y la baja productividad laboral, sin mencionar los 600,000 empleos cedidos a extranjeros que empobrecen a los dominicanos. Y la clase política gobernante anda dando tumbos, pues carece de ideas claras para enfrentar este cuestionamiento externo, que concierne a la esencia misma de la nación e ignora igualmente el efecto potencialmente desestabilizador que tiene esta inmigración empobrecida.
¡Vaya atolladero!
