Mucho se ha insistido sobre el peligro de aislamiento en que caen los gobiernos cuando se obstinan en ver en la crítica una mala intención o un deseo de entorpecer iniciativas oficiales. Si bien es cierto que algunas veces ese sentimiento domina los enjuiciamientos públicos a las acciones de un gobierno, no siempre es esa la intención que prima. Con más frecuencia de la que se admite, las observaciones a determinadas conductas o prácticas gubernamentales están inspiradas en sanos propósitos.
La sabiduría de un gobierno consiste en poder apreciar la diferencia. La falta de esa capacidad impide aprovechar oportunidades excepcionales de corregir posturas y políticas inadecuadas o ganarse nuevos afectos. Por lo regular, el rechazo instintivo a la crítica no alcanza a ponderar su alcance ni la finalidad que esta persigue. Las objeciones a una política o una medida gubernamental tratan en ocasiones de prevenir a un gobierno o a una autoridad las derivaciones negativas de su aplicación. Como por lo general muchas de esas disposiciones se adoptan sin una previa consulta, no consiguen llenar las expectativas de la población.
Sobran los ejemplos de iniciativas bien fundamentadas que no alcanzar a ganar el aprecio de la gente por defectos en la comunicación hacia el público. El fracaso de muchos planes bien concebidos es el fruto de la escasa información por parte de técnicos y funcionarios que si bien poseen la autoridad para actuar en sus campos, no estaban probablemente en capacidad de interpretar a cabalidad los efectos generales de sus medidas.
No quiero con esto sugerir que el gobierno renuncie a su responsabilidad de actuar allí donde se haga necesario y en base a su propia filosofía o comprensión de un problema. Lo importante es que se entienda que en la medida en que sus acciones reflejen el sentimiento generalizado de la sociedad, mayor será el nivel de aceptación de sus políticas.
