En la República Dominicana, al igual que en la mayoría de las naciones, los fondos de pensiones de la seguridad social constituyen una de las principales fuente de recursos financieros con que cuenta el país para ser destinados al desarrollo económico y social.
En efecto, en nuestro caso los fondos de pensiones han acumulado aproximadamente unos 120,000 millones de pesos y en los últimos años han tenido una tasa de crecimiento superior al 6.0% anual, lo que indica que esta cifra seguirá creciendo sustancialmente con el tiempo.
Hasta la fecha, alrededor de un 44% de estos recursos se han destinado para adquirir certificados del Banco Central, los cuales se ofrecen a tasas muy atractivas. En adición, un 9% se han colocado en bonos del Gobierno y un 4% en valores del BNV.
Es decir, aproximadamente un 57% de los fondos de pensiones están invertidos en valores del Estado Dominicano. El restante 43% han sido colocados en instituciones financieras privadas, incluyendo un 5% que se dedicó a la compra de valores emitidos por empresas, a través de la bolsa de valores.
Asimismo, podemos observar que actualmente un 11% del total de estos fondos, se han destinado a préstamos hipotecarios, pues sólo una proporción de la cartera de los bancos múltiples y las asociaciones de ahorro y préstamos se destinan a estos fines.
De ahí que recientemente fue aprobada la Ley de Desarrollo de Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, la cual si bien crea una serie de instrumentos financieros relacionados al sector inmobiliario (letras hipotecarias, valores de fideicomiso, bonos hipotecarios, etc.), uno de sus principales objetivos es incentivar a que esos instrumentos sean adquiridos por los fondos de pensiones.
Esto nos parece correcto debido a que algo tenemos que hacer para enfrentar el mayúsculo déficit habitacional de nuestro país, el cual se estima en cerca de 450,000 viviendas nuevas, con un crecimiento de aproximadamente 5,500 todos los años. Sin embargo, queremos alertar con tiempo, en el sentido de que el éxito de esta nueva ley estriba en que los fondos de pensiones destinados a la construcción de viviendas, tengan un riguroso control y seguimiento a fin de evitar que, a través de los instrumentos financieros que dicha ley crea, se usen estos fondos para financiar préstamos hipotecarios de dudosa recuperación.
Debe recordarse que este fue el origen de la severa crisis financiera que ha afectado a la economía norteamericana y de paso a la economía mundial, porque las instituciones que financiaban directamente las viviendas no se preocuparon sobre la recuperación de dichos préstamos ya que el riesgo de incumplimiento lo traspasaban a terceros que compraban precisamente los diversos instrumentos financieros relacionados con esos préstamos hipotecarios.
Carlos Despradel es economista