Las pasadas elecciones se caracterizaron por múltiples irregularidades, que si bien es cierto son absolutamente condenables y tienen que ser investigadas, no se puede asumir el discurso de invalidarlo todo, bajo el argumento de que en términos generales se alteró la decisión de los electores. El clientelismo, la desorganización y la cultura de la tramposería, se pusieron de manifiesto en muchos lugares, pero por encima de esto, los ciudadanos dejaron expresada su voluntad. A la JCE y al Tribunal Superior Electoral (TSE) le corresponde conocer de las impugnaciones y los cuestionamientos al proceso estableciendo responsabilidades, así como los correctivos de lugar.
Concluida esta etapa, la sociedad dominicana, y en especial los líderes políticos, deberá comprometerse con las transformaciones que requiere el sistema político y electoral, de manera que no tengamos que asistir a un nuevo proceso con tantas carencias. En tal sentido, es válida la recomendación dada por la misión de observadores de la OEA, de reformar el sistema de representación incorporando la votación separada entre diputados y senadores. Al mismo tiempo, se requiere de cambios profundos en el sistema de partidos, que mejoren su democracia interna y su institucionalidad. Es preocupante el retroceso experimentado por los partidos en esta materia, durante el recién pasado proceso electoral.
Las reformas políticas deberán conducir a mejorar las condiciones de equidad en la competencia electoral. Para ello, se necesita de medidas que reduzcan la desigualdad en el acceso al financiamiento público de los partidos, el acceso a los medios de comunicación y la integración efectiva de las mujeres en la vida política. La transparencia y fiscalización del financiamiento político, el establecimiento de topes de gastos en la campaña y de límites a los aportes económicos privados, son tareas pendientes de una importancia capital. Además de esto, se requiere mejorar la administración electoral, a partir de un nuevo estilo de gerencia y un uso racional de la tecnología.
Para avanzar en esta dirección, se deberá cumplir con tres tareas urgentes, las cuales deberán ser asumidas anteponiendo el fortalecimiento de la institucionalidad democrática a los intereses partidarios. En primer lugar, se deberá aprobar la ley de partidos para dar respuestas a muchos de los problemas planteados. Segundo, es necesario impulsar la reforma a la ley electoral, para adecuarla a la Constitución y a las nuevas exigencias de los procesos electorales. Por último, el Senado y el Consejo Nacional de la Magistratura deberán escoger una nueva JCE y un nuevo TSE, integrados por miembros capaces, honestos y que actúen de manera independiente a la directrices de los partidos.
