A raíz del impasse que ha surgido en la Junta Central Electoral como consecuencia de la renuncia forzada del administrador general del centro de cómputos, así como del cuestionamiento que un miembro directivo de ese organismo electoral ha mantenido al actual encargado de tan crucial departamento, tuvimos la curiosidad de leer detenidamente el libro recientemente publicado por el embajador John Graham, quien fuera jefe de la misión de observadores de la OEA que supervisó las elecciones presidenciales del 1994, para garantizar que se respetaría la voluntad popular.
Aunque conocíamos la esencia de ese acontecimiento histórico, desconocíamos algunas interioridades de dicho proceso electoral, cuyos cuestionados resultados estuvieron a punto de crear una crisis de gobernabilidad de imprevisibles consecuencias para la sociedad dominicana, que sólo fue evitado por la posición cívica y el desprendimiento personal asumido por el candidato opositor, a quien le habían arrebatado el triunfo.
En efecto, el embajador Graham señala en su obra que en las elecciones del 1994 se produjo un fraude electoral en contra del PRD, gestado dentro del propio centro de cómputo de la Junta Central Electoral y posteriormente consentido y aceptado por sus más altas instancias.
Este evidente fraude fue debidamente documentado y oportunamente denunciado por la misión de la OEA y por otros observadores externos de dichas elecciones.
Lo que causa estupor es que a pesar de esta grave denuncia hecha por personas con una imparcialidad incuestionable, la realidad fue que finalmente se impuso el partido gobernante, pues todas las instituciones públicas con poder decisorio apoyaron el fraude, así como la permanencia en la dirección del Estado de las mismas autoridades que habían sido repudiadas por la población en las urnas.
Frente a esta realidad histórica cabe preguntarse qué garantía real tiene el pueblo dominicano de que acontecimientos similares no se repetirán en el futuro. Muchos dominicanos tienen la inquietud de que el grupo que nos gobierna difícilmente renunciará a los privilegios que ha disfrutado sin límites ni mesura durante los últimos siete años y hará cuanto sea posible para poder seguir disfrutándolos.
Ya algunas declaraciones emanadas de las más altas instancias del Gobierno han comenzado a fijar el tono de lo que le espera a la sociedad dominicana en los próximos meses.
Nuestra inquietud no emana de preferencias electorales, que las podemos tener. Se trata más bien de un ciudadano que no quisiera ver que nuestro país pueda entrar en una crisis postelectoral parecida a la que sufrimos en el 1994.
Por lo tanto, es importante que nuestras instituciones de la sociedad civil tomen todas las precauciones pertinentes, pues ya sabemos que los observadores internacionales, incluyendo la propia OEA, no tienen autoridad para imponer que se respete la voluntad de la mayoría.
El autor es economista
