Bosch parecía cada vez más indefenso ante la ofensiva de sus opositores. Después de la huelga patronal, una nueva crisis con Haití selló definitivamente la suerte del gobierno surgido en las primeras elecciones democráticas realizadas tras la caída de la tiranía de Trujillo.

  “Los pájaros se cazan por las patas. 
Los hombres por las palabras”.

 PROVERBIO HINDÚ

 

La situación dio un giro brusco el lunes 23 de septiembre, tan grave que pondría al país al borde de una confrontación bélica con Haití.  Era la segunda crisis diplomático-militar con el vecino país en cinco meses y sería la última.

La población, intranquila por la agitación incesante y la amenaza de nuevas huelgas, fue estremecida por el anuncio de una agresión haitiana al territorio dominicano.  Parecía la culminación de un largo período de tensas relaciones, que a finales de abril y comienzos de mayo culminaría en un virtual estado de guerra entre los dos países, separados por una frontera de poco más de trescientos kilómetros de tierra agreste y una historia de rivalidad, violencia y frágil paz a lo largo de sus existencias. 

Desde las primeras horas de la mañana corrió el rumor sobre un grave conflicto fronterizo.  Las estaciones de radio interrumpían sus programaciones regulares para propalar “versiones extraoficiales” acerca de nuevas escaramuzas que afectaban poblaciones a uno y otro lado de la frontera.  Eran noticias escalofriantes, que planteaban la posibilidad de un choque armado.  Una alarma general cundió en la población.

Las informaciones decían que en horas de la madrugada, la población dominicana de Dajabón había sido atacada con fuego de fusilería y morteros desde Quanaminthe (Juana Méndez), a poca distancia al otro lado del puesto que dividía las dos naciones.

En la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington se recibía una grave queja del Gobierno dominicano.  La agresión, sostenía Haití, provenía, por el contrario, del lado opuesto.

Poco después del mediodía, Radio Santo Domingo difundió un primer boletín oficial informando de un ultimátum de tres horas del Gobierno Dominicano al Presidente haitiano François Duvalier para que cesara la agresión.  Al cabo de ese plazo la aviación dominicana desataría un ataque contra el palacio presidencial de Puerto Príncipe. 

Aviones de combate habían ya sobrevolado la capital vecina para dejar caer volantes, en francés y patois, la lengua criolla usada por la mayoría de la población haitiana, previniéndola de un posible bombardeo.  Los volantes informaban de la agresión a un poblado dominicano.

Exigían además un cese inmediato al fuego, castigo de los culpables, empezando con Duvalier y acuerdos de reparación y compensación por los daños materiales y morales infligidos a la República Dominicana.  Bosch estaba decidido a rescatar el honor nuevamente mancillado de la patria.  Las calles comenzaban a ser escenarios de espontáneas manifestaciones de apoyo al Gobierno.  Por la radio comenzaban a difundirse comunicados y proclamas de apoyo a la defensa de la soberanía. 

En escasas horas, Bosch parecía suscitar el entusiasmo de los viejos tiempos de campaña.  Las calles no se veían ya desiertas por el cierre de comercios en protesta por la actitud del Gobierno frente al avance del comunismo.  Los grupos que se formaban en las esquinas esa mañana no lanzaban denuestos al Presidente.

Los hechos seguían la tónica de los sucesos finales de abril, que enfrentaron a Bosch en su primera gran crisis internacional  y evidentemente estaban encadenados.  La isla, compartida por los dos países, con sus solos setenta y seis mil kilómetros cuadrados, resultaba demasiado pequeña para albergar a Bosch y a Duvalier.  Ninguno de los dos podía existir uno al lado del otro.  No podía citarse un solo caso de cordialidad entre los dos gobiernos.

Para entender el repentino estallido de esta crisis de septiembre, se precisaba conocer a fondo los antecedentes de abril y mayo.  Esta era la historia.  En las primeras horas de la mañana del 26 de abril, como solía suceder en días laborables, durante el período escolar, un automóvil de la presidencia dejó a los dos hijos de Duvalier -Jean Claude y su hermana mayor Simone, de dieciséis años-a la entrada del colegio metodista de Puerto Príncipe.  En el trayecto de vuelta, los guardaespaldas son asesinados en una emboscada.  Duvalier estalla de ira. 

Cree que se trata de un complot fallido para secuestrar a sus hijos y obligarlo a dimitir.  Haití atraviesa una grave crisis política.  Las sospechas de Duvalier se centran sobre un joven oficial, el teniente François Benoit, contra quien se desata una feroz persecución. 

Benoit tenía ya dos días refugiado en la embajada dominicana cuando estos sucesos sacuden la capital haitiana.  Más tarde, las tropas penetran violentamente la cancillería de la embajada, situada en un edificio nuevo en la carretera de Delmas, en un punto entre Puerto Príncipe y Pétionville. Realizan un registro y no encuentran nada. 

De ahí parten hacia la residencia del embajador, donde se halla Benoit y otros veintiún refugiados, algunos desde hace varias semanas.  Los tonton macoutes rodean la embajada, hacen caso omiso de las protestas del Encargado de Negocios dominicano e instalan nidos de ametralladoras en los alrededores, cortando el acceso a la residencia.

Esta acción colmó la paciencia del Presidente dominicano.  Bosch estaba seriamente disgustado con Duvalier, porque había dado permiso de residencia a miembros de la familia Trujillo que se decía conspiraban contra él.  La cancillería habíase quejado enérgicamente del visado concedido a Luis Trujillo Reynoso, hijo de un hermano del dictador y a otros parientes de éste.  La violación del recinto de la embajada dominicana en Puerto Príncipe añadía un nuevo elemento de fricción entre ambos gobiernos.

Entonces, para sorpresa de la mayoría de los dominicanos que carecían de informaciones previas sobre estos sucesos, Bosch le habló a la nación el domingo 28 de abril para denunciar “el ultraje” cometido por el Gobierno haitiano contra la sede diplomática dominicana en ese nación.  Esa agresión, advertía, debía cesar en un plazo no mayor de veinticuatro horas, pasado el cual le pondría fin con los medios que se hallaren a su alcance. 

La situación esta vez era grave.  Bosch decía: “Hemos sido insultados sin haber provocado nosotros el insulto; se ha invadido nuestra embajada con fuerzas armadas, lo cual equivale a una invasión a nuestro país y es una ofensa imperdonable a nuestra dignidad”.

Haití conspira contra el Gobierno dominicano, agrega ante las cámaras de televisión.  Y en esa conspiración están vinculados los Trujillo.  Se le había faltado “el respeto” a la Nación.  Las naciones pequeñas que permiten que eso ocurra, continúa, “no son dignas de ser naciones, porque lo único que puede mantenernos como país soberano es la decisión de hacernos respetar de los pequeños y de los grandes, de los que pretenden abusar de su debilidad y de los que pretenden abusar de su fuerza”.

El discurso estaba destinado a promover todo el sentimiento patriótico en un gran acuerdo tácito alrededor del Gobierno.  “El país que no se hace respetar no tiene derecho a llamarse una nación libre; y la República Dominicana es una nación libre, por la voluntad de sus fundadores y por la sangre de los que la mantuvieron libre y soberana; y lo es por la voluntad de su pueblo, y por la decisión del Gobierno democrático que ese pueblo eligió el 20 de diciembre de 1962”.  Bosch lucía verdaderamente ofendido. 

El ultraje hecho por Duvalier al honor nacional era “indignante” y él no estaba dispuesto “a tolerar esa situación y no la toleraremos por ningún motivo”.  Mientras hablaba, cientos de partidarios se manifestaban en las calles ofreciéndose de voluntarios para subsanar ese ultraje.

Al conocerse oficialmente del ataque a la embajada, informaba Bosch, ataque por demás “salvaje e imperdonable a nuestra soberanía”, el Gobierno se apresuró a tomar medidas para proteger la embajada haitiana en Santo Domingo de la ira popular.  La cosa era, razonaba el mandatario, “que si la noticia del atropello que se nos había hecho en Puerto Príncipe salía a la calle, nuestras juventudes podían indignarse y en medio de la indignación podían atacar a la embajada haitiana en la capital”.  Bosch hacía una distinción entre la tiranía de Duvalier y el sufrido pueblo haitiano.  No debía haber confusión al respecto.  El pueblo de Haití era asesinado y explotado por tiranos.  En cambio, la Embajada representaba al pueblo haitiano, no a un gobierno despótico como el de Duvalier.

También enumeraba un rosario de vejámenes contra ciudadanos dominicanos cometidos por las autoridades haitianas.  Tales agresiones pasaron a ser ataques a la República desde el momento en que Duvalier pidió, de manera inexplicable y ofensiva, el cierre de consulados dominicanos en Cabo Haitiano y Juana Méndez, “cosa que no se hace entre países, sino cuando el que pide el cierre quiere insultar al otro o cuando se desea provocar una ruptura de relaciones”. 

A seguidas pasaba a detallar casos específicos de dominicanos objetos de esos vejámenes.  Incluía los de algunos diplomáticos declarados personas non grata “sin explicaciones y con deseos de ofender”.  Tal eran los casos de Marco A. Cabral y de los doctores Ciro Amaury Dargam Cruz y Antonio Jiménez Dájer.  De 28 haitianos que se habían refugiado en la embajada dominicana en Puerto Príncipe desde junio de 1962, sólo seis han obtenido salvoconductos de las autoridades de ese país.  Según Bosch esta era otra ofensa a la República.

El problema no era sólo de índole diplomática o militar.  Involucraba un serio asunto de naturaleza más grave.  Duvalier, según Bosch, estaba empeñado en su eliminación física.  La denuncia era tan grave como la agresión misma a la misión diplomática.  Remontábanse los hechos al período en que Bosch aún no había asumido la presidencia.  En enero, citaba el Presidente, el Gobierno haitiano fraguó un complot para matarlo. 

Para llevar a cabo el plan, habíase utilizado a un ciudadano haitiano, antiguo miembro del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) dominicano, el clausurado organismo de represión político-policial de Trujillo.  La figura clave de ese complot era Michel Bredy, a quien Duvalier pretendió designar Encargado de Negocios en Santo Domingo.  El nombramiento se le había rechazado, relataba Bosch, “haciéndole saber al Gobierno de Haití, con el lenguaje que se usa en la diplomacia, que nosotros sabíamos a qué venía ese señor”.

 

Bosch basaba su afirmación sobre Bredy en el Memorándum DAC-146 que le enviara la Cancillería el 28 de marzo, cuyo texto es el siguiente:

“Para el conocimiento del Señor Presidente de la República.

El Gobierno haitiano, por medio del cablegrama cuya traducción se transcribe, ha comunicado la designación del señor Michel Bredy como Encargado de Negocios a.i. en la República Dominicana.

Tengo el honor de llevar a conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República de Haití ha designado al señor Michel Bredy para ocupar el cargo de Encargado de Negocios a.i. ante el gobierno de la República Dominicana.  En consecuencia, agradecería a Vuestra Excelencia se sirviera recibirlo en esta calidad y acordarle todas las facilidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.  Aprovecho esta ocasión para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración”.

Respecto del señor Michel Bredy esta Cancillería informa al Señor Presidente lo siguiente:

“El 3 de febrero del presente año, esta Cancillería recibió un cable de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe que copiado a la letra dice así:

Monseñor D’Andrea Encargado Negocio Santa Sede infórmame haber un complot para atentado vida Presidente electo Bosch patrocinado por fuerzas reaccionarias comandado por Michel Bredy sicario haitiano de cincuenta años, negro lustroso, alto habla varios idiomas, o cruzara frontera acompañado cuatro o cinco personas fin declararse asilados políticos Duvalier y en esa forma lograr objetivo, dice monseñor gobierno haitiano no está vinculado complot, esta información le fue confesada por cómplice arrepentido fin imaginas cargar conciencia”.

De este cablegrama se dio conocimiento al Consejo de Estado por memorándum No. 190 del 4 de febrero.  Posteriormente, el 6 de febrero se recibió otro cablegrama de nuestra misión en Puerto Príncipe, concebido en los siguientes términos:

“Ratificamos los términos de nuestro cablegrama referente a Michel Bredy.  Nuevas informaciones así lo confirman”.

El 7 de febrero, por memorándum No. 229 del 7 de febrero se dio conocimiento igualmente, al Consejo de Estado de este segundo cablegrama.  El 18 de febrero, esta Cancillería remitió asimismo al Consejo de Estado, junto con el memorándum No. 282 del 18 de febrero, el oficio No. 95 del 12 del mismo mes, de nuestra Embajada en Puerto Príncipe que dice así:

“En relación a los términos del cablegrama cifrado a), tengo a bien informarle que en la mañana del domingo 3 de los corrientes, recibí la visita del doctor Francisco Millán Delpretti, Encargado de Negocios de Venezuela en Puerto Príncipe, quien había sido enviado por Monseñor Giovanni D’Andrea, Encargado de Negocios de la Santa Sede, para informarme que había recibido como descargo de conciencia la confesión de una persona cómplice de un complot para atentar contra la vida del Presidente electo Juan Bosch, el cual está patrocinado por fuerzas reaccionarias y dirigido por el nacional haitiano Michel Bredy. 

Los complotados son cuatro o cinco personas y piensan cruzar la frontera ilegalmente para luego declararse perseguidos políticos y de ese modo poder lograr su objetivo.  También me informó el doctor Millán Delpretti que dicho complot era desconocido por el Gobierno haitiano.

“En la tarde del 5 de los corrientes recibí noticias de que Monseñor D’Andrea deseaba hablarme para confirmarme el asunto y me apersoné a la Nunciatura donde me informó que en efecto había recibido el sábado 3 de los corrientes la confesión de uno de los cómplices y que éste le había dicho que el complot era patrocinado por el Gobierno haitiano.  Parece que cuando Monseñor informó al doctor Millán este asunto, éste último no entendió bien quien patrocinaba el complot, pero lo positivo es que es auspiciado por el Gobierno haitiano.

“Posteriormente el padre Jean Baptiste Georges, asilado en esta Embajada recibió la visita de su hermana que le dijo que Michel Bredy estaba tramando algo contra la República Dominicana.  Naturalmente que en ningún momento hemos informado al padre Georges ni a ninguna persona de este asunto, y tampoco esto ha salido del círculo de Monseñor, doctor Millán y el suscrito, por lo que nos vimos obligados a enviar el cablegrama cifrado de referencia b).

“En dos ocasiones la pasada semana hemos tenido la oportunidad de ver al nombrado Michel Bredy sentado en la galería de su casa.  Esto nos ha sido posible por residir él cerca de la residencia de la Embajada por donde el suscrito tiene que traficar todos los días.

“Michel Bredy es una persona muy conocida en Haití por gozar del favor del Gobierno.  Habla perfectamente el español, el inglés y hasta el alemán.  Fue cónsul de Haití en Camagüey, Cuba, y fue utilizado en el Gobierno de Trujillo por el Servicio de Inteligencia Militar en trabajos especiales, según recorte del diario El Caribe, que hemos tenido a la vista. Bredy es señalado como implicado en la desaparición del ciudadano dominicano Francisco Eugenio Fernández Alarcón (Véase nuestro oficio 111 del 9 de febrero de 1962; el oficio de esa Cancillería No. 2800 del 7 de febrero de 1962 y El Caribe, edición del 6 de febrero de 1962, donde aparecen las declaraciones del señor Pedro Ibis Jáquez).  Michel mide de 5’11” a 6 pies de estatura, pesa de 180 a 190 libras, color negro lustroso, cabellos canosos con un desrizado permanente, casado, jugador profesional y se presta a cualquier trabajo interesándole solamente el dinero, no importa su procedencia”.

“Posteriormente, el 20 de marzo, esta Cancillería, ante un informe confidencial sobre la presencia de dos haitianos en la Embajada de Haití en esta capital, dirigió el siguiente oficio al Director General de Seguridad:

“De fuentes allegadas a esta Cancillería se tienen noticias de que en la pasada semana llegaron a esta capital dos haitianos sindicados como posibles agentes (Tonton Macoutes) de represión del Gobierno de Duvalier; y que dichos agentes se encuentran alojados en la Embajada de Haití en Santo Domingo.  Según esa misma fuente, sus actividades aquí serán en relación con la permanencia en la República Dominicana de líderes haitianos actualmente residentes en el país, razón por la cual la vida de estos líderes correría peligro.  Como esta Cancillería no tiene noticias de que haya sido aumentado el personal de la Misión diplomática haitiana en esta capital, se agradecerá que esa Dirección investigara discretamente de qué personas se trata y cuál es el verdadero propósito de su permanencia en esta capital”.

“Asimismo, a fin de determinar quienes pudieran ser los dos haitianos que se encontraban alojados en la Embajada de Haití, (se) dirigió un oficio al Director General de Migración para que nos suministrara, a la mayor brevedad posible, una relación de los ciudadanos haitianos llegados al país en los últimos 15 días, relación en la cual no debían figurar los haitianos contratados por las empresas industriales.

“Igualmente se dirigió un cablegrama a la Embajada en Haití para que informara qué visas había concedido a nacionales haitianos en las últimas tres semanas, incluyendo las visas de cortesía.

“Ni el Director de Seguridad, ni el Director de Migración, han suministrado hasta la fecha la información solicitada. Nuestra Embajada contestó no haber otorgado ninguna visa.

En vista de estos antecedentes, la Cancillería se propone contestar el cable del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Haití rechazando la designación del señor Bredy y se permite someter al Señor Presidente de la República para su aprobación reparos, el texto que figura anexo”.

 

El discurso presidencial no dejaba abierta ninguna posibilidad de acercamiento.  Cuando los policías haitianos registraron la cancillería de la embajada, amenazaron a la secretaria Katia Mena, la única presente allí en ese momento.  Los policías la sometieron a un interrogatorio.  Contar ese episodio, afirmaba Bosch, “causa indignación”.  Y decía que sólo un gobierno “salvaje, de criminales, es capaz de violar una embajada extranjera y de amenazar con fusiles a una dama que además es funcionaria de esa embajada.  Esa acción es una bofetada en la cara de la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto”.

En Washington, la OEA se movía para evitar un conflicto armado. Invocando poderes especiales, según el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, el organismo regional decide constituirse en órgano de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los veinte países miembros para buscarle una salida diplomática a la crisis.  La votación es unánime, 16 a favor, dos abstenciones y nadie en contra.  Haití reacciona ante las acusaciones dominicanas y anuncia el rompimiento de relaciones.

Mientras Bosch se dirigía a la nación, el ministro de Relaciones Exteriores Freites remitía un ultimátum a su colega haitiano, René Chalmers, reclamando una reparación e indemnización por las “ofensas y los riesgos” a que ha estado sujeta la representación dominicana en Haití.  En caso contrario, “adoptaría con toda decisión, y a cualquier precio, las medidas necesarias para hacer respetar la dignidad y la soberanía de la nación dominicana”.

“Violaciones tan insólitas de normas de derecho internacional universalmente consagradas y reconocidas de manera especial por el Sistema Interamericano han dado lugar al más enérgico repudio de su gobierno”, agregaba la nota oficial de Freites.  El momento era delicado.  Y no parecía haber aberturas para una salida amistosa.  “Lamentable es reconocer que estas burdas e incalificables agresiones no son en manera alguna hechos aislados, sino por el contrario constituyen la culminación de una serie de provocaciones irresponsables con las cuales el gobierno haitiano pretende ultrajar la dignidad de la nación dominicana y afrentar su soberanía”.

Freites se quejaba de que el gobierno tenía razones “para no abrigar la menor duda de que realmente el propósito del gobierno haitiano, como lo revela su proceder, se encamina a provocar una crisis entre los dos países con miras a desviar la atención del pueblo haitiano de la conflictiva situación interna de que es solamente culpable su propio gobierno”.

Un breve anuncio pagado, aparecido en los matutinos del 30 de abril, dio a los dominicanos otra idea de cuán cerca se encontraban de un conflicto bélico.  La Direcciónde Registro de la Reserva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional avisaba a los miembros de la Reserva que se encontraran aptos físicamente para el servicio; que debían “estar listos para cumplir con su deber en la defensa de los sagrados intereses de la Patria, caso de que el Poder Ejecutivo resuelva su llamamiento a filas”. 

Las informaciones sobre el desplazamiento de tropas a la frontera y el traslado de armamento pesado aumentó la expectación de una opinión pública que no salía de su asombro.  Todo había sido tan repentino y drástico.  La idea de una guerra con Haití, que parecía inminente, era realmente preocupante.

El espíritu bélico se adueñaba del ambiente.  En un comunicado de respaldo a la alocución presidencial, el Partido Revolucionario Dominicano proclamaba: su respaldo pleno al Gobierno “en su enérgica actitud de defensa de la dignidad nacional”, ordenaba a toda su militancia “mantenerse en estado de alerta a fin de acatar patrióticamente todas las medidas que dicte el Gobierno en este caso, de acuerdo con las circunstancias” y formulaba un llamamiento urgente “a todos los partidos políticos; organizaciones obreras y campesinas; instituciones profesionales, estudiantiles, culturales, patronales y religiosas, a fin de que se apresten a defender en un apretado bloque la ofendida dignidad patria”.

La mayoría de las organizaciones respondieron al llamamiento. Y el respaldo al Gobierno cobró fuerzas con la publicación del testimonio del ex encargado de Negocios en Haití, Frank Bobadilla.  El relato, entregado a la prensa en la residencia del Presidente Bosch, constituía una incitación al patriotismo.  “Acabo de regresar a la Repúblicavivo y sano”, comenzaba Bobadilla, “gracias a Dios y al respaldo decidido y responsable que me dio en todo momento el Gobierno y el pueblo dominicanos, circunstancia ésta que me infundía presencia de ánimo para afrontar la inaceptable actitud de vejamen del Presidente Duvalier. 

He despertado de la terrible pesadilla dantesca que vive, en intenso drama que rebasa todas las concepciones imaginarias, un virtuoso y humilde pueblo que se debate por su pervivencia y por su convivencia en el plano de la dignidad en que aspiran vivir todos los pueblos libres del mundo”.

Toda la nación estaba unida alrededor de Bosch.  Las pasiones políticas se echaban a un lado.  De los comunicados de solidaridad a la posición patriótica del Presidente, resultaba difícil creer que apenas unos días antes los partidos que ahora se manifestaban dispuestos a apoyarle eran los mismos empeñados en conducirle al fracaso.  Hasta Acción Dominicana Independiente, en un comunicado firmado por su presidente José Andrés Aybar Castellanos, admitía que entre sus obligaciones estaba la de defender los principios democráticos. 

Por tal motivo, en vista de los graves sucesos acontecidos en Haití “eleva su voz de protesta y da su decidido respaldo al Gobierno nacional en todas las medidas que adopte para garantizar nuestra soberanía en esta hora de grave peligro para la Patria”.  Las manifestaciones de apoyo incluían a la Unión Cívica, Vanguardia Revolucionaria y la Alianza Social Demócrata.  Las diferencias políticas pasaban a un plano secundario ante la amenaza al suelo patrio.

El periódico La Nación alabaría la previsión de Bosch de proteger de la ira popular a la embajada haitiana en Santo Domingo.  En un editorial de su edición del 30 de abril, concluía: “Afortunadamente la previsión del Presidente Bosch al ordenar la protección de la embajada haitiana impidió que se cometieran hechos que no hubieran conducido más que a agravar el diferendo dominico-haitiano, y de ellos debemos sentirnos todos plenamente satisfechos”. 

El apoyo a la postura oficial provenía de todas partes, de la Asociación de Industrias, usualmente desafecta a la política gubernamental; del Senado, que en sesión extraordinaria del día 29 de abril, aprobaba una resolución de respaldo “de manera decidida y definitiva” a la conducta del Gobierno frente al “régimen despótico y autocrático” de Haití.  El Senado pedía a los organismos internacionales “una rápida y justa decisión que satisfaga las aspiraciones del pueblo dominicano”.

La posición enérgica de Bosch conseguía apoyo internacional.  El influyente diario norteamericano The Washington Post, al analizar su discurso, sostenía que el Presidente Duvalier “ha convertido su patria en un infierno para su propio pueblo; un delincuente en la familia de las naciones y una fuente peligrosa de inseguridad en el área del Caribe”.  Bosch parecía estar ganándole la batalla de opinión pública a Duvalier. 

La apreciación se fortalecía con un amplio despacho de The New York Times fechado en Washington el 29 que decía: “Los Estados Unidos han estado deseando por algún tiempo la caía de la dictadura de Duvalier en Haití y quizás hayan encontrado un aliento con la crisis del Caribe de fin de semana”.

Hubo un agrio intercambio de notas entre las cancillerías de los dos países que acentuó el ambiente de tensión y agresividad entre las partes.  El ministro Chalmers remitió al canciller Freites una exposición redactada en términos inusualmente fuertes, en respuesta a la nota de éste.  En ella el Gobierno haitiano rechazaba los cargos de violación a la embajada dominicana en Puerto Príncipe y acusaba al Gobierno de Bosch de provocar un enfrentamiento entre las dos naciones.  La comunicación anunciaba la decisión haitiana de romper relaciones diplomáticas con su vecino dominicano.

Freites respondió al día siguiente la comunicación, haciendo responsable al Gobierno haitiano de la seguridad del personal de la misión dominicana en Puerto Príncipe y de los ciudadanos haitianos que allí habían buscado refugio.  “Ante la negativa del Gobierno de Vuestra Excelencia de admitir las inauditas violaciones de que se ha hecho víctima a la representación diplomática dominicana en Haití, cúmpleme reiterar, por medio de la presente, la veracidad de las citadas transgresiones, las cuales han sido ya atestiguada por terceros idóneos”.  

La Cancillería insistía en que el Gobierno “no tiene dudas de que las imputaciones que Vuestra Excelencia formula en su comunicación cablegráfica contra los representantes diplomáticos dominicanos responden al propósito de encontrar una disculpa a las transgresiones insólitas y que por tanto no merecen ser tomadas en cuenta”.

Bosch, entre tanto, dirigía una carta personal al presidente del Consejo de Seguridad de la OEA, Gonzalo Facio, en la cual advertía que la República Dominicana “no podía obtemperar a la solicitud de retiro de nuestra misión diplomática formulada por el Gobierno haitiano…”.  Ese retiro, según Bosch, sólo podría ser posible cuando el régimen de Duvalier entregara los salvoconductos solicitados “para el traslado de los asilados al exterior o las seguridades que le permitan permanecer bajo la protección de cualquier nación amiga”.

Estas garantías no habían sido hasta el momento ofrecidas por Duvalier “al romper relaciones con la República Dominicana”.  Las amenazas derivadas de esta situación, agregaba Bosch en su carta a Facio, “se agudizan en los actuales instantes por el hecho de que la Comisión designada por el Consejo de la OEA no se ha podido trasladar aún a territorio haitiano para cumplir su cometido”.

Dentro del clima de “irresponsabilidad oficial” que Bosch atribuía a Duvalier, esa situación y los excesos que la caracterizaban “hacen temer que se produzcan nuevas violaciones de carácter irreparable contra las personas de los funcionarios que integran nuestra misión, contra los ciudadanos haitianos que se acogieron a nuestro asilo diplomático, y contra los ciudadanos dominicanos residentes en Haití, violencias que mi Gobierno se siente en la imperiosa necesidad de conjurar en cuanto esté a su alcance”.

La crisis dominico-haitiana se prolongó hasta mediados de mayo, aun cuando la intervención de la OEA alejó desde mucho antes la amenaza de un conflicto armado.  En agosto un fracasado intento de invasión a Haití revivió la rivalidad entre los dos gobiernos, sin alcanzar las dimensiones de una crisis internacional.  Lo del 23 de septiembre fue otra cosa.

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Las primeras informaciones sobre el nuevo incidente fronterizo fueron difundidas por Radio Santo Domingo en su boletín de las 6:30 de la mañana. Poco después, a las ocho, Bosch convoca a los jefes de las Fuerzas Armadas a una reunión.

Bosch y las Fuerzas Armadas ofrecerían con el tiempo versiones diferentes de lo acontecido ese día.  En su libro Crisis de la Democracia, Bosch dice: “Pocos días antes del golpe de Estado, quizá tres días antes, me hallaba en mi despacho del Palacio Presidencial cuando a eso de las seis de la mañana me dijo el jefe de los ayudantes militares que los haitianos estaban atacando Dajabón, villa dominicana en la frontera del norte. 

Efectivamente, en las calles de Dajabón caían balas que procedían del otro lado haitiano, de la Villa de Juana Méndez –Quanaminthem en el patois de Haití-, que queda frente a Dajabón, a menos de dos kilómetros.  Cuando la situación se aclaró, unas horas después, se supo que el general (León) Cantave había entrado en Haití de nuevo y había atacado la guarnición de Juana Méndez.  El combate fue bastante largo, con abundancia de fuego de fusilería y ametralladoras.

En el Libro Blanco publicado meses después por las Fuerzas Armadas para justificar el golpe contra Bosch, se da una versión distinta. “A las ocho de la mañana de ese día (23 de septiembre), el Presidente Bosch citó para una reunión a los Jefes de las Fuerzas Armadas. 

En el curso de la misma ordenó al general Miguel Atila Luna, jefe de la Fuerza Aérea, que dispusiera de un avión militar para arrojar millares de volantes sobre Haití, cuyo texto había redactado de su puño y letra.  Le ordenó, además, que preparara aviones para bombardear Puerto Príncipe a las once de la mañana.  El Comodoro Rib Santamaría, jefe de la Marina de Guerra, propuso que se enviara una comisión a la frontera para conocer la verdad en el terreno de los hechos”.

Esta comisión realmente fue designada.  Estaba integrada por el mayor de Leyes Pedro César Augusto Juliao González, de la Fuerza Aérea; coronel piloto Ismael Emilio Román Carbuccia, subjefe de Estado, Mayor de la Fuerza Aérea; coronel Rubén Tapia Cessé, del Ejército; teniente coronel Pedro Medrano Ubiera, de la Fuerza Aérea, comandante del Grupo de Artillería; teniente coronel piloto José Joaquín Nadal Lluberes, de la Fuerza Aérea; capitán de navío Sergio de Jesús Díaz y Díaz; Díaz Toribio, subjefe de Estado Mayor de la Marina y Andrés Sanz Torres, inspector de ese cuerpo.  En otro avión volaría un grupo de periodistas de El Caribe y el Listín Diario.  Estarían también Rafael Bonilla Aybar, director de Prensa Libre.

El Libro Blanco relata que la comisión de militares y periodistas “regresó de la frontera alrededor de las 12:30 e informó que no había tal bombardeo, que no era cierto el informe del Señor Presidente de la República. En el avión militar trajeron al general haitiano León Cantave, que venía vestido con traje de casimir gris claro y portaba tres maletas.  Estaba limpio y se podía ver que no había sudado su camisa.  Inmediatamente después de su regreso, los militares informaron al Presidente Bosch que en la frontera no había ocurrido nada y que habían traído al general León Cantave vestido de civil y en perfectas condiciones.  El Presidente Bosch, visiblemente contrariado, se limitó a responder: Está bien, y se retiró de la reunión”.

Esa mañana Bosch envió un cable al representante dominicano ante la OEA a fin de que presentara una enérgica protesta por esta nueva agresión haitiana.  El canciller Héctor García Godoy, quien había sustituido a Freites, reunió al cuerpo diplomático para comunicarle la intención del Gobierno de dar un ultimátum a Duvalier para que cesara de inmediato el fuego contra una población dominicana.  El país, les dijo el Canciller, se reservaba el derecho de responder con los medios que considerara a su alcance.

Probablemente no se conozcan nunca todos los detalles de lo sucedido ese día.  Pero Bartolomé Benoit, entonces jefe del comando de Mantenimiento de la Base de San Isidro, a cuyo cargo estaban el cuidado de los aviones y los blindados, me relató, en todas las entrevistas que sostuvimos, que a muy temprana hora de esa mañana del 23 de septiembre fue enviado a buscar por el general Atila Luna. 

El jefe de la Fuerza Aérea estaba con Bosch en el extremo de la pista, casi al borde los montes que la rodean, esperando dentro de un automóvil.  Las escoltas de ambos vigilaban unos metros más atrás.  Después de la breve presentación de rigor, el Presidente se dirigió a Benoit:

-¡Prepárese, coronel.  Quiero que nuestros aviones comiencen a dejar caer sus bombas sobre Puerto Príncipe a más tardar a las once de la mañana!-

Atila guardaba silencio.  Benoit se retira y comienza a hacer los arreglos para tener listos los aviones.  En cada una de nuestras entrevistas insistí con Benoit, hcon respecto a esta versión y siempre me contó la misma historia.

Luna, por su parte, tiene otra versión, aunque muy parecida,  que encaja en el relato de los hechos que la prensa dominicana del día siguiente, 24 de septiembre, publicó de los incidentes en la frontera. 

Según Luna, mientras se preparaban los aviones logra comunicarse por radio con el puesto militar de Dajabón  pregunta qué ha sucedido.  El sargento encargado de las comunicaciones le dice que no había acontecido nada grave.  Con excepción de unos cuantos disparos del otro lado, sin consecuencias, todo estaba normal.  Bosch le había convocado a su casa.  Cuando llega allí encuentra a varios ministros.  El de Obras Públicas, Del Rosario Ceballos, le saluda preguntándole que él necesitaría de su ministerio en caso de una guerra con Haití.  El general Luna le responde:

-¡Todo, señor Ministro.  Todo, incluyendo patanas para trasladar los tanques!

Después de una breve espera, la esposa del Presidente le dice que éste prefiere verle en el Palacio Nacional, para donde se propone salir de inmediato.  En el despacho presidencial aguardan los jefes de Estado Mayor de la Marina, Rib Santamaría, y del Ejército, Hungría Morel.  Al llegar Bosch con Viñas Román, el primero le dice a Luna:

-General,- ¿Pueden los aviones dominicanos bombardear el palacio presidencial de Haití sin tocar el hospital que está cerca?

-¿A qué distancia queda el hospital, señor Presidente?

-A unos quinientos metros.

-Podemos meter las bombas por las ventanas que usted desee.

-Pues comience el bombardeo a las once de la mañana (eran alrededor de las 8:30 a.m.)

-Bien, pues deme la orden por escrito, señor

-¡Yo soy el Presidente y le estoy dando una orden!

-Sí, señor. Pero debo dar esa orden más abajo por escrito.

Bosch alegó que los haitianos estaban atacando Dajabón.  Luna entonces le replicó que si eso fuera cierto él no necesitaba de una orden presidencial para responder a ese ataque.  Bosch le habría emplazado diciéndole a Luna si creía que él estaba hablando mentiras.

-“No, señor Presidente, pero es posible que los que le informaron sí estuvieran diciendo mentiras”.

Fue en ese momento en que el comodoro Rib Santamaría intervino para proponer el envío de una comisión a Dajabón.

Cualesquiera hayan sido los incidentes, lo cierto es que no hubo ataque alguno a Dajabón y que ese mismo día la Cancillería dominicana debió retractarse de las nuevas acusaciones contra Duvalier.  Bosch había quedado muy mal parado de esta segunda confrontación con su vecino hostil.  No cabían dudas de que su imagen ante los jefes militares había descendido con esta nueva crisis.

En su edición del día siguiente, feriado de la Virgen de las Mercedes, El Caribe expondría, en un editorial titulado “Alarma y confusión” el sentir de una parte importante de la opinión nacional:

“El pueblo dominicano vivió ayer largas hora de alarma y confusión, provocada principalmente por contradictorios boletines que intermitentemente estuvo transmitiendo la radio oficial sobre una supuesta invasión de territorio dominicano por tropas haitianas.  Finalmente quedó esclarecido que los sucesos de la fronteras se limitaron a un choque, en territorio haitiano, de fuerzas rebeldes contra fuerzas leales al dictador Duvalier.  Algunos fragmentos de bombas y ráfagas de ametralladoras disparados en esa refriega cayeron, aparentemente, en territorio dominicano.  Es natural y hasta patriótico estar siempre alerta ante cualquier movimiento que pueda poner en peligro la soberanía de la nación.  Pero es innecesario, por decir lo menos, provocar el pánico en la población mediante la exageración desmedida de los acontecimientos, antes de tener pleno conocimiento de ellos”.

–00–

Los acontecimientos del día alarmaron al círculo íntimo del Presidente de la República.  Mientras Bosch libraba su lucha inútil contra Duvalier y se reunía con los mandos militares, a escasa distancia del Palacio se desarrollaba otra reunión entre dirigentes del PRD y funcionarios del Gobierno.  Esta tenía lugar en la residencia de Quico Pichirilo, en la calle Doctor Delgado, frente a la parte oeste de la sede del Ejecutivo.  Había sido convocada a instancia de Diego Bordas y entre los asistentes se encontraba Bienvenido Fenelón Contreras Mejía, de 43 años, dirigente del Catorce de Junio. Manolo Tavárez había visitado personalmente esa tarde a Fenelón en su residencia del otro lado de la ciudad, en el ensanche Ozama, para encargarle la “delicada e importante” misión de representarle en esa cita. De mediana estatura, ancho de hombros y tupido bigote, Fenelón era un enlace del líder del Catorce de Junio con estamentos militares.  Esto se debía a que estaba casado con una pariente del coronel Neit Nivar Seijas, un oficial partidario del ex presidente Balaguer.

El propósito de esta reunión era discutir una estrategia conjunta para enfrentar la eventualidad de un golpe de estado que todos los reunidos allí daban casi como un hecho.  Al cabo de varias horas de discusión, acordaron que Bordas cruzara al Palacio y advirtiera a Bosch de la necesidad de hacerle frente a la conspiración.  Bordas regresó una hora después con la información de que el Presidente descartaba la posibilidad de un golpe militar.  Bosch le contó de un almuerzo reciente con oficiales y alistados de las Fuerzas Armadas.  A pesar del desarrollo de los acontecimientos de ese día y sus claras desavenencias con el mando castrense, sus relaciones con los militares eran, según explicó a Bordas, “de las mejores”.  El Presidente rechazó tajantemente una sugerencia del grupo de convocar al mando militar a una fiesta donde serían todos emborrachados y detenidos.

Fenelón Contreras fue de inmediato a informar a Manolo Tavárez.  Dándose un par de palmadas en la frente, éste dijo:

-Bosch ha perdido su última oportunidad.  Mañana será tarde para él.

El golpe de Estado: 53 años después

El que tiene toda la fuerza y no usa de ella cuando la ocasión precisa, ejerce uno de los más abominables abusos de la fuerza”.

CLEMENCEAU

El viernes 20 de septiembre estalló una huelga del comercio convocada por un Comité Cívico Anti-Comunista, detrás de la cual se encontraban los directivos de del movimiento derechista Acción Dominicana Independiente.  El Gobierno declaró ilegal el paro, que afectó casi en su totalidad las actividades comerciales de Santo Domingo y otras ciudades del país.  En Santiago, la paralización cobró fuerza en horas de la mañana, pero poco después del mediodía tendió a debilitarse.

La protesta provocó reacciones airadas de los partidos opuestos a una interrupción del orden constitucional, expresadas en comunicados del PRD, el Catorce de Junio e incluso del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), que tan crítico fuera de Bosch a lo largo de estos últimos siete meses.  Pero la paralización constituyó un éxito rotundo para sus organizadores y permitió sacar a relucir las serias divisiones que aquejaban a los grupos dispuestos a respaldar a Bosch, cuya situación parecía ir resquebrajándose.  Desde su regreso de México a comienzos de esa semana, el Presidente parecía encontrarse en peor posición que al momento de emprender el viaje.

El paro comercial se hizo sin una convocatoria previa.  Fue el resultado de una labor de agitación que logró ese mismo día fundir en una sola protesta toda la frustración y desencanto que la política del Gobierno había acumulado en los sectores patronales.  Se decidió como fruto de un insuperable desacuerdo con respecto al lugar de celebración de la próxima manifestación pública de Reafirmación Cristiana”.

Tomás Reyes Cerda, de 39 años, funcionario del Consejo de Estado en el área de la información, al cesar en sus funciones como director de Radio Caribe al ascender Bosch al poder, había quedado como comentarista del programa radial de Unión Cívica Nacional.  Era un periodista muy influyente y combativo.  Corresponsal de la estación newyorkina WRL, compartía esas obligaciones con un puesto de redactor en Prensa Libre, el periódico de Bonilla Aybar.

La redacción del diario funcionaba en un edificio de dos plantas ubicado en la intersección de las calles El Conde y Espaillat, en el corazón de la zona colonial.  En ese inmueble estaban también las oficinas principales de la UCN.  Reyes Cerda, fiero opositor a Bosch, era uno de los miembros fundadores de Acción Dominicana Independiente (ADI).

A comienzos de semana, después del éxito de una concentración de Reafirmación Cristiana en Azua, los directivos de ADI discutían la sede y fecha de la décima y próxima manifestación.  Enrique Alfau propuso Barahona, que era un baluarte del PRD.  La ciudad sureña, con un importante puerto, poseía un ingenio azucarero y minas de sal y yeso.  Por su condición de centro laboral, la oposición conservadora al Gobierno carecía allí de muchos adeptos.

La objeción que Reyes Cerda puso a esa ciudad como sede la décima manifestación cristiana no tenía que ver solamente con ello.  Barahona distaba a unos 204 kilómetros al sur de Santo Domingo.  Esta distancia considerable dificultaba los arreglos técnicos para la transmisión radial del acto.  Onda Musical, con su frecuencia de 49 metros de onda corta, se había comprometido a transmitirlo.  Pero su dueño Ramón Pacheco y Reyes Cerda, abrigaban dudas sobre la efectividad del alcance de la emisora para conseguir una buena y nítida transmisión.  Finalmente se acordó que la difusión se haría por La Voz del Trópico, por donde se transmitían muchos de los programas contrarios al Gobierno, uniéndosele Onda Musical en cadena.

Quedaba todavía, sin embargo, la cuestión de si convenía hacerlo en Barahona.  La opinión de los que se oponían a realizarlo en aquella remota ciudad consistía en el poco impacto que tendría.  Surgió la idea, en oposición, de efectuar un paro de actividades en Santo Domingo, para crear una situación de crisis al Gobierno.  La alternativa le pareció buena a Enrique Alfau quien dio su consentimiento.  Bonilla Aybar no estuvo en principio de acuerdo con el plan.

-Las huelgas no tumban gobiernos- dijo.

-Esta lo tumbará- le respondió Reyes Cerda.

La acción comenzó de inmediato.  Alfau, que tenía excelentes contactos en las altas esferas empresariales y conocía a muchos jefes militares, se asignó el trabajo de moverse en esas áreas.  En esa tarea le ayudaría Horacio Álvarez, uno de los industriales más importantes del país y un conocido opositor de Bosch.  Por su parte, Reyes Cerda, Robinson Ruiz López, dirigente sindical, y Máximo A. Fiallo, antiguo empleado de la Pan American experto en radio, se encargarían de convencer al comercio árabe, chino y español, cuyos integrantes en su mayoría eran contrarios al régimen.

Fiallo, de 51 años, gozaba de gran reputación como técnico de radio, funciones que desempeñara por espacio de veintiún años en la línea aérea norteamericana.  Su padre fue designado cónsul en Nueva Orleans en 1924, a raíz del ascenso de Horacio Vásquez a la Presidencia.  Permaneció en ese cargo hasta que Vásquez rompió sus vínculos políticos con Federico Velásquez. Fiallo, el padre de Máximo, era un velasquista furibundo.  Mientras su progenitor ejercía funciones consulares, Máximo se graduaba con honores de high school en el St. Paul’s College, una de las más famosas instituciones por aquel entonces del estado sureño de Louisiana.  Era polifacético.  Entre muchas otras habilidades, Fiallo se reputaba como un buen piloto de otros tiempos.  Poseía la licencia de aviador civil número dos de la República Dominicana, que adquiriera a comienzos de los años’40.  Durante el Consejo de Estado ocupó las funciones de jefe de comunicaciones del Aeropuerto.  Cuando Bosch ascendió al poder se le canceló por su relación familiar con el doctor Viriato Fiallo, de quien era primo hermano.  Por razones familiares disfrutaba de buenas relaciones con muchos oficiales de los distingos cuerpos armados: era sobrino del general Federico Fiallo, muchos años atrás uno de los principales oficiales de Trujillo.

A pesar de estos antecedentes, Máximo Fiallo prefería permanecer fuera de la política partidaria.  Se oponía fuertemente a Bosch, pero tampoco profesaba muchas simpatías hacia la Unión Cívica, con todo y que su primo hermano, Viriato, era el líder de la organización.

La ADI consultó a varios jefes militares sobre esta decisión y algunos sugirieron extender el paro por cinco o seis días la entidad estaba decidida a llevar a cabo la protesta por una sola jornada.  El hecho de que se hiciera un viernes ayudaba a sus propósitos.  Seguía la pausa del fin de semana y el martes siguiente, 24 de septiembre Día de las Mercedes, era feriado oficial.  La paralización debía ser, pues de un solo día.  Esto resultaba imprescindible a los fines de acreditar la acción como una protesta contra el “avance del comunismo”, no contra el Gobierno.  Finalmente se adoptó la decisión y Alfau distribuyó las responsabilidades.  En su residencia de la calle Estrella Sadhalá casi esquina Benito Monción, tenía lugar la mayoría de estas reuniones. Allí, para los fines prácticos, funcionaba el cuartel general de ADI.

El paro se organizó tan herméticamente, que ninguno de los servicios de seguridad fieles al Gobierno tuvo información anticipada del mismo.  Tampoco se hizo mención siquiera de tal posibilidad en ninguno de los muchos programas de radio afectos al PRD y al Presidente de la República.  Salvador Pittaluga Nivar, el comentarista de televisión que Bosch había utilizado para elaborar el protocolo de los actos de juramentación y que hiciera de moderador en el debate pre-electoral entre Bosch y el sacerdote Láutico García, menospreció la posibilidad de una paralización de las actividades comerciales.  Se habla en algunos círculos de una huelga, dijo en su programa de televisión el jueves 19 en la noche.  “Son rumores.  No hay motivos de alarma”.

Los directivos de la ADI que esa noche veían el programa de Pittaluga para enterarse de las novedades oficiales, saltaron de gozo.

-¡Se fastidiaron, porque la huelga va mañana!- dijo Alfau.

Reyes Cerda tenía hecho los contactos para dar inicio a las primeras horas del día siguiente al paro de actividades del comercio.  Con el propietario de La Voz del Trópico,  Joaquín Custals, hizo arreglos para utilizar esa emisora como un canal de expresión para dirigir la protesta.

-Conmigo no cuenten…- le había dicho Custals-, pero si ustedes toman la emisora, no me opondré.

Aún quedaba un detalle por superar.  Custals tenía como director de la estación a Pedro Justiniano Polanco, simpatizante de Bosch.  Si él le avisaba acerca de la transmisión, con toda seguridad Justiniano se opondría y tal vez, incluso avisaría a las autoridades.  La única posibilidad abierta era la fuerza.  Custals dio la solución:

-Si ustedes toman la emisora, yo no tengo que ver con eso.

Cuando en horas de la madrugada del viernes 20 de septiembre, Máximo Fiallo y Reyes Cerda fueron en busca del técnico que se encargaría de hacer las conexiones para posibilitar la transmisión y la entrada en cadena de otras emisoras, no lo encontraron en el sitio acordado en el barrio de Ciudad Nueva.  Decidieron entonces ir solos a La Voz del Trópico, situada a poca distancia de la entrada posterior del Palacio Nacional, en el sector de San Carlos, en pleno centro de la ciudad.  Allí se les unió Robinson Ruiz López.

Penetraron a la estación alrededor de las cinco de la mañana, hora justa en que empezaba la transmisión del día.  Hubo otro inconveniente.  En lugar del joven locutor y técnico con el que se habían puesto de acuerdo, estaba Ercilio Veloz Burgos, con el cual aquel había cambiado de turno.  Cuando les dijeron qué se proponían, Veloz Burgos les respondió con una negativa:

-Yo no tengo instrucciones para eso.

Fiallo extrajo una pistola de su maletín y le apuntó con resolución:

-¡Estas son las instrucciones.  Tú te quedas ahí y no jodas!

Veloz Burgos estaba muy confundido.  Reyes Cerda trató de calmarlo en beneficio del plan:

-Tú sólo tienes que abrir y cerrar el micrófono cuando yo te diga.  No te pasará nada, Ercilio.

Permanecieron allí por espacio de dos horas difundiendo consignas contra el comunismo y llamando a huelga del comercio.  Como estaba planificado no difundieron una sola consigna contra el Gobierno.  Cuando tenían más de una hora en esa tarea, Reyes Cerda comenzó a sentirse afectado de ronquera.  En el momento en que ya no podía seguir hablando, se presentó al estudio Pablo Garrido, un joven locutor desafecto a Bosch, quien tomó el micrófono en su lugar.

 

Reyes Cerda me dijo, al entrevistarlo, que en el momento en que comenzó a fallarle la voz pidió a Robinson Ruiz López que le sustituyera en el micrófono.  El sindicalista se negó.

-Tú eres parte de esta operación.  Te estás metiendo en miedo- le dijo, sin lograr su propósito de que él también hablara por la radio.

 

La policía no se presentó en la emisora hasta aproximadamente las ocho de la mañana, más de dos horas después de que Fiallo y Reyes Cerda la tomaran por la fuerza.  Pero antes de que los agentes llegaran, les llamó Poncio Pou Saleta, amigo de Antonio Imbert, para informarle que las autoridades habían silenciado la emisora, cortando el suministro de energía eléctrica en la torre de transmisión.  Si querían continuar en su labor, podían ir a la emisora de su propiedad, Radio Pueblo.

Pou era un sobreviviente de la expedición que en 1959 trató de derrocar a Trujillo.  Gozaba de mucho prestigio en los medios opositores al Gobierno.  Su emisora de radio funcionaba en la zona intramuros, en el barrio San Miguel, de la ciudad colonial, hacia donde de inmediato se dirigieron Fiallo y Reyes Cerda, ahora acompañados del joven Pablo Garrido.  Allí les detuvo la policía poco después, poniendo fin a la transmisión.  Un aviso previo les puso en alerta sobre la llegada de los agentes.  Pero sólo Fiallo consiguió escapar, bajando del segundo piso por el patio de una casa contigua.

Sin embargo, para todos los efectos, la labor de estos tres hombres estaba hecha.  Al día siguiente la prensa matutina resaltaría el éxito del paro contra “el comunismo”.  El Listín Diario, un antiguo periódico que había reaparecido el primero de agosto después de varias décadas de ausencia por problemas con el régimen de Trujillo, informó que la paralización tuvo éxito en un 95 por ciento del comercio del Santo Domingo.

Reyes Cerda y Garrido fueron conducidos ante la presencia del jefe de la Policía.  El general Peguero Guerrero les dijo:

-Ustedes están presos por órdenes de Bosch-, pero los despachó esa misma noche.

 

En momentos en que Reyes Cerda, Garrido y Fiallo llamaban a la huelga, Enrique Alfau, de 66 años, se detuvo frente a la casa de su hijo, Enrique Miguel Alfau (Cuqui), ingeniero de 37 años, y le silbó una contraseña.  Cuqui estaba bañándose.  Se cambió rápidamente de ropas y acudió al encuentro con su padre.  Alfau quería que le acompañara a una misión.

Cuqui compartía los sentimientos anti-bochista de su padre.  Era un hombre de principios que actuaba conforme a sus creencias.  Como no compartía la política de Bosch, renunció sin otros motivos, a un cargo importante en el Ministerio de Obras Públicas.  Ahora se ocupaba de una ampliación del departamento de Ingeniería del Central Romana, la empresa azucarera norteamericana a la que Bosch había acusado antes de querer derrocar al Gobierno, en represalia por la promulgación de una ley de precio tope del azúcar.

Alfau le pidió a su hijo que tomara la precaución de ir armado.  Cuqui tomó entonces una escopeta calibre 16 de cinco tiros y un revolver 38 con dos cajas de balas.  Sólo disponía de permiso legal para el porte de la escopeta.  Alfau lo condujo a su casa, donde ya había mucha gente esperándole con impaciencia.  Encima de un sofá Cuqui pudo observar varias armas y cajas de tiros sobre una mesa.  En la excitación, pudo reconocer a varios dirigentes y simpatizantes de ADI, entre ellos a Julio Sauri, Papito Dalmau, Horacio Álvarez Saviñón y su hijo Horacio.

Poco después de las diez de la mañana, se presentó Máximo Fiallo a la casa.  Venía de acabar la transmisión en La Voz del Trópico primero y Radio Pueblodespués.  Fiallo instaló un pequeño transmisor portátil y todo quedó preparado para una nueva transmisión, esta vez en frecuencia de radio aficionado.  Fiallo hizo la primera alocución de prueba y le siguió Alfau, a quien se le ocurrió la idea de lanzar consignas falsas: “Atención grupo uno, esperen instrucciones”.

Al rato de haber iniciado la transmisión, son advertidos mediante una llamada telefónica de que la residencia sería allanada.  Los directivos del ADI habían podido observar momentos antes a un vehículo celular de la policía, matrícula 1215, dando vueltas por los alrededores.  El llamado de aviso, dispersa el grupo.  Cuqui Alfau logra huir dejando la escopeta que tenía permiso legal en la casa.  Dentro de su maletín portaba el revólver calibre 38, que lleva a la residencia de Dalmau.

Entre tanto, la policía detenía a don Enrique Alfau.  Cuando los directivos de ADI llegan a la jefatura del cuerpo para reclamar su libertad. Se estaban allí preparando para llevarle ante el Fiscal Ramón Morel Cerda, quien más tarde ese día la acusa de portar una escopeta ilegalmente.  Cuqui extrae de sus bolsillos el permiso legal del arma y el fiscal no tiene más remedio que ordenar su puesta en libertad.  Enrique Alfau sería nuevamente detenido al día siguiente, sábado  de septiembre, por sospechas de actividades conspirativas.  Una fianza esa misma tarde logra ponerle otra vez en libertad, por segunda ocasión en dos días.

Después que allanaron la residencia de Alfau el viernes 20, Fiallo instaló su transmisor portátil en su automóvil, utilizando otra banda de aficionados.  Lo puso a funcionar cambiando cada cinco o diez minutos de lugar, moviéndose por toda la ciudad, colocando una antena y cambiando de posición con frecuencia, para evitar una localización de sus coordenadas.  En la calle Pasteur, en el sector residencial de Gazcue, sube al techo de una casa deshabitada, para continuar desde allí la transmisión.  De pronto resbaló cayendo encima de un gallinero.

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Ese día Bosch no fue temprano, como de costumbre, a su despacho del Palacio Nacional.  Se quedó en la casa analizando la situación con algunos de sus ministros y colaboradores más cercanos.

Cuando la paralización comenzó a tener éxito y las exhortaciones radiales se hallaban en su punto más alto, Washington de Peña fe en busca de José Francisco Peña Gómez, secretario general del PRD, para dirigirse juntos a casa de Bosch.  De Peña, había ocupado la secretaría general del partido hasta marzo, cuando serios desacuerdos con Bosch provocaron su renuncia.  El Presidente le había comunicado su decisión de convertir los locales del PRD en escuelas y bibliotecas.  Él le dijo entonces que lo declararía en actividad permanente para reclamarle al Gobierno cargos para sus dirigentes y militantes.  Bosch le retó a hacerlo  del conflicto Peña Gómez pasó a reemplazarle en la secretaría general.  Sus relaciones con Bosch empeoraron, a pesar de los estrechos vínculos que unían a su madre, Esperanza de Peña, con el mandatario.  Debido a la intervención de la dama, Bosch aceptó reunirse de nuevo con De Peña a quien ofreció enviarle como embajador viajero en misión por África.  Informado por Peña Gómez de los problemas políticos del Gobierno, regresó a comienzos de septiembre, sin haber cumplido la misión que se le había encomendado por países africanos, ninguno de los cuales llegó a visitar.  De Peña era médico de profesión y estaba reconsiderando seriamente en esos días echar a un lado la política y dedicarse de nuevo al ejercicio de la medicina.

Washington de Peña y Peña Gómez encontraron a Bosch reunido con los secretarios Jaar, de la Presidencia y Majluta, de Finanzas, cuando los dos dirigentes del PRD llegaron a su residencia.  Fabio Herrera, viceministro de la Presidencia, esperaba en la sala instrucciones del Presidente.  El coronel Calderón estaba ocupado en otros asuntos de la seguridad.

La ausencia en este momento crucial de Ángel Miolán, quien poseía el verdadero control de la maquinaria partidaria, era una muestra elocuente del distanciamiento. Miolán había dejado de visitar hacía tiempo la casa de Bosch  tampoco iba al Palacio Nacional.  El ambiente en la casa presidencial era tenso.  Reinaba una atmósfera agobiante, acentuada por el creciente nerviosismo que parecía dominar a los que allí discutían la suerte del Gobierno.

Washington de Peña casi le grita a Bosch que debe tomar una decisión ahí mismo y permitir que él y Peña Gómez acudieran a la radiotelevisora oficial a combatir, con los mismos medios, los intentos de subversión contra el Gobierno.  Majluta está de acuerdo y dice que deben poner en su sitio a la gente que conspira.

-¡Esto (el paro del comercio y la agitación radial) es un crimen contra la República!- dice Washington de Peña sin poder casi controlarse.

Después de una acalorada y larga discusión, parecen llegar a un acuerdo.  Majluta toma un pedazo de papel en blanco y escribe una extensa lista de nombres en él y lo pasa a sus compañeros De Peña y Peña Gómez.  Bosch llama a Julio César Martínez, director de la radiotelevisora estatal y le instruye para que se habilite una cabina de transmisión a los dos dirigentes del PRD.

-¡Hay que defender al Gobierno constitucional!- le dice.

Con la lista de unos 60 comerciantes extranjeros, en su mayoría árabes y españoles que Majluta, ministro de Finanzas, había escrito de memoria, Washington de Peña y el secretario general del PRD salieron rápidamente en el automóvil del primero en dirección a la emisora con la idea “de ponerse cada uno al frente de un micrófono y empezar a defender al Gobierno y a atacar a sus enemigos”.

Martínez les vio entrar, fue a su encuentro y sin un previo saludo, les dijo a ambos:

-¡Qué pendejos están ustedes! ¿Cómo pudieron llegar a pensar que Juan Bosch iba a entrar en una cosa como esa?- y agregó que el Presidente le había llamado de nuevo para echar hacia atrás la orden.

Desilusionados, los dos dirigentes del PRD regresan a casa de Bosch a toda prisa.  Pero esta vez no pueden verlo.  Se les diría que el Presidente estaba muy ocupado atendiendo otros asuntos.

 

Cotejando todas las entrevistas realizadas a personas que fueron se día testigos de este incidente, pude determinar que mientras los dos dirigentes se trasladaban a toda velocidad a la estación de radio y televisión, el viceministro Herrera convenció a Bosch de que el plan era “una locura” y que a la postre resultaría “contraproducente” para el Gobierno. Majluta elaboró la lista sentado a la mesa del comedor, teniendo a Bosch a su lado.  El plan era denunciar la participación de esos comerciantes extranjeros en la “conspiración que estaba en marcha” para justificar su inmediata deportación.  El grupo sería sacado del país en un avión militar.

Herrera me dijo que días después de consumado el golpe del 25 de septiembre, un alto jefe militar le comentó que él, con su actitud, había alargado varios días la vida del Gobierno.  La deportación, quiso decirle, hubiera precipitado el derrocamiento del Presidente.

Los matutinos del domingo 22 de septiembre, se hicieron eco de versiones de que existía la posibilidad de una deportación masiva de comerciantes extranjeros. “Los rumores de una posible deportación de comerciantes extranjeros que se solidarizaron con el cierre, no pudieron ser confirmados”, conjeturó El Caribe.  “Se señaló que esa medida fue solicitada al Gobierno por las organizaciones de izquierda contra quienes, aparentemente, se había originado la protesta huelguística”.

 

De todas maneras, el Gobierno reaccionó con energía al paro del comercio.  Utilizando varios recursos obtuvo el cierre de emisoras que habían estado formulando exhortaciones al paro de actividades comerciales.  A varias de ellas se les cortó el suministro de energía eléctrica. La compañía estatal de electricidad aprovechó el hecho de que algunas de las afectadas estaban atrasadas en el pago del servicio.

Los periódicos y las estaciones de radio se llenaron pronto de comunicados y declaraciones de apoyo al paro, por un lado, y de repudio al cierre, por el otro.  El PRD, el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) y el Catorce de Junio denunciaron la paralización como un intento de derrocar al régimen constitucional.  Las Fuerzas Armadas emitieron una declaración enérgica de respaldo irrestricto al Presidente y al orden constitucional.  En una nota de primera página de la edición del domingo 22, El Caribe resaltaba que este apoyo militar, a juicio de “observadores”, constituía una clara señal de que el movimiento no estaba “vinculado con un golpe de estado”.  

Organizaciones de izquierda salieron en defensa del régimen, calificando, sin embargo, el cierre de actividades del viernes 20 como parte de un plan subversivo, pidiendo sanciones severas contra los responsables.  El Catorce de Junio aseguraba que los comerciantes que cerraron sus negocios atendiendo a las incitaciones radiales habían violado la Constitución, por lo cual se hacían pasibles de acciones legales.  Por su parte, el denominado Comité Cívico Anti-comunista, responsable de la huelga, explicó que su objetivo no era derrocar al Gobierno, sino llevar a cabo una protesta contra la creciente infiltración comunista en la República Dominicana.  “El Gobierno ha dado en esta ocasión pruebas manifiestas de que sólo es activo para acallar la voz de la fe y de las tradiciones espirituales del pueblo dominicano”, alegaba en un comunicado de prensa.

El Gobierno se resintió por los efectos, en tales circunstancias, de un artículo del ex presidente Balaguer, publicado en los periódicos de ese día, titulado “Las tres comidas calientes”.  Tratábase de una crítica a la política económica que tocaba uno de los nervios más sensibles de la crisis.  Balaguer consideraba la situación del país más difícil cada día y decía que la ayuda recibida en el país en los dos últimos años no guardaba proporción con las calamidades existentes.  Censuraba los proyectos de leyes de confiscación y de plusvalía y afirmaba que el Gobierno debía cambiar de orientación.  El imperativo consistía  en “no hacer justicia social para repartir rencor, sino hacer justicia social para difundir y para propagar riquezas”.

Este artículo había sido escrito por Balaguer, desde su exilio en Nueva York, días antes del paro de actividades del comercio y sin contar, probablemente, con informaciones previas del mismo.  Su propósito podía ser otro, pero la coincidencia de su publicación con el cierre de negocios encolerizó al Gobierno que denunció, por distintas vías, una presunta vinculación entre las fuerzas trujillistas que aquel representaba y los grupos de la extrema derecha que habían incitado a la subversión del orden. (Bosch haría luego mención de este artículo de Balaguer en su libro Crisis de la Democracia.)

 

Parecía que todo se le venía encima al Gobierno, puesto que los trabajadores de la Azucarera Haina, el ingenio más grande del país, se proponía realizar una huelga el lunes siguiente, 23 de septiembre.  Si esta huelga se daba, la posibilidad de que el comercio cerrara nuevamente sus puertas resultaba un hecho.  En el fin de semana, todos los esfuerzos se concentraron en evitar que esta protesta laboral se diera.

El sábado, sin embargo, un comunicado, de los muchos publicados ese día en apoyo y repudio del paro del comercio, preocupó grandemente a las altas esferas palaciegas.  La Asociación de Industrias, si bien negaba en el documento haber tenido participación en la preparación del paro patronal –así lo llamaba-, anunciaba que la cooperación de los industriales al éxito del mismo se debía a su exclusiva voluntad “como un desesperado repudio a la creciente infiltración comunista en el país”.  Esa infiltración, decía, que “el Gobierno se obstina en ignorar”.

La asociación de industriales no hacía mención alguna de la toma violenta de emisoras de radio para difundir proclamas a favor del paro.  En cambio, señalaba: “Al repudiar y condenar, en forma responsable, los insultantes, soeces y difamatorios pronunciamientos realizados por Radio Santo Domingo (la emisora estatal), contra los industriales y comerciantes que intervinieron en el paro, esta Asociación ha visto además con profunda indignación que dicha radio oficial haya también transmitido la alocución de un conocido líder comunista, el cual, con notoria indiferencia gubernamental, ya venido pronunciando una serie de conferencias de adoctrinamiento marxista-leninista, dictadas, la mayor parte de ellas, en los locales de las gobernaciones y ayuntamientos”.  Ese líder comunista era Manolo Tavárez, del Catorce de Junio.

El comunicado, más que un respaldo al cierre de comercio del día anterior, constituía una abierta declaración de rompimiento de todo vínculo con el Gobierno.  Bosch debía saber que no podría esperar en lo adelante apoyo de este importante sector en la eventualidad de otra crisis política.  Sin duda, el país marchaba directo hacia una definición.  Pero el Gobierno no tenía razones para pensar que un desenlace estuviera próximo.  De todas formas, aún en medio de la situación crítica por la que atravesaba, el apoyo firme de los mandos militares era un fuerte sostén en donde apoyarse.  Eso creía Bosch.

 

La nación parecía muy dividida.  Mientras el Catorce de Junio llamaba a una defensa de la constitucionalidad e instaba al Gobierno a adoptar “medidas enérgicas contra los que están violando nuestras leyes y atentando contra la seguridad y la paz pública” y de paso le pedía abandonar su política de “tolerancia con los enemigos del pueblo”, los diarios publicaban editoriales condenando el cierre de estaciones de radio y televisión.

Un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas Profesionales uniéndose a esas protestas, consternó las esferas oficiales.  El documento, suscrito por Carlos Curiel, Pedro Fernández Peix, Luis Miura Baralt, Miguel Ángel Velázquez Mainardi y Rafael Molina Morillo, demandaba la rectificación de la medida contra la prensa, advirtiendo que de prolongarse la situación, el Gobierno se pondría “al margen de la democracia y la constitucionalidad”.  En particular este documento resaltaba la profundidad de los problemas que encaraba el Gobierno porque entre los firmantes figuraban gente que en lo habitual simpatizaba con Bosch y estaba de acuerdo con la política de éste.

Bosch, que apenas finalizaba su séptimo mes en el poder, se hallaba virtualmente arrinconado.  Una nueva crisis político-militar con Haití sellaría su suerte.