Es una vergüenza, denigrante y desilusionadora, que sea una justicia extranjera, la de Estados Unidos y no la nuestra, la que investigue y se interese por escandalosos casos de corrupción que corroen nuestro sistema político y empañan el crédito moral de la nación en el exterior. Me refiero, entre otros, a los expedientes sobre el contrato de los rayos X en los puertos dominicanos, la compra de los aviones tucanos y las denuncias de uso de dinero del narcotráfico en la campaña electoral del expresidente Leonel Fernández. Y es más doloroso aún que el velo de impunidad que los protege haya mermado a tal punto la confianza nacional en la eficacia de los tribunales para encausar esos hechos en los que muy pocos dominicanos tienen fe en que esos expedientes sean siquiera conocidos.
En España, la hija del rey Juan Carlos y hermana del actual soberano, fue investigada y asociada en una historia de corrupción que envuelve unos seis millones de dólares por tráfico de influencia durante un periodo de cuatro años, como se dice una “chilata” en comparación con lo que aquí se ventila en el expediente contra el senador Félix Bautista, presentado por el Ministerio Público, y cuya suerte está en veremos. En Brasil casi 50 políticos, legisladores, incluyendo los presidentes de ambas cámaras, han sido acusados por la Fiscalía por un caso de corrupción que afecta al gigante estatal petrolero, a despecho del impacto en la estabilidad del Gobierno, porque la justicia allí es independiente y vela por el cumplimiento de las leyes. Igual ocurre en otras naciones democráticas donde la separación de poderes es una realidad.
Pero la “vergüenza” que supone el que sea la justicia estadounidense la que se ocupe de esos escándalos nacionales, podría ser, por fortuna, la única posibilidad de que esa atención llegue tan lejos que no haya más pretextos ni manera alguna de que esos deshonrosos expedientes de corrupción queden impunes. l
