El debate alrededor del tema del aborto ha sido infectado por los prejuicios morales y religiosos, dificultando una sana discusión que permita alcanzar un acuerdo sobre un tema que despierta tantas pasiones y fanatismo. Lo cierto es que la veda contra toda forma de interrupción del embarazo desprotege a la mujer del abuso y las violaciones. Este fenómeno social, cada día más alarmante, constituye uno de los factores de discriminación de género más denigrante en la sociedad dominicana.
Atrapados en los argumentos éticos y religiosos de un problema de innegable carácter médico-social, el Congreso y las organizaciones opuestas a la despenalización por causas más que justificadas, pierden de vista que el delito de violación e incesto quedan así marginados de la discusión. Tampoco toman en cuenta, las consecuencias síquicas del drama humano de obligar a una mujer o a una menor a tener un hijo indeseado, que en los casos de embarazos médicamente mal tratados pueden llevar a la muerte de la madre e incluso de la criatura. No se trata de discutir si se permite el aborto bajo toda circunstancia. No es lo que está en el tapete. Lo que ha observado el presidente Danilo Medina es un Código Penal que desconoce el derecho a interrumpir el embarazo, cuando está en peligro la vida de la madre, hay malformación fetal o es el producto de violación o incesto.
Se trata básicamente de un serio problema de salud e higiene pública, cuya solución topa muchas veces con las objeciones provenientes de prejuicios religiosos, tan absurdos como la oposición al uso de preservativos y otros métodos científicos que nubla el camino a una objetiva discusión. Mientras no se vean las traumáticas derivaciones sociales de la absurda penalización observada, nos veremos forzados a cargar como sociedad con un asunto tan desgarrador de ver a niñas obligadas a alumbrar el fruto de un crimen terrible.
