A pesar de las críticas de una parte de la comunidad internacional y las presiones internas contra la política migratoria dominicana, el país puede apreciarse del trato a los inmigrantes extranjeros, muy diferente al existente en muchas de las naciones que en la actualidad nos presionan por esa causa. El gobierno del presidente Danilo Medina las ha encarado con mesura e inteligencia. Ha desplegado una intensa campaña en el exterior para reivindicar los planes de naturalización y regularización de los nacionales extranjeros en situación de irregularidad, con el propósito de dar a conocer sus alcances y valores, evitando así el camino incierto de la confrontación.
Las cifras sobre la inmigración ilegal haitiana no son precisas. Pero cualquiera que esta sea, es evidente su fuerte impacto en la economía. Dada su magnitud, trasciende desde hace tiempo la capacidad nacional para encararla, con efectos muy negativos en el salario y los servicios públicos, especialmente en el área de la salud. Las autoridades haitianas son renuentes a reconocer el efecto estabilizador que la masiva presencia de sus ciudadanos en este lado de la frontera, tiene para ellos, llegando algunos de sus líderes a acusar públicamente a la nación dominicana de atropellar a su gente, lo cual ha hecho muy difícil la reanudación del diálogo bilateral.
Tanto a nivel público como privado se han realizado esfuerzos para mejorar el ambiente entre las dos naciones, aunque no se observa una actitud colaboradora del gobierno haitiano que permita avanzar en la dirección correcta. Llamar torturadores a un vecino que ha acogido por años a cientos de miles de sus ciudadanos que han encontrado aquí cuanto su país no ha sido capaz de brindarles, no me parece justo con la realidad ni un gesto que mejore el clima hacia una armoniosa relación entre dos naciones obligadas a vivir en paz y en un ambiente de colaboración.
