Con la observación del Código Penal que penaliza toda interrupción del embarazo, el presidente Danilo Medina ha actuado coherentemente llamando la atención del Congreso sobre un tema muy sensible de salud pública. La República Dominicana es uno de los cinco países de Latinoamérica en la que el aborto está prohibido de forma absoluta, sin importar las causas del embarazo. Los otros son El Salvador, Honduras, Nicaragua y Chile.
Alrededor del 66% de las embarazadas por violación en Chile, por ejemplo, son menores de edad y muchas de ellas mueren antes y durante el alumbramiento. En un elevado número de casos, según estadísticas, también fallece la criatura. El fenómeno es más grave en los núcleos de bajos ingresos, donde las violaciones son más frecuentes y el cuidado y alimentación de las víctimas de violación las pone en peligro de muerte. En los países en que se prohíbe el aborto el 90% de las violaciones a menores provienen de familiares o conocidos. En agosto, el caso de una niña de 11 años embarazada por su padrastro escandalizó a los chilenos y revivió el debate sobre una ley, congelada en el Congreso, que despenalizaría el aborto bajo tres causales, precisamente las que han motivado por segunda vez la observación del Código Penal por el presidente Medina.
En Chile, con un nivel de educación por encima del promedio en la región, se dan alrededor de 70,000 abortos clandestinos, a causa de la prohibición. La mortandad es elevadísima. La prohibición es un típico caso de hipocresía. Se sabe de muchos casos de gente muy opuesta a la despenalización que se han visto obligadas a enviar a parientes embarazadas por familiares o extraños enfermos de VIH a abortar en el extranjero.
El presidente Medina ha procedido con un genuino sentido de estado. Su decisión debe dar paso a una discusión despojada de todo prejuicio moral y religioso que garantice el derecho a la elección en un tema de derechos humanos.
