No entiendo las razones por las que algunas personas se extrañan de que diversas organizaciones sociales del país estén llamando a una marcha ciudadana contra la impunidad para el próximo 22 de enero. En primer lugar, este es un derecho que les compete a los ciudadanos en una sociedad democrática y por otro lado, hay mucho escepticismo y una gran frustración frente a las instituciones judiciales y al poder político y su voluntad real de investigar y condenar los casos de corrupción. La impunidad ha predominado a lo largo de nuestra historia política, por lo tanto, es una buena noticia que la ciudadanía se disponga a rechazarla a través de un acto público.
Como se ha dicho en múltiples ocasiones, para que haya corrupción se necesita no solo de un corruptor y un corrupto, sino además de una ciudadanía indiferente. El alto costo de la corrupción es financiado por cada dominicano y dominicana, mediante dos vías: a través de los impuestos que paga al Estado y por la baja calidad de los servicios públicos que recibe. Por lo tanto, este no es un problema ajeno a la cotidianidad de la gente. Es necesario que crezca cada vez más el reclamo social por un Estado caracterizado por la rendición de cuentas, la transparencia y por su capacidad para investigar y sancionar la corrupción.
La demanda ciudadana y el compromiso de la clase política debe ser el del fortalecimiento de las instituciones dominicanas, tanto las de fiscalización y control, como las judiciales. El escándalo internacional de los sobornos de Odebrecht debe ser una oportunidad para ello. Nueva vez la República Dominicana se ve ante un caso emblemático de corrupción, ante el cual no tiene otra opción que hacerle frente. No debe pasar como con otros casos, en los que se optó por la protección de individuos particulares, sin importar el costo de esta acción para las instituciones y el sistema político del país.
Se espera que avancen las investigaciones de la Procuraduría General de la República, que la comisión de investigación de las plantas de Punta Catalina haga su trabajo, que los órganos de control auditen y que la ciudadanía y los medios de comunicación sigan vigilantes. Por el bien del país, la que se lleva a cabo no puede ser una investigación a medias y la aplicación de justicia no puede ser selectiva. Que cese la impunidad debe ser un reclamo de toda la sociedad y por lo tanto, no se puede dejar pasar la ocasión para que al fin este anhelo comience a hacerse realidad.
