Nos jactamos en decir que la República Dominicana es una democracia representativa funcional, pero la realidad demuestra desafortunadamente todo lo contrario. En cualquier nación donde realmente funcione un sistema democrático, tiene que existir claramente la separación de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
El bochornoso espectáculo que exhibió el Senado de la República la pasada semana, al aprobar de urgencia, sin ningún tipo de análisis ni discusión, la más importante pieza legislativa, es decir, la Ley de Gasto Público del 2012, es una muestra elocuente de que las instituciones básicas de una democracia no se respetan en este país.
Y da pena que hayan sido los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, herencia política del profesor Bosch, quienes hayan cometido tan bochornoso atropello.
En efecto, el pasado miércoles, los senadores aprobaron el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de la Nación para el año 2012, tal y como lo envió el presidente de la República, en una sesión de urgencia donde ningún senador, supuestos representantes de los intereses de sus respectivas provincias, tuviese la oportunidad ni la osadía de cuestionar en lo más mínimo la forma en que el Gobierno gastará los cientos de miles de millones de pesos que aportarán los contribuyentes el próximo año.
En esta ocasión ni siquiera se tuvo la delicadeza de guardar las apariencias. Da la impresión de que se trató de demostrar la fuerza que tiene el pequeño grupo que dirige el partido oficial, a quienes parece que no les importa la crítica que de seguro sabían haría la población a tan grosero atropello.
Ni siquiera se les dio oportunidad a los cientos de miles de personas que votaron por dicho partido, para poder expresarse y hacer llegar sus sugerencias y necesidades ciudadanas, como debe ser y lo es en cualquier democracia funcional.
Es como decir: somos los jefes de este país y no importa lo que digan los demás. La realidad es que los dirigentes del partido oficial no quieren que el pueblo les reitere que se debe cumplir con el 4% a la educación previsto en las leyes de la República. Tampoco quieren que se cuestione la forma en que gastan el dinero del pueblo.
De igual manera no quieren que se les cuestione sus prioridades de inversión ni el excesivo endeudamiento en que están incurriendo.
Consideramos que aquellos altos dirigentes de ese partido político que afortunadamente todavía mantienen los principios del profesor Bosch, deben llamar a reflexión a sus colegas para que cese el irrespeto a este pueblo y se someta el gasto del Gobierno al escrutinio de la opinión pública y de los diferentes intereses que componen la sociedad dominicana.
El autor es economista
