San Francisco de Macorís.- La Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste (UCENOR) denunció que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha iniciado la notificación de multas millonarias en la región por alegadas violaciones al Código Tributario sobre el manejo de las facturas emitidas al consumidor. Ante esa situación, llamó a sus afiliados a resistir la disposición del organismo del Estado y a que no acudan a pagar.
Nicolás Hidalgo, presidente de UCENOR, al hablar en rueda de prensa, dijo que el pasado 21 de mayo, en una asamblea realizada en la ciudad de San Francisco de Macorís, la entidad acordó el rechazo de las notificaciones de la DGII y el no pago de cualquier multa que por el motivo indicado, imponga el organismo recaudador.
“Hacemos un llamado a los hermanos comerciante, a que si son notificados por la DGII, no acudan a pagar la multa y que busquen de asesoría legal”, expresó Nicolás Almánzar.
Indicó que, en caso de que sea cerrado su negocio por la falta de pago de la multa aplicada, antes de ser asesorado por su representante legal, deben dirigirse a UCENOR, donde le brindarán la orientación necesaria.
Mediante el decreto 457-08, de fecha 2 de septiembre de 2008, el Dr. Leonel Fernández dispuso la instalación de Impresoras Fiscales para mejorar la recaudación Fiscal ITEBIS, encontrando la oposición de medianos y pequeños empresarios y comerciantes, que ha impedido la aplicación generalizada de la medida fiscalizadora.
El proyecto de instalar impresoras fiscales empezó como plan piloto en el año 2008 en las grandes cadenas de tiendas. Desde 2009 hasta el 2014, se instalaron 5,820 soluciones fiscales, correspondiente a solo 915 contribuyentes, en su mayoría ubicados en Santo Domingo y Santiago, en tanto que durante 2015, se contempla la instalación en todo el territorio nacional de otras 3,000.
Desde el año 2013, la Federación Dominicana de Comerciantes se ha opuesto activamente a las impresoras fiscales en distintas regiones del país, rechazo que ha incluido el cierre del comercio por 24 horas dispuesto por asociaciones en San Francisco de Macorís, Baní, Mao y otras localidades, y que obligó a la DGII a aplazar la instalación de los dispositivos.
El sector comercio ha alegado que el costo de las registradoras fiscales, entre $30 y $75 mil pesos, que implica además comprar una computadora, un programa e inversor, que ascienden a más de $150 mil pesos, más el mantenimiento, es inalcanzable para un pequeño y mediano comerciante, un salón de belleza, una tienda de celulares, una relojería o un colmado.
Almánzar fue enfático al advertir, que si la DGII procede a cerrar algún local comercial o empresa, porque no haya instalado impresoras fiscales, la Unión de Comerciantes del Noreste (UCENOR), obedeciendo a acuerdos con la FDC, hará un llamado a todo el comercio en general de la ciudad de San Francisco de Macorís a cerrar sus puertas, en solidaridad con los afectados, hasta que se resuelva la situación.
