La primera Sala Penal del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó ayer al Gobierno abstenerse de cobrar el impuesto a las compras por Internet hasta tanto se conozca el amparo preventivo.Con esa decisión el tribunal, presidido por el magistrado Federico Fernández e integrado por Rafael Ciprián e Ingrid Hernández, acoge una medida precautoria solicitada por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Asociación Dominicana de Empresas de Courrier (Asodec), la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Cámara Americana de Comercio Electrónico.
El fallo tendrá vigencia hasta que el tribunal conozca el amparo preventivo en contra de la decisión del director general de Aduanas (DGA), Fernando Fernández, quien anunció la entrada en vigencia, a partir de mañana, de un gravamen a las compras por Internet menores a los US$200.
En uno de sus considerandos, el TSA establece que las medidas precautorias son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es el controvertido en ese mismo proceso.
Aclara, además, que las mismas atañen a la función precautelar del juez.
Unos saludan y otros critican
De inmediato, los abogados que incoaron los tres amparos, los cuales fueron fusionados por el tribunal, saludaron la decisión de los magistrados.
Trajano Vidal Potentini, presidente de FJT, calificó de saludable la medida cautelar, por entender que preserva el objeto del amparo preventivo.
Mientras que la defensa, encabezada por Luis Miguel Pereira, dijo que el dictamen violenta la tutela judicial de Fernando Fernández, ya que la DGA no fue llamada al tribunal para verificar si existía peligro en la demanda o si no se afectaban intereses generales.
Reenvían para mañana conocimiento de amparo
Asimismo, el TSA reenvió para mañana a las 9:00 a.m., el conocimiento del amparo incoado para preservar los derechos de las partes. Los magistrados prorrogaron la audiencia a solicitud de los abogados que incoaron el amparo, alegando que no fueron notificados de que el Ministerio de Hacienda y el Senado acudieron a la audiencia como intervinientes voluntarios.
