“En la República Dominicana, los sectores más influyentes
y los líderes políticos que habían conquistado prestigio
luchando contra la tiranía conspiraron en la forma más
vulgar para derrocar el sistema democrático: trabajaron
concienzudamente en los cuarteles para llevar a los
soldados a dar el golpe del 25 de septiembre de 1963.
Los soldados se dejaron conducir a esa triste hazaña,
¿pero qué había de pedírsele a ninguno de ellos si los
doctores, los abogados y los sacerdotes eran
incapaces de frenar sus pasiones? ”.
JUAN BOSCH
“Crisis de la Democracia de la América Latina
en la República Dominicana”.
La noticia del derrocamiento del Presidente Bosch fue ofrecida al pueblo mediante un comunicado suscrito por el ministro de las Fuerzas Armadas y los principales mandos militares del país. Apenas tres días antes, frente a la delicada situación creada por el cierre de comercios, esos mismos mandos habían jurado respetar al Gobierno constitucional y defenderlo.
La noticia difundida minutos después de las siete de la mañana por Radio Santo Domingo, la planta oficial del Estado, y una cadena de emisoras, dejó atónita a la población. Miles no llegarían a enterarse hasta muy entrada la mañana en sus centros de trabajo. Luego del feriado religioso de la víspera, ajeno a los acontecimientos sucedidos a tropel en las horas anteriores en el Palacio Nacional, los empleados y trabajadores salieron temprano de sus hogares para cumplir con sus obligaciones habituales. Aunque no hubo declaración de jornada no laborable, las oficinas públicas redujeron rápidamente sus actividades.
Los ministros y directores de muchas de ellas estaban presos en el Palacio Nacional o en el cuartel general de la Policía, como fruto de las redadas intensas realizadas por toda la ciudad desde la madrugada. Los más afortunados se refugiaban en embajadas o se escondían en casas de familiares y amigos, con los agentes siguiéndoles los pasos como sabuesos.
La causa de que transcurrieran unas cinco horas entre el golpe y la divulgación del comunicado anunciando el fin del Gobierno de Bosch, se debía no sólo a la hora, muy temprana en la madrugada del miércoles 25 de septiembre, en que tuvo lugar la asonada. Otra razón era el documento; no estaba escrito al momento de producirse la decisión de sacar a Bosch de la presidencia y dejarlo preso en su despacho. La presencia en el Palacio Nacional de los líderes de oposición que el doctor Casasnovas, presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, llegara a ver cuando hacía su entrada en el edificio acudiendo al llamado urgente de Bosch, obedecía a más de un propósito. Uno era expresar su inmediato respaldo al golpe.
El otro, sustentar políticamente la acción y explicarla al pueblo. Mientras los jefes militares discutían con Bosch y se movían de un extremo a otro por el angosto corredor que comunicaba las oficinas del Presidente con las del Ministro de las Fuerzas Armadas, en medio de una fuerte tensión acentuada por las altas temperaturas que anunciaban la proximidad del huracán Edith, los dirigentes civiles redactaban, presurosos, el comunicado para dar a conocer la novedad al pueblo.
Basándose en una serie de hechos demostrativos, según el documento, del peligro de un gobierno comunista en la República Dominicana, el golpe deponía al régimen elegido por mayoría abrumadora en diciembre y declaraba fuera de ley “la doctrina comunista, marxista-leninista, castrista o como se la quiera llamar”. Derogaba la Constitución promulgada el 29 de abril y disolvía el Congreso. Por virtud de la acción declaraba en vigor la Constitución del 17 de septiembre de 1962, aprobada por el Consejo de Estado y anunciaba la formación, en el más breve plazo, de un gobierno provisional.
También se comprometía a respetar los compromisos internacionales que “válidamente” hubiera contraído el país. Este compromiso quedaba reservado, según lo especificaba el propio documento, a los acuerdos hemisféricos que implicaban la defensa de la “democracia” contra el comunismo. En la atmósfera de tensión prevaleciente nadie hizo mucho caso a la promesa de que serían respetados los derechos humanos.
De hecho, las persecuciones de funcionarios y dirigentes del partido y de la izquierda desatadas esa misma mañana, decían otra cosa.
El texto del comunicado era el siguiente:
“Pueblo Dominicano:
El estado caótico en que se debate el país, determinado por la indecisión administrativa; el abuso del poder de las mayorías dóciles e indirectas de nuestros cuerpos legislativos, serviles en todo al poder central y sin orientaciones propias; el entronizamiento de las incapacidades en las diversas ramas del Gobierno; el incumplimiento de las promesas electorales hechas al pueblo, que ha llevado, contrariamente a lo esperado, al desempleo más agudo y a una crisis de hambre; los ataques a la libertad de expresión; la peligrosa improvisación de incidentes internacionales con fines de política interna, que a más de comprometer el prestigio de la República, nos han podido conducir a un grave e innecesario conflicto internacional de consecuencias imprevisibles; el descuido de la instrucción pública y el maltrato a la dignidad del magisterio, y lo más grave de todo, las consentidas y alarmantes maniobras de los dirigentes del comunismo internacional y ateo, -el que por internacional, desconoce los nacionalismos particulares, y por ateo, niega a Dios- han llevado a la Nación al borde de la ruina, amenazando con destruir las tradicionales esencias democráticas y republicanas que nuestros Padres Fundadores consagraron en el Manifiesto del 16 de enero de 1844.
La angustia se ha apoderado de la familia dominicana, a tal punto, que nuestros Obispos –profundamente preocupados- se vieron en la necesidad de expresar, en una Declaración de fecha 3 de agosto pasado, que `…no hay hogar dominicano donde se disfrute de tranquilidad plena´ pues ’… los acontecimientos políticos que vienen sucediéndose, no han logrado establecer el reinado de la verdadera paz, que abrace por igual a todos los hombres, sea cual sea su posición en la sociedad’.
Ante tan alarmantes hechos y ante el estado de salud precaria de la Nación, que se agrava de hora a hora, hemos decidido intervenir para pone orden en este caos y para detener el revolucionarismo desintegrante del comunismo, que pretende destruir por la violencia el lema de nuestro escudo, en el cual se ha puesto a la Patria entre Dios y la Libertad.
Es obvio que, a más de cautelar el orden público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen una función social que cumplir, ajena a sus funciones ordinarias, especialmente cuando este orden está evidentemente amenazado y las instituciones que la sociedad se ha dado para cumplir sus fines, tan seriamente comprometidas, que se ven imposibilitadas de conseguir el bienestar general. Más aún: cuando esas instituciones están tan profundamente afectadas y el ambiente amenazado de una violenta dislocación de sus estamentos nacionales, es preciso admitir que tan graves problemas no se pueden resolver dentro del marco de una estricta constitucionalidad. La Constitución, hecha para la salvaguarda de la paz y de los derechos del pueblo, no puede ser un dique infranqueable cuando ella misma no basta para la preservación de la paz y de tales derechos. Especialmente esto así, cuando los secuaces del comunismo entreguista se escudan en el Gobierno y en los partidos políticos, usando de facultades que su misma doctrina niega, desde ahora, y su sistema negará luego, a sus prosélitos, que dejarán de ser ciudadanos libres para convertirse en proletarios esclavizados. Se invoca la Constitución para después tumbarla. Esa es la treta y el Gobierno lo permite.
El régimen que nos gobernaba decía ser un Estado de Derecho. Nosotros queremos transformarlo en un Estado de Deberes, que no sea una ficción y que convierta lo falso en verdadero, cosa que la indiferencia y la lenidad del régimen imperante, frente al comunismo internacional, no nos puede procurar. Queremos pues, que, de los deberes cumplidos salga el verdadero Estado de Derecho. Por consiguiente, nuestro propósito no sea jamás punitivo, sino constructivo y preventivo, y esperamos que la ciudadanía nos ayude en la tarea de preservar el orden y conseguir la unidad nacional. No deseamos usar la autoridad de la fuerza, sino la autoridad de la razón, propiciando el imperio de la justicia distributiva.
Por todo ello:
Visto el deber constitucional que nos manda a preservar el orden público, tanto en forma activa, cuando ha sido alterado, como en forma preventiva, si hay evidencias de que va a serlo;
En resguardo de los normas básicas del Estado Dominicano que es la Nación organizada políticamente en una entidad libre, independiente y soberana; con un Gobierno esencialmente civil, republicano, democrático y preservativo; dividido en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, independientes en sus respectivas funciones;
En virtud de que el comunismo internacional propende, por medios violentos, a destruir esa organización y de que la República, por ello, se halla al borde de una lucha interna como consecuencia de un estado de subversión latente, pero permanente, evidenciado por los distintos pronunciamientos de los líderes de esa agrupación, emitidos tanto por la prensa, como por la radio, televisión, discursos y manifestaciones públicas todo lo cual se ha producido bajo la mirada indiferente del actual Gobierno, que ha desoído las amistosas y reiteradas advertencias que le han sido hechas, tanto por el pueblo, como por sus hombres más notables y, muy especialmente, por los institutos Armados de la República;
Declaramos:
1.- Fuera de la ley, tanto a la doctrina comunista, marxista-leninista, castrista o como se la quiera llamar, como a los partidos políticos que velada o abiertamente la profesan, y bajo estado de prevención a todos los integrantes de tales partidos y, muy especialmente, a sus dirigentes y cabezas visibles:
2.- Depuesto el actual Gobierno de la República, por propiciar los atentados a la Constitución en cuanto a las esencias del Estado; en violación de los derechos fundamentales y del ciudadano, así como por haberse revelado incapaz de encauzar al país por las vías del orden, el respeto a la ley, la seguridad general, la paz, el progreso y el bien común;
3.- Inexistente la última Constitución de la República, votada por la Constituyente surgida de las últimas elecciones generales, así como los actos realizados de acuerdo con ella, por cuanto lo fue por una mayoría insuficiente a la luz de los principios parlamentarios universales y, muy especialmente, en vista de lo dispuesto por el art. 113 de la Constitución del 17 de septiembre del año 1962;
4.- Que se deben considerar, desde este momento, disueltas las Cámaras Legislativas actuales, y sin calidad para realizar ninguna función del poder, por cuanto es obvio, según público consenso, que ellos no representan ya la mayoría ocasional que obtuvieron en los comicios del pasado diciembre.
5.- Que, en consecuencia, se declara en vigor la Constitución del 17 de septiembre de 1962, bajo cuyo imperio se realizaron las pasadas elecciones, salvo en lo que sea contraria a los propósitos de los presentes pronunciamientos;
6.- Que se tomara, en el plazo más breve posible, un Gobierno Provisional, presidido por un ciudadano eminente, extraño a los partidos políticos militantes y, mientras esto se haga, las Fuerzas Armadas, representadas por los abajo firmados, asumirán las funciones ejecutivas y dictarán toda aquellas disposiciones que demanden la urgencia y la buena conducción de los negocios públicos;
7.- Que respetaremos, de manera absoluta, todos los compromisos internacionales, que válidamente haya contratado la República Dominicana, especialmente las Resoluciones votadas en la Décima Conferencia Interamericana, de Caracas, contra el comunismo internacional y en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de Punta del Este (Uruguay), en contra del llamado castrismo;
8.- Que garantizaremos los derechos humanos y del ciudadano, tanto los civiles como los políticos y, entre ellos, el derecho de propiedad y de libre empresa, y derechos análogos, de modo que el comercio, la industria, la banca y los capitales nacionales y extranjeros, puedan contribuir, sin temor a expropiaciones y expoliaciones, al fomento de nuestras riquezas y a la prosperidad del país, e igualmente, garantizaremos todos los derechos sociales y conquistas laborales, así como el derecho a pedir y obtener trabajo y ayuda justificada del Estado.
Este paso trascendente e histórico, lo hemos dado, a más de las razones expuestas, unidas éstas a las negativas del Presidente Bosch, cuando en reiteradas veces las Fuerzas Armadas le solicitaron por la seguridad de la República y el bienestar del pueblo dominicano, el rompimiento radical con el comunismo, y toda la tendencia originada por esa ideología perversa y malsana. Santo Domingo, D.N., a 25 de septiembre de 1963”.
Firmaban el documento, en el orden en que aparecieron, los siguientes oficiales: Víctor Elby Viñas Román, mayor general, E.N., secretario de Estado de las Fuerzas Armadas; Renato Hungría Morel, general de brigada, E.N., jefe de Estado Mayor, E.N.; Atila Luna Pérez, general de brigada piloto, jefe de Estado Mayor, F.A.D.; Julio Rib Santamaría, comodoro, jefe de Estado Mayor, M. de G.; Belisario Peguero Guerrero, general de brigada, jefe de la Policía Nacional; Félix Hermida hijo, general de brigada, E.N., presidente del Consejo Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas y la Policía; Manuel García Urbáez, general de brigada, E.N., inspector al servicio de la Secretaríade las Fuerzas Armadas; Antonio Imbert Barrera, general de brigada, E.N.; Luis Amiama Tió, general de brigada, E.N.; Salvador A. Montás Guerrero, general de brigada, E.N., inspector de la Zona Norte, E.N.; Marcos A. Rivera Cuesta, coronel, E.N., Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas; Ramón Eduardo Cruzado Piña, coronel piloto FAD, subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas; Librado Andújar Matos, capitán de navío, M. de G., subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas; Elías Wessin y Wessin, coronel FAD, Director del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA); Manuel Ramón Pagán Montás, coronel E.N., Intendente General, E.N.; Braulio Álvarez Sánchez, coronel E.N., Comandante del Batallón de Transportación, E.N.; Neit Rafael Nivar Seijas, coronel, E.N., Director de Entrenamiento Militar, E.N.; Juan N. Folch Pérez, coronel piloto FAD; Andrés Gerónimo Sanz Torres, capitán de navío, M. de G., Inspector de la M. de G.; José María Sánchez Pérez, coronel piloto FAD; Carlos María Paulino Asiático, teniente coronel E.N., Ayudante del Secretario de las Fuerzas Armadas; Rafael E. Saldaña J., teniente coronel abogado, Consultor Jurídico de la Secretaría de las Fuerzas Armadas; Rubén Antonio Tapia Cessé, coronel E.N., subjefe de Estado Mayor; Sergio de Jesús Díaz Toribio, capitán de fragata M. de G., subjefe de Estado Mayor; Ismael Emilio Román Carbuccia, coronel piloto FAD, subjefe de Estado Mayor.
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En las primeras horas de la mañana se presenta al Campamento 27 de Febrero, en Sans Soucí, el coronel Fritz Long, de la misión militar de la embajada de Estados Unidos. Iba en busca del general Hungría Morel, quien en ese momento se encontraba en el Palacio Nacional. El coronel Tapia Cessé apenas acababa de recibir la segunda llamada de Hungría anunciándole la “renuncia” del Presidente Bosch.
El sol lanzaba sus rayos desde una posición casi oblicua. Aún subsistían zonas oscuras en el firmamento. Un fuerte olor a café recién colado dominaba el ambiente en la oficina del coronel Tapia Cessé. Su rostro lucía hinchado por la falta de sueño. Estaba de pie, semidormido, restregándose los ojos para mantenerse a duras penas despierto por la larga noche de vigilia, cuando escucha al oficial norteamericano:
-Bosch no ha renunciado, coronel. Ha sido forzado a irse. Es un golpe de Estado.
Tapia Cessé queda pasmado y no encuentra respuesta. Long le advierte que debe decir a Viñas y a los demás jefes militares la conveniencia de volver atrás y reponer a Bosch.
El oficial corre en un vehículo militar al Palacio Nacional. Pero era tarde. Mientras subía las escaleras en dirección a las oficinas de Viñas tropieza con el coronel Wessin que abandonaba el inmueble, seguido de una fuerte escolta. Nota en el cuello de la camisa sudorosa de Wessin las estrellas de general de brigada. Al cruzarse, Tapia Cessé se detiene ante él, en el escalón inmediatamente inferior. El es un poco más alto, pero debe mirar hacia arriba para sostenerle la mirada severa al director del CEFA. Al hacerle el saludo obligado a un superior, ya Wessin le lleva un rango, le comenta brevemente cuanto había dicho la noche anterior en casa de Bosch, en el sentido de que el Presidente debió haberle cancelado o hecho preso. Wessin le mira con indiferencia. Tiene al parecer prisa por marcharse.
-Descuide, coronel. Eso no tiene importancia.
Tapia Cessé sube al despacho de Viñas. Allí hay una docena o más de oficiales y dirigentes políticos, estos últimos desconocidos en su mayoría para él. Los ha visto ahí por primera vez. Todo parece alborotado. Consigue contarle a solas a Viñas su conversación con el coronel Long.
-Ya es tarde para eso-, le dice el Ministro. –La noticia del golpe se ha dado a la prensa-.
Con el tiempo se expandió la versión de que las estrellas de general de brigada les fueron impuestas a Wessin por el general Belisario Peguero Guerrero. En una muestra de euforia, al verle llegar al Palacio Nacional, luego de haberse consumado el arresto y derrocamiento del Presidente, el jefe policial abrazó a Wessin, extrajo de sus bolsillos las insignias y haciéndole el saludo le felicitó con un:
-¡Se lo merece, mi general!
No existen, sin embargo, pruebas documentales de que esto haya ocurrido así.
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El golpe estaba dado, la Constitución había sido irrespetada y una terrible persecución indiscriminada condenaba la suerte de los políticos de izquierda y activistas del partido al cual mayoría del pueblo diera su voto, apenas nueve meses atrás. Pero la Iglesia volvería a gozar de los privilegios otorgados por el Concordato, y preservaría los “Derechos de Dios”, a que hiciera referencia en multitud de pastorales y documentos de obispos y declaraciones de sacerdotes.
Los comerciantes de la calle El Conde, y las avenidas Duarte y Mella no precisarían ya de cierres forzosos para enfrentarse a la “amenaza comunista”. La ley de confiscación no sería ya más una angustia para los terratenientes e industriales. No habría precio tope contra las ganancias de las empresas azucareras y la clase alta no sufriría por más tiempo la terrible humillación de ver los clamores de la chusma en la cima del poder.
El golpe desataría una ola de rechazo a nivel nacional e internacional. N cabía duda, sin embargo, que encontraría también calor de amplios círculos. A las pocas horas de anunciarse el derrocamiento de Bosch, la Asociación de Industrias de la República autorizó un comunicado de apoyo a la acción. Deplorando los “desaciertos e imprevisiones” del Gobierno caído, los industriales lamentaban que los mandos militares “se vieran precisados a intervenir en defensa y resguardo de nuestros principios democráticos”.
La tarea ahora consistía en entronizar “un régimen respetuoso de la libre empresa; que fomente las inversiones de nuestros nacionales, las cuales se han ausentado en cuantiosas proporciones, como elemental medida de precaución frente a la desconfianza creada por el precedente gobierno”. Ahora que el mal había sido extirpado cabía esperar que esas inversiones se produjeran a raudales.
Era lo que estaba por verse. Al país esperaban todavía días de incertidumbre.
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Los esfuerzos para integrar un Gobierno provisional, encabezado por civiles, no lograban avanzar. Los partidos, reunidos por largas horas en oficinas del Palacio Nacional, confrontaban dificultades para ponerse de acuerdo. La distribución de los cargos más importantes operaba como un suelo cubierto de arena movediza, sobe el cual les resultaba en extremo difícil dar pasos concretos. No parecía haber una salida, mientras afuera, en las calles de Santo Domingo, y en lejanos confines del país, la población esperaba expectante, sobrecogida ante el cambio, frente a un panorama oscuro e incierto.
Más allá de las promesas vagas del comunicado militar de respetar los derechos de los ciudadanos, resultaba imposible vislumbrar un futuro inmediato.
Les tomaría todo un día integrar el Gobierno Provisional que asumiría las riendas del país, por no se sabe cuánto tiempo. La incertidumbre respecto al plazo de ese régimen de facto, surgía de una circunstancia: el anuncio de la destitución de Bosch no lo fijaba. No había ni una sola mención o compromiso de efectuar nuevas elecciones para dar al pueblo la oportunidad de escoger a sus gobernantes.
Los principales diarios se rindieron ante la situación de hecho. En editoriales lamentaban la deposición del Gobierno constitucional, pero aceptaban la realidad como algo imposible de ignorar. El del Listín era toda una pieza. El Caribe señalaba:
“No puede negarse que la infiltración comunista constituye en este país, como en otros de América, un grave peligro. El pueblo dominicano, amante de su libertad, ha hecho en los últimos meses reiteradas manifestaciones de repudio a la amenaza roja. Las Fuerzas Armada consideraron, según lo afirman, que el Gobierno del profesor Bosch no aplicaba frente al comunismo la política que ellos estimaban indicadas para ponerle freno. El procedimiento que ha sido empleado por las Fuerzas Armadas para hacer frente al conflicto no era, tal vez, el más apropiado. Pero lo cierto es que estamos ahora frente a un gobierno provisional cuya realidad nadie puede soslayar”.
La esperanza del periódico consistía en que esa provisionalidad fuera breve y el país pudiera retornar, sin mayores tropiezos, a una vida institucional normal. Este resultado, desde luego, dependía del pueblo y del nuevo gobierno. Por eso, El Caribe alentaba la esperanza de que “en estos delicados momentos prevalezca en todo el ámbito nacional la mayor cordura y buena voluntad, como garantía de que la Patria se encauzará nuevamente, en breve plazo, por el camino de la constitucionalidad.
El dramático llamamiento editorial no encontraría eco. Al tiempo que los líderes civiles buscaban ponerse de acuerdo para formar una junta en lugar de Bosch y con ello relegar a un segundo plano el papel de los militares, la ciudad hervía por los cuatro costados.
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Aun cuando los principales partidos de izquierda y los líderes del PRD advirtieran a Bosch y a su militancia sobre la eventualidad de un golpe de Estado, el madrugonazo, como iba a denominársele, encontró desprevenido a la totalidad de ellos.
Manolo Tavárez, presidente del Catorce de Junio, tuvo informes previos al anuncio oficial, una hora antes, por el aviso de un cuadro de su partido en la compañía telefónica, que le permitió captar una llamada del propio Bosch, ya derrocado y virtual prisionero de los mandos castrenses. Una falla en la seguridad interna del movimiento le impidió a él y a su compañero ingeniero Leandro Guzmán, secretario general del partido, esconderse en un lugar desde el cual pudieran coordinar las tareas de resistencia.
La muerte de Alexis Brache, responsable del movimiento en la localidad de Salcedo, un día antes en aquella población, vendría a empeorar las deficientes líneas de comunicación internas ante casos de emergencia. Fidelio Despradel, uno de sus principales dirigentes, regresaría muy tarde a Santo Domingo la noche del martes 24 de septiembre, después de asistir al sepelio de Brache, asesinado por la policía durante movilizaciones callejeras. Cansado, quedaría completamente dormido en su casa y no escucharía a tiempo los repetidos timbrazos de las llamadas de Elsa Justo, la prima de confianza de Manolo Tavárez, a quien éste encargara de ponerse en contacto con los miembros del Comité Central para advertirles del peligro.
En las horas siguientes al golpe, la Agrupación Política Catorce de Junio quedaría virtualmente anulada por la falta de comunicación efectiva entre sus principales dirigentes. Después de intentar ocultarse en un lugar seguro, desde el cual podía restablecer la línea de mando, Manolo Tavárez optó por refugiarse en la embajada de México. Este hecho resultaría fatal para su prestigio interno y dejaría al partido sin un liderazgo efectivo en los días sucesivos.
Manolo Tavárez no buscó asilo en la embajada de México como se quiso luego presentar en la lucha interna desatada por este hecho al más alto nivel en la dirigencia de la organización. Su intención fue la de buscar protección mientras se aclararan las cosas y él lograba ponerse en contacto con los demás dirigentes, comprometidos a emprender una lucha armada de resistencia. Lo cierto es que Manolo abandonó días después la sede de la misión diplomática por su propia voluntad y se dirigió, caminando, a la casa de una familia conocida en el vecindario. De allí fue llevado a un nuevo refugio donde, por fin, alcanzó a comunicarse con los miembros del Comité Central. El comunicado de repudio al golpe emitido por el Catorce de Junio no pudo ser preparado hasta el día siguiente del golpe. Como se puede deducir, sin que Manolo Tavárez tuviera conocimiento previo de ello.
El comunicado, de todas formas, se inscribía en la línea de conducta aprobada por la alta dirigencia de la organización. La mayoría de los líderes del Catorce de Junio tuvieron que esconderse en las horas siguientes al golpe. Esto resultó fatal para el partido y salvó, probablemente, al nuevo gobierno de facto de enfrentar acciones callejeras y de otra índole en las primeras semanas decisivas posteriores al 25 de septiembre. En la clandestinidad, el Catorce de Junio se prepararía para alzarse en las montañas. La experiencia guerrillera, como se verá más adelante, resultaría en un fracaso que desmembró la alta jerarquía partidaria.
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El derrocamiento de Bosch fue comunicado a los oficiales y alistados de la Fuerza Aérea, en la base de San Isidro, con una formación militar, varias horas antes de que se difundiera la proclama por radio.
Pedro Julio Guerra Ubrí, de 24 años, capitán comandante del Segundo Escuadrón de Seguridad de la base, corrió a la explanada, frente al edificio de la jefatura de Estado Mayor, al primer toque de corneta. La tropa quedó formada directamente al frente del balcón del despacho del general Atila Luna Pérez, quien estaba rodeado de su plana mayor de oficiales. El coronel piloto, Ismael Emilio Román Carbuccia, subjefe del cuerpo, dio abajo la orden de firmes.
Luna había enviado a buscar al coronel Benoit ante él, con el coronel piloto Mario Imbert McGregor. Poniéndole una mano sobre el hombro le pide explicar a la tropa allí formada las causas por las cuales se deponía a Bosch. Alumbrados por reflectores, los oficiales y soldados parecían una formación de fantasmas, en la densa oscuridad.
Por su “mala administración”, y por las “inclinaciones izquierdistas”, el Gobierno había sido depuesto momentos antes. En su lugar se instalaría otro gobierno civil, les dijo Benoit siguiendo las instrucciones de su superior. Las Fuerzas Armadas no cometerían el error de hacerse cargo del Gobierno. Unos veinte minutos después, una voz ronca ordenó “¡rompan filas!”.
La información provoca los más diversos comentarios entre oficiales, que no se atreven a hacer públicas sus reservas. Uno de ellos, el segundo teniente Carlos Manuel Molina, del Escuadrón de Seguridad, le susurra al oído a Guerra Ubrí:
-¡Tú has oído esa vaina! Nos jodimos, capitán. ¡Nos llevó el mismo diablo!
El comentario le hace recordar a Guerra Ubrí una experiencia personal ocurrida días antes. Se le había quedado en el asiento de su automóvil el libro de Curzio Malaparte sobre Técnica del Golpe de Estado. Tenía la cubierta hacia arriba. Al verlo, el general Luna se lo había pedido prestado. El capitán Guerra Ubrí recuerda que todavía esa madrugada del 25 de septiembre, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea no le ha devuelto el libro.
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Aproximadamente a las dos de la tarde, del día 25, el doctor Ramón Tapia Espinal descansaba en su casa. Había escuchado las noticias del golpe en la radio y permanecía allí atento a la situación. Tapia era un prestigioso abogado. Su historial de lucha contra Trujillo le había forjado el respeto de gran parte de la comunidad política nacional. Su participación en los acontecimientos que culminaron con el pronunciamiento militar del general Rodríguez Echavarría, la mañana del domingo 19 de noviembre de 1961, fue decisiva para la caída definitiva de la dictadura de Trujillo.
Tapia tomó el teléfono. Le llamaba Horacio Ornes, presidente de Vanguardia, para informarle que pasaría a recogerle a su casa. Tenía un asunto grave, de la mayor trascendencia, que tratarle. De ello dependía “nuestro futuro democrático”, le observó.
Horacio Ornes servía de portador de un mensaje de los jefes militares responsables del golpe. En un plazo de veinticuatro horas, los partidos políticos del país, excluyendo por supuesto al PRD debían integrar un gobierno con carácter provisional. Vencido ese plazo, los militares se quedarían con el poder, si los civiles no lograban ponerse de acuerdo para formarlo. Ornes le dijo a Tapia que los demás líderes civiles se encontraban ya reunidos en la residencia del doctor Juan Isidro Jimenes Grullón, presidente de la Alianza Social Demócrata, quien vivía en la calle 18, después Gustavo Mejía Ricart, en el Ensanche Piantini. En efecto, allí estaban todos reunidos: Viriato Fiallo, de UCN; Miguel Ángel Ramírez Alcántara; Mario Read Vittini, del Partido Demócrata Cristiano; Ramón Castillo, antiguo dirigente del PRD; y Emilio de los Santos, un juez muy respetado. Como presidente de la Junta Central Electoral éste último había estampado su firma en la proclama que certificó la elección aplastante de Bosch sobre sus adversarios.
Los políticos lograban apenas ponerse de acuerdo en la selección del licenciado De los Santos para presidir la junta civil que asumiría el poder en el plazo otorgado por los mandos castrenses. Pero faltaban dos nombres. Uno podía ser el doctor René Puig, catedrático universitario. El otro Tapia Espinal. Se les pedía un sacrificio por la patria. Con todo y las reservas que pudieran tener respecto a formar parte de un gobierno de facto, por medio estaba la República. Ellos eran los únicos en capacidad de evitar el vencimiento del plazo. De otra forma, el país caería bajo la férula militar directa. Existía, empero, un problema. El doctor Puig no estaba en el país. Se encontraba en Argentina asistiendo a un congreso científico. Y nadie podía adivinar cuál sería la decisión de Tapia.
Sólo después de mucha insistencia, De los Santos y Tapia deciden aceptar. Ambos habían arriesgado sus vidas luchando contra el despotismo Trujllista. Aceptaban integrar un Triunvirato asumiendo los riesgos personales que ello conllevaba. Permanecía sin resolver todavía el problema del tercer miembro. La tarde avanzaba y los nombres se barajaban uno detrás de otro, sin encontrar apoyo unánime de los grupos representados allí por aquellos hombres. Por fin parece nacer un consenso alrededor del ingeniero Manuel Enrique Tavares Espaillat. Este era un miembro de la clase alta. Su nombre estaba incluido entre aquellos contra los cuales Ramfis Trujillo y sus servicios de seguridad se ensañaran al conocerse el listado de los implicados en el asesinato de su padre, la noche de 30 de mayo de 1961. Tavares Espaillat sobrevivió a los rigores de la tortura en las cárceles de la 40 y el Kilómetro Nueve. Era un héroe entre su clase.
Se le llama a su casa. No se encontraba. Su esposa Rosa Emilia Sánchez de Tavares ignora dónde puede localizársele a esa hora. El tiempo corre y el nerviosismo domina la reunión. Alguien sugiere colocar un aviso a través de Radio Santo Domingo convocándole a la reunión. La propuesta da resultado. Tavares Espaillat se presenta y acepta de inmediato formar parte del Triunvirato. El también sabía, dijo, lo que significaría para el país que los militares se hicieran ellos solos con el poder.
Superado el más grave inconveniente, se procede a llamar al notario público, doctor Francisco Sánchez Báez, para certificar el acta de juramentación por virtud de la cual el Triunvirato asumiría el poder a la una de la tarde del jueves 26 de septiembre de 1963. Así quedaba sellada la suerte del primer gobierno constitucional, fruto de elecciones libres, que había tenido el país en más de treinta años.
El texto del Acta dice así:
“Yo, doctor Francisco Sánchez Báez, abogado-notario público del Distrito Nacional certifico y doy fe que por ante mi ha pasado un acto del tenor siguiente:
Acto número uno (1).- En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año mil novecientos sesenta y tres (1963), siendo la Una (1) de la tarde; yo, doctor Francisco Sánchez Báez, abogado notario público del Distrito Nacional, fui requerido por los representantes de los partidos políticos democráticos que se indican a continuación: doctor Viriato Fiallo, presidente de Unión Cívica Nacional, doctor Juan Isidro Jimenez Grullón, presidente de la Alianza Social Demócrata, Horacio Julio Ornes Coiscou, presidente de Vanguardia Revolucionaria Dominicana, doctor Mario Read Vittini, presidente del Demócrata Cristiano, general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, presidente del Nacionalista Revolucionario Democrático, Ramón A. Castillo, presidente del Partido Progresista Demócrata Cristiano, mayor general Víctor Elby Viñas Román, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, general de brigada Renato Hungría Morel, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, general de brigada Miguel Atila Luna Pérez, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, comodoro Julio Alberto Rib Santamaría, jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra, general de brigada Elías Wessin y Wessin, director del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y general de brigada Belisario Peguero Guerrero, jefe de la Policía Nacional, para trasladarme al Palacio Nacional, para una vez allí tomar el juramento legal a los miembros del Triunvirato designado por los partidos políticos democráticos precedentemente indicados, con la aceptación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Una vez en el Palacio Nacional, ubicado en un salón de la tercera planta y en presencia de las personas más arriba mencionadas, procedí a tomar el juramento de orden a los ciudadanos: licenciado Emilio de los Santos, doctor Ramón Tapia Espinal e ingeniero Manuel Enrique Tavares Espaillat, dominicanos, mayores de edad, en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y por consiguiente aptos y sin ningún impedimento para el ejercicio de las altas funciones que le han sido confiadas. De inmediato procedí a tomar el juramento de rigor en la forma siguiente: levantando la mano derecha pregunté: ¿Juran ustedes por Dios, por la Patria y por su Honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de sus cargos? Los señores miembros del Triunvirato, licenciado Emilio de los Santos, doctor Ramón Tapia Espinal e ingeniero Manuel Enrique Tavarez Espaillat me respondieron: “Sí, juramos”. Una vez terminado el acto de juramentación los ciudadanos a quienes han sido confiadas a unanimidad las funciones de Gobierno Provisional de la República Dominicana, dieron inicio a sus altas funciones. Este acto ha sido hecho y pasado en el Palacio Nacional en presencia de los ciudadanos ingeniero Enrique Joaquín Alfau y licenciado José Andrés Aybar Castellanos, dominicanos, mayores de edad, casados, de este domicilio y residencia, provistos de las Cédulas Personal de Identidad números 5223 y 17035, series primera, renovadas con sellos de rentas internas al día, testigos instrumentales requeridos al efecto, libres de tachas y excepciones, antes quienes di lectura en voz alta al presente acto, y después de aprobado por todos, lo firman los ciudadanos juramentados para el ejercicio del Gobierno provisional ya indicados, los representantes de los partidos democráticos y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los testigos, ante y mi junto conmigo, Notario Público que certifico y doy fe”.
Los apellidos Jimenes Grullón y Tavares Espaillat aparecen en el documento original con “z” en lugar de “s”.
Si integrar el triunvirato resultó una tarea complicada, más trabajo costaría formar el Gabinete. Las disputas por los cargos principales dejaron al Gobierno provisional sin ministros hasta el domingo 29. El Gabinete quedó formado así:
-Mayor general Víctor Elby Viñas Román, secretario de las Fuerzas Armadas;
-Doctor Donal Reid Cabral, secretario de Relaciones Exteriores;
-Licenciado Ángel Severo Cabral, de Unión Cívica Nacional, secretario de Interior y Policía;
-Doctor Alcibíades Espinosa, de Unión Cívica Nacional, secretario de Salud Pública;
-Doctor Carlos A. Grilosía Poloney, de Unión Cívica Nacional, secretario de Trabajo;
-Doctor Pedro Manuel Casals Victoria, de Alianza Social Demócrata, secretario de Finanzas;
-Doctor Hipólito Sánchez Báez, de Alianza Social Demócrata, secretario de Justicia;
-Doctor José Rolando Martínez Bonilla, de Vanguardia Revolucionaria Dominicana, secretario de Industria y Comercio;
-Doctor Luis A. Ginebra Hernández, de Vanguardia Revolucionaria Dominicana, secretario de Obras Públicas y Comunicaciones;
-Doctor Mario Read Vittini, del Partido Demócrata Cristiano, secretario de la Presidencia;
-Profesor Carlos Hernández, del Partido Demócrata Cristiano, secretario de Educación, Bellas Artes y Cultos;
-General Miguel Ángel Ramírez, del Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, secretario de Agricultura;
-E.O. Garrido Puello, del Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, secretario de Propiedades Públicas;
-Doctor Pompilio Brouwer, del Partido Progresista Demócrata Cristiano, secretario sin cartera.
Los miembros del Gabinete fueron juramentados por el Triunvirato en una ceremonia en el Palacio Nacional en presencia de la prensa nacional y extranjera. Con ello se puso fin al primer gran impasse de los muchos que por diferencias internas entre los partidos que lo apoyaban, confrontaría en los meses siguientes el gobierno de facto.
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En la ciudad comenzó a circular un volante mimeografiado. Era un comunicado al pueblo dominicano lanzado por el PRD desde la clandestinidad. Llamaba a la población a oponerse con todo vigor al golpe. Ha sido ofendida la dignidad y la libertad del país, decía. Los tutumpotes, en descarada alianza con reaccionarios trujillistas y “políticos corrompidos y ambiciosos, han derrocado al Gobierno Constitucional de la República”.
Entre los golpistas, figuraban “los eternos explotadores del pueblo; los grandes terratenientes, que no quieren que los campesinos tengan tierras; los grandes comerciantes, que se han enriquecido con la miseria y la lágrimas de las familias humildes; y los políticos frustrados, que han visto en este hecho vergonzoso la oportunidad de satisfacer sus inmoderadas ansias de poder”.
Llamaba a las organizaciones de trabajadores, a los profesionales, a los partidos, a sumarse “a la lucha por la reconquista de la democracia dominicana”. Instaba oponer a “la fuerza destructora de las armas, a la fuerza del derecho” e invitaba a una huelga general a fin de paralizar totalmente las actividades del país. Ningún dominicano demócrata y digno, debía de abstenerse de tomar parte en esta cruzada. Los que participan en el golpe, en cambio, sostenía, eran traidores a la Patria “y la justicia popular debe exigirles cuentas”.
Se iniciaba el camino que conduciría casi dos años después a la guerra civil.
