Río de Janeiro. El magistrado Gilmar Mendes, uno de los once miembros del Tribunal Supremo de Brasil, decidió de forma cautelar suspender el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia y negarle el fuero privilegiado que le ofrece el cargo.El magistrado aceptó mediante cautelar una petición del opositor Partido Popular Socialista (PPS) para dejar sin efecto el nombramiento de Lula como miembro del Gabinete de su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, con el argumento de que el acto tan solo busca blindar al exmandatario ante las investigaciones que enfrenta por corrupción.
En la misma cautelar, Mendes determinó que todos los procesos contra Lula por lavado de dinero y falsificación permanezcan en las manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de Curitiba y responsable de la investigación por las corruptelas en Petrobras.
Sergio Moro, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, ya había ordenado el traslado de todos los procesos contra el exjefe de Estado al Tribunal Supremo, la máxima corte del país, debido a que su condición de ministro le concedía fuero privilegiado.
En su decisión, el magistrado alegó que el nombramiento tuvo “claramente” el objetivo de obstruir la Justicia: “La Presidencia le emitió una especie de salvoconducto” para “impedir el cumplimiento de una orden de detención de un juez de primera instancia”.
La decisión de Mendes, por ser miembro del Supremo Tribunal Federal, se impone a todas las sentencias de jueces de primera y segunda instancias sobre el asunto y tan solo puede ser revisada por el pleno de la máxima corte, a la que el Gobierno tendrá que presentar un recurso.
Sin previsión de cuándo volverá a reunirse el pleno del Supremo, el nombramiento de Lula permanecerá en suspenso por tiempo indeterminado.
El Tribunal Supremo recibió hasta ahora trece recursos contra la designación del exmandatario como ministro y Mendes, que había sido seleccionado para pronunciarse sobre la mayoría de tales demandas, tan solo analizó la primera.
El rol de Lula
Lula da Silva tomó juramento el jueves como jefe de gabinete del gobierno de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, un cargo que le da al carismático líder la oportunidad de ayudar a bloquear un juicio político que se sigue en contra de la mandataria y que también dificulta las indagaciones que se adelantan en contra del propio expresidente en relación a una amplia investigación por sobornos en la estatal petrolera Petrobras.
Partidarios de Lula, uno de los líderes políticos más famosos del mundo y presidente de Brasil de 2003 a 2010, empezaron a reunirse por puñados en diversas ciudades del país, particularmente en el sur industrializado, donde el extrabajador metalúrgico y sindicalista tiene su fortín político.
La crisis política, que ha tocado a las más altas figuras del país, ocurre a menos de seis meses de que Brasil celebre los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Los barrios pobres del noreste de Brasil, el país más poblado de América Latina, han sido víctimas de un brote del virus del zika que científicos creen que está ligado al nacimiento de cientos de niños con una extraña malformación congénita que hace que las cabeza de los bebés sean más pequeña de lo normal.
La economía brasileña, motor de las de los países vecinos, se ha contraído en un 4%, la inflación ha aumentado y los anuncios de despidos masivos atemorizan a la población y se han vuelto en parte de la vida cotidiana.
La oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de querer ayudar al otrora popular Lula da Silva a evitar un cerco legal que se cierne sobre él. Hace menos de dos semanas el expresidente fue llevado a un interrogatorio realizado por la policía en relación con una investigación de corrupción de largo alcance en la estatal petrolera Petrobras.
Los miembros del gabinete solo pueden ser investigados, acusados o encarcelados con autorización de la Corte Suprema. Los partidarios de la mandataria tienen otra lectura: dicen que la habilidad del expresidente de 70 años para llegar a consensos y su carisma que desarma animosidades, pueden ayudar a que Rousseff evite un juicio político en el Congreso y a que vuelva a encarrillar la economía del país que parece ir a un abismo.
Crisis se ha intensificado con protestas
El jueves Eduardo Cunha, presidente de la Cámara baja y enemigo de Rousseff, conformó el comité que decidirá si se debe seguir adelante con el juicio político contra la mandataria. La decisión fue celebrada en la plenaria de la Cámara de Representantes por opositores que sostenían pancartas que decían “juicio político ahora”, mientras que aliados de Rousseff coreaban “no habrá un golpe de Estado”.
Este es el primer paso en un largo proceso que incluye múltiples votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado. Analistas consultados dicen que, de seguir adelante, el proceso podría llevar meses.
El nombramiento de Lula enfureció a la población y dio lugar a marchas en las que participaron unos tres millones de personas el jueves en Brasilia y Sao Paulo, con muñecos inflables de Lula vestido como presidiario. Mientras la Policía Federal brasileña, responsable por la investigación del escándalo de corrupción en Petrobras que ha salpicado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la acusación de “golpista” y protagonizó actos de apoyo a su operación contra los desvíos en la petrolera estatal.
