Que tuviésemos un Presidente realmente comprometido con el cumplimiento de las leyes que asignan montos específicos del Presupuesto a determinados sectores e instituciones del Estado dominicano. Supongamos que ese Presidente se reúne con su gabinete para elaborar el Presupuesto del año 2012.
Luego del Presidente explicar el objetivo de la sesión de trabajo que van a iniciar, pregunta al Ministro de Hacienda el monto total del Presupuesto para el 2012. El Ministro responde, RD$430,001 millones. El Presidente dirige su mirada al gobernador del Banco Central (BC), y le solicita el estimado del PIB para el 2012. El Gobernador responde que el PIB a precios corrientes ascenderá a RD$2,383,425 millones.
El Presidente sabe que la Ley General de Educación instruye destinar a Educación el 16% del gasto público total ó el 4% del PIB, el que sea mayor. Con su calculadora a mano, multiplica 0.16 por RD$430,001 millones, que es el valor del gasto público total estimado para el 2012 , y obtiene RD$65,600 millones.
Ahora multiplica 0.04 por RD$2,383,425 millones, que es el valor nominal del PIB para el 2012, lo que arroja RD$95,337 millones. Como el 4% del PIB resulta ser mayor que el 16% del gasto público total, el Presidente le pide al Director de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que anote RD$95,337 millones para Educación.
El Ministro de Educación pide la palabra y pregunta al Presidente si ese monto es lo que se va a asignar a su Ministerio. El Presidente, revisa la Ley y advierte que la misma fue promulgada en 1997, cuando el actual Ministerio de Educación se denominaba Secretaría de Estado de Educación y Cultura. También observa que el sistema educativo definido en esa ley no sólo incluye el nivel inicial, básico y medio, sino también el superior (universitario).
Visto lo anterior, el Presidente responde al Ministro que los RD$95,337 millones es el monto total a distribuir entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (que incluye las transferencias a la UASD), el Ministerio de Cultura, y las construcciones de obras físicas para el sector educativo y cultural que no sean realizadas directamente por estos tres ministerios, como por ejemplo, los recursos asignados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para la construcción de escuelas (RD$3.4 millones), el Edificio Tecnológico de la UASD (RD$1,300 millones), la Torre Administrativa de la UASD (RD$1,400 millones), el Comedor de la UASD (RD$500 millones), el Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis (RD$760 millones), el Centro Tecnológico Comunitario de Guerra (RD$7.0 millones) y la remodelación de la Biblioteca Nacional (RD$400 millones).
Los Ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el de Cultura, muy nerviosos, levantan la mano para preguntar lo que se asignará a sus Ministerios. El Presidente les informa que a Educación Superior, Ciencia y Tecnología se le asignarán RD$7,789 millones, pero que en ese monto se incluyen RD$4,911 millones de transferencias a la UASD. A Cultura, dice el Presidente, le hemos asignado RD$1,555 millones.
El Ministro de Educación, preocupado por tantos montos sueltos y millones por aquí y millones por allá, pregunta qué finalmente se le terminaría asignando a su Ministerio.
El Presidente, toma la calculadora, mete el dato de RD$95,337 millones y comienza a restar. Luego de deducir lo asignado a Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a Cultura, y la OISOE para construcción y reconstrucción de escuelas y edificaciones educativas y culturales, responde al Ministro de Educación que le asignarán RD$81,622.6 millones.
El Presidente pregunta al Ministro de Hacienda, cuanto es el estimado de los ingresos a recibir en el Fondo General de la Nación. El Ministro responde, aproximadamente RD$300 mil millones. El Presidente le pide el dato exacto.
El Ministro chequea su laptop, busca y responde: RD$303,271,611,870.00. El Presidente, comprometido con el cumplimiento de la Ley, luego de introducir los montos en su calculadora, le dice al Director de la Digepres que anote la asignación para el Poder Judicial en el año 2012: RD$12,434.1 millones. ¡Pero, Presidente!, exclama el Director de la Digepres.
Eso es demasiado. En el 2011 sólo le asignamos RD$3,657 millones. El Presidente le responde que quiere cumplir con la Ley que establece que al Poder Judicial debe asignarse el 4.1% de los ingresos del Fondo General de la Nación. Además, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la Justicia está quebrada. No se diga más, responde el Director de la Digepres, y separa los RD$12,434.1 millones al Poder Judicial.
El Presidente dirige la mirada al Ministro de Interior y Policía. A través de ese Ministerio se transfieren los recursos a los Ayuntamientos. Ministro, ¿entonces la Ley exige que transfiramos el 10% de los ingresos del Fondo General de la Nación a los ayuntamientos? Así es, Presidente. Esta vez el Presidente, no tiene que usar la calculadora. Director, anote RD$30,327.2 millones como transferencia a los ayuntamientos en el 2012.
El Director de la Digepres, que ve que en el 2011 se le asignaron RD$14,986 millones, traga en seco y anota.
Pasemos ahora al Poder Legislativo, dice el Presidente. La Ley es clara, 3.1% de los ingresos del Fondo General de la Nación. Toma su calculadora de nuevo y el resultado asciende a RD$9,401.4 millones. El Director de Digepres anota antes de que el Presidente se lo pida.
De ahí a la Cámara de Cuentas, a la cual la Ley le asigna el 0.3% de los ingresos del Fondo General de la Nación.
Se escucha al Presidente en voz baja decir RD$303,271,611,879 por 0.003 mientras introduce los números en su calculadora. RD$909.8 millones, anote Director.
Creo que ya hemos terminado el ejercicio de las asignaciones establecidas por leyes. El Gobernador del BC, que estaba comenzando a ponerse nervioso al ver que no mencionaban su institución, pide la palabra y le dice al Presidente: Su Excelencia, con todo respeto, le recuerdo que la Ley de Recapitalización del BC establece que para el año 2012, se debe asignar el 1% del PIB al BC. Un penetrante ¡esto se jodió! se apodera de los pensamientos del Director de la Digepres.
El Presidente, le dice al Gobernador que lo excuse, pero era que tenía pensado tocar ese punto cuando le pidiera al Ministro de Hacienda el dato del servicio de la pública total previsto para el año 2012. Pero que atendiendo a su preocupación, pasaría a separar esos fondos en este momento. Director, dice el Presidente, al hombre de la Digepres que ha comenzado a sudar. Anote ahí, RD$23,834.3 millones para la recapitalización del BC.
Cuando el Presidente le pregunta al Ministro de Hacienda cuanto es que el Gobierno debe pagar de intereses y amortización de la deuda pública, el Ministro responde que el estimado es de RD$111,687.5 millones, pero que a ese monto hay que deducir los RD$23,834.3 millones que ya se separaron para el BC, quedando por tanto un balance a pagar de RD$87,853.2 millones.
El Director de la Digepres, con una sonrisa que refleja un “sigan tirando números, el papel lo aguanta todo”, anota los RD$87,853.2 millones.
El Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, con un nivel de nerviosismo mayor al que exhibía el Gobernador del BC, pide la palabra. Se levanta de su asiento, y comienza a explicar al Presidente las perspectivas del sector eléctrico para el 2012. “Presidente, en el Presupuesto se ha estimado para el 2012 un precio del petróleo mayor que el de este año, lo cual no es descabellado para fines de análisis pues el barril de Fuel-Oil está más caro que el del crudo, y ha estado subiendo.
Si para el 2011, se acordó traspasar al sector US$690 millones, para el 2012, con un Fuel-Oil más caro y reconociendo lo costoso políticamente que sería subir la tarifa en medio de un proceso electoral, consideramos que el monto mínimo a transferir sería US$750 millones.” El Presidente, ponderando favorablemente estos argumentos, instruye al Director de Digepres a asignar al sector eléctrico la suma de RD$30,225 millones.
¿Cuánto da todo eso, Director? El Director de la Digepres, que ya se había quitado el saco, flojado la corbata y perdido el brillo, comienza a sumar. Nervioso, se equivoca y empieza de nuevo. RD$290,322 millones, responde el Director.
¿A cuales instituciones no hemos asignado fondos todavía?, pregunta el Presidente. El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo responde: la Presidencia -que incluye el Plan Social, el Programa Solidaridad y la OISOE-, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores, Hacienda –que incluye a la DGII y a Aduanas-, Salud Pública y Asistencia Social –que incluye el Consejo Nacional de Seguridad Social, las corporaciones de acueducto y alcantarillado y el INAPA-, Deportes, Trabajo –que también transfiere recursos al Consejo Nacional de Seguridad Social-, Agricultura, Obras Públicas -que incluye la OPRET y el Metro-, Industria y Comercio, Turismo, la Procuraduría, Mujer, Juventud, Medio Ambiente –que incluye al INDRHI–, Economía, Administración Pública, Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral. Tampoco hemos asignado nada a las transferencias a instituciones sin fines de lucro. Ni para los más de 100 mil pensionados del Estado.
Agobiado por lo que acaba de escuchar, el Presidente pregunta al Ministro de Hacienda: ¿Y cuantos recursos tenían ustedes presupuestado para canalizar a todas esas instituciones? El Ministro revisa de nuevo su laptop y responde con asombrosa precisión, RD$211,318.9 millones, Presidente. ¿Y entonces a cuanto ascendería el Presupuesto del 2012 con las asignaciones que hicimos arriba para cumplir las leyes, pagar la deuda pública, recapitalizar el BC y mantener el sector eléctrico a flote? A RD$501,640.9 millones, dispara el Ministro de Hacienda. ¿Y cómo podemos complacer a todo el mundo? El Ministro de Economía responde: aumentando el déficit de RD$22,443.7 a RD$94,083.8 millones y el endeudamiento de RD$78,261.9 a RD$149,902 millones. O eliminando todas las exenciones del Itbis, que en el 2012 ascenderán a RD$74,911.3 millones, plantea el Ministro de Hacienda.
Alguien que pasaba por el pasillo y hoy está preso voceó: ¡eliminando la corrupción y el despilfarro! Después del ¡tránquenlo!, se escuchó a alguien decir en voz baja: “en este país, al que la elimine lo tumban”.
Los artículos de Andy Dauhajre en El Caribe
pueden ser leídos en www.miprd.org/andy
