El próximo jueves el Tribunal Superior Administrativo leerá el fallo referente al recurso de amparo interpuesto por el Conep y las asociaciones agrupadas en la cúpula del sector empresarial.
Los jueces Diógenes Villalona, Alina Mora y Evelin Torres, tienen en esta decisión, la posibilidad de cambiar la dicha de miles de usuarios del transporte de pasajeros y de carga, y que el país pueda dar un paso al desarrollo que necesita toda sociedad que desee competir con otras que no tienen idea del caos que vive la sociedad dominicana.
Por años se ha pedido que se aplique la ley frente a los desmanes de los transportistas agrupados en Fenatrano, Fenatrado, Conatra y La Nueva Opción.
Ojalá este último sindicato, en su momento, verdaderamente hubiera sido un intento de hacer algo nuevo, haberse apartado del servicio ineficiente, caro, donde los pasajeros son transportados como ganados, en vehículos destartalados, a pesar de las exoneraciones que de forma recurrente otorgan los Gobiernos a seudos sindicatos que utilizan todas las facilidades otorgadas, no para ofrecer, como lo es en todo el mundo, un transporte eficiente, sino para hacer ricos a una pequeña cúpula de la organización.
La opción que se dio fue continuar los métodos de presión para evitar la competencia de otros sindicatos o de particulares que decidieran participar en el negocio, como establece la Constitución, que da posibilidad a todos de poder competir.
Su respuesta es la huelga, las piedras a vehículos y mucho peor, las bombas contra inocentes que se dirigían a su lugar de trabajo, quedando quemados algunos pasajeros frente a la mirada indiferente de las autoridades.
¿Por qué esta indiferencia? Temor, desidia, costumbre, complicidad. Eso es lo que se preguntan muchos dominicanos y extranjeros frente al caos reinante en el transporte en nuestro país.
Las presiones han sido múltiples para lograr que no se imparta justicia. Desde las turbas agrupadas frente a la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo; intentos de acallar la prensa, eliminación de los servicios de internet para que no se puedan transmitir los miles de incidentes planteados por los casi ochenta abogados llevados por los “dueños del país”.
Declaraciones de Antonio Marte, que de respetarse la Constitución irían a la calle más de 600 empleados del volante; no puede haber declaración más descabellada. Primero, la intención de este recurso no es lastimar la posibilidad de ningún transportista de hacer su trabajo. Se busca que se haga con calidad y precio. Que se permita a todo el que quiera participar, ofreciendo sus servicios en tranquilidad y libertad. Me pregunto, ¿ese transportista no afiliado a un sindicato es diferente a los demás transportistas? ¿No tiene una familia que alimentar?
¿O es que los autobuses, carros o camiones que puedan ofrecer un servicio eficiente estarán conducidos por robots o extraterrestres?
Este mismo diario, en su edición del lunes, decía que existía un enfrentamiento entre el sector empresarial y varias instituciones del Gobierno. Pienso que no hay nada más errado, el sector empresarial es el mayor aliado del Gobierno en este tema. Los ojos de la inversión están puestos en una decisión extremadamente fácil: respetar la constitución y las leyes.
¿Qué podría derivarse de un incumplimiento claramente establecido en nuestra Constitución, como lo es la prohibición de monopolios?
El Estado tiene un papel claro que cumplir, es regular para que se dé la libertad de poder competir, no importa si es sector privado o si son los sindicatos. El principio es igual para todos. Es proveer a los ciudadanos de servicios eficientes a precios justos.
Personalmente, utilizo vehículos de transporte de carga de uno de los miembros de uno de los sindicatos. Hemos tenido una relación armónica por años, compartiendo carga con nuestra flotilla propia sin imponernos porcentajes, con una abierta discusión sobre tarifas, con un servicio eficiente. Convertido en parte de nuestra empresa como debe ser la relación entre cliente y suplidor.
Como éste debe haber otros. La pregunta es ¿Por qué no todos pueden ser iguales? ¿Necesitan ser trogloditas, que no permiten entrar a otros a los puertos, que limiten las rutas como sucede en la región Este del país y muchos otros lugares?
Esto no es más que el resultado de un populismo trasnochado, de pretender ser simpáticos con un grupo que pisotea a la mayoría, que a gritos piden servicios limpios, ordenados y económicos. ¿Será el miedo, la complicidad, o la apatía lo que impide impartir justicia?
Mañana, tres dominicanos tienen en sus manos definir no el destino del transporte, el impacto de su decisión tiene consecuencias aún mayores. Es una ruta de lo que será el respeto de la Constitución y las leyes.
Una decisión contraria al amparo será un mensaje de que desacatar las leyes es algo permitido, que de igual forma los transportistas pueden hacer lo que deseen. A partir de esta decisión otros sectores también podrán imponer sus propias leyes. Estaríamos sentando las bases de la anarquía que nadie quiere.
Toda sociedad quiere y desea vivir en paz. Que se aseguren los servicios básicos. Incluso, vemos cómo otras sociedades van evolucionando hacia servicios de transporte de pasajeros más económicos y eficientes como UBER. No está demás pensar en un servicio de UBER para el transporte de carga, donde no tengamos que estar sujetos a la voluntad de chantajistas y que miles de dominicanos se beneficien de un empleo justo, que no tengan que pagar licencias ni permisos a un grupo, que finalmente se hacen ricos a costillas de ellos.
Que Dios ilumine a los jueces Villalona, Mora y Torres, que estoy seguro tendrán presente que la justicia es un principio moral, que da a cada cual lo que corresponde. Que la justicia determina el bien común para la sociedad y como único camino de mantener la armonía entre los ciudadanos.
Y más importante aún, es el marco que define las relaciones entre las personas e instituciones para autorizar o prohibir acciones específicas que atenten contra el bien común.
Julio César, al decidir volver a Roma para enfrentar las acusaciones del Senado contra él, decide cruzar un río que le estaba vedado al ejército. En este caso, el sector empresarial ha hecho uso de un recurso que le establece la Constitución, pero al igual que César podemos decir, “Alea jacta est”. La suerte está echada.
