Ha sido causa de gran sorpresa el cuestionamiento hecho a la declaración jurada de bienes del diputado perredeísta por Hato Mayor, Cristóbal Castillo, por el director de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla.
El funcionario cuestiona el origen de la riqueza del legislador opositor declarada por éste al tomar posesión de su cargo. Se trata de una acción de mucho valor político para el actual gobierno y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), contra los que tantas acusaciones han sido formuladas por su tolerancia e indiferencia ante los hechos de corrupción atribuidos a muchos de sus funcionarios y dirigentes.
Han sido diversas las quejas externadas por sectores interesados de la población, principalmente del sector opositor, por la falta de sanción a los responsables de tales hechos en violación a la ley. En ello se incluyen querellas referentes a instituciones del oficialismo o municipales objeto de auditorías confirmatorias de responsabilidades de acciones fraudulentas alegadamente cometidas en el desempeño de sus funciones como tales, y contra los cuales aún la DPCA no ha decidido actuar.
Pero son aún mucho más los casos de denuncias contra funcionarios y personas ligadas al gobierno peledeísta que tras su ascensión al poder han adquirido cuantiosos bienes millonarios que antes no poseían. Tras la valiente posición asumida por la DPCA, ahora sólo falta que el organismo oficialista siga dando ejemplo de responsabilidad y firmeza con cualquier otro nuevo caso que ameritara su actuación.
Las grandes mansiones y posesiones de extraordinarios vehículos de gran lujo y costo podrían tomarse como pruebas fehacientes para reemprender el valeroso camino iniciado por la DPCA.
Deberían ser los propios funcionarios señalados por la opinión pública como sospechosos de enriquecimiento ilícito los más llamados a apoyar esta cruzada iniciada por su partido y gobierno, para posibilitar así que quede su imagen limpia.
