La Comisión de los Derechos Humanos con representación en Santo Domingo Este sometió por ante la justicia a la Oficina para Reordenamiento del Transporte (Opret) por alegados daños ocasionados a raíz de la construcción de la Línea 2B del Metro.
Joselín Santana y Víctor Félix sometieron a la Opret por ante el Tribunal Superior Administrativo.
Santana explicó que el sometimiento busca que más de mil personas sean indemnizadas o desalojadas de la zona de impacto donde se construye la extensión de la Línea II del Metro.
El subdirector de Opret, Leonel Carrasco, confirmó el sometimiento y defendió la institución encargada del manejo del Metro. “La única institución del Estado que resarce es la Opret. Hemos invertido 700 millones de pesos en desalojo para 1,327 familias y nadie puede señalarnos”, sostuvo el funcionario.
Mientras el presidente de la junta de vecinos de Las Lilas, Los Tres Brazos, Zona Oriental, Brígido Brito, precisó que la Opret le ofreció de 2.5 millones de pesos por un colmado de su propiedad y que luego la entidad estatal decidió darle el 20 por ciento de lo acordado por daños y perjuicios.
Explicó que su propiedad se encuentra entre una línea de 12 viviendas que fueron censadas para desalojo y que se hicieron acuerdos de pago, pero luego la Opret le dio “para atrás”.
Moradores que tienen sus viviendas y negocios próximos a la zona de impacto temen convertirse en víctimas de accidentes que pudieran ocurrir durante la construcción del puente que conectará la Zona Oriental con el Distrito Nacional.
