La crisis que afecta al sector eléctrico no tendrá solución durante todo el gobierno de Danilo Medina y será sólo a partir de 2016, si se iniciara este año la construcción de al menos 700 megavatios de energía de bajo costo por cuenta del Estado, cuando comenzaría un proceso de renegociación de las reglas de juego actuales en procura de reducir los elevados precios de la energía que suministra el sector privado.
Esto es así, porque es en el año 2016 cuando se vencen los actuales contratos firmados en 2001, el llamado “Acuerdo de Madrid”, y en este momento como en años anteriores, el Gobierno carece de mecanismos para hacer que los generadores privados acepten la renegociación de esos contratos vigentes.
En forma adicional, es preciso corregir otras distorsiones, como el llamado orden de mérito, mediante el que las plantas que van entrando al sistema, con precios de generación más altos, imponen el nuevo precio a que deben vender todas las demás que producen más barato.
¡Así como se lee! Las primeras plantas que entran al sistema cada día son las que tienen costos de producción más bajo, por ejemplo 9 centavos de dólar el Kw/h (monto hipotético); entonces, en la medida en que se necesita más generación, entran nuevas plantas a 12 centavos, y automáticamente la generación de 9 sube también a 12. Cuando entra otra plata a 15 centavos, automáticamente las de 9 y 12 suben a 15 y así sucesivamente, hasta llegar a los precios más elevados, que actualmente rondan los 20 centavos de dólar el Kw/h.
Si el Estado construye unidades suficientes con costos más reducidos, por ejemplo a 9 centavos de dólar el Kw/h, sus plantas entrarían por orden de mérito primero que las que tengan costos sobre ese nivel y así equilibraría el precio de generación a que deben comprar las distribuidoras. Es de esa forma como el Estado podría influir en una variación de costos de generación. Sin embargo, la construcción de una o dos plantas de 350 megavatios a gas natural o de carbón mineral (más baratos que el fuel oil o el gasoil), se tomaría por lo menos tres años. Es decir, que si se iniciaran este año, estarían listas en el 2016, justo cuando vencen los contratos del Acuerdo de Madrid, lo que le daría la condición ideal al Estado para forzar una reducción de precios de generación. No hay otra alternativa.
El Gobierno está actuando. Ya el presidente Danilo Medina, consciente de que la solución a la crisis no se logrará en su gestión, pero sí las bases que darán sustento a esa solución en el futuro, dispuso la convocatoria a licitación para contratar la construcción de dos plantas energéticas “llave en mano”, que serían propiedad del Estado y permitirán equilibrar el mercado de generación, a los fines de lograr precios más adecuados mediante la negociación y el consenso.
Las distribuidoras
Otros asuntos que afectan la operatividad y los costos del sector eléctrico son los precios diferentes a que las distribuidoras compran la energía a los generadores, a pesar de que las tres son estatales. El año pasado y en años anteriores, Edenorte y Edesur compraron energía por contrato entre 19.5 y 19.7 centavos de dólar el kilovatio hora (Kw/h), mientras que EdeEste la compró a un promedio de 11.4 centavos de dólar.
Sin embargo, las pérdidas operativas de EdeEste son más elevadas que las de Edenorte y Edesur. ¿Cómo se explica eso? Es una pregunta sin respuesta aparente. Pero la realidad es que el año pasado EdeEste, con un costo de energía mucho más bajo que el de las otras dos distribuidoras, registró pérdidas mucho más elevadas (34.8% frente a 33% de Edenorte y 27.6% de Edesur).
Ese resultado de mayor pérdida, aún con costos de generación mucho menor, se produce a pesar de que el número de clientes facturados de esa distribuidora fue de 722,982 al cierre de noviembre del año pasado, muchos más que los 641,248 de Edesur y casi igual que los 774,520 de Edenorte. Los cobros sobre energía facturada de EdeEste promedian 89.7%.
El pago del servicio energético
No hay dudas de que una de las razones principales del déficit operativo del sector eléctrico, que obliga al Estado a erogar más de US$1,000 millones cada año, es la limitación en las cobranzas y la decisión más política que económica de no ajustar la tarifa a los niveles que demandan los indicadores económicos, pues sería demasiado elevada y podría provocar protestas.
Pero el argumento de falta de pago de energía no es del todo válido. Las estadísticas indican que las distribuidoras cobran entre 89% y 93% de la energía que facturan a sus clientes, lo que indica que las pérdidas por esa vía no deben pasar un promedio de 10%.
Sin embargo, en términos reales, las pérdidas promedian el 35%. ¿Por qué? Entre las respuestas está el hecho de que las distribuidoras no le facturan energía al menos a una cuarta parte de los usuarios, es decir, gente que consume y no paga o que consume y sólo paga una proporción de su demanda y uso real de electricidad.
Ese es un aspecto que guarda relación directa con la deficiencia de las distribuidoras para facturar todo lo que colocan en redes y no precisamente para cobrar lo que previamente han facturado. Peor aún es el hecho de que la mayoría de energía no facturada o “robada” por los consumidores no es la de los barrios carenciados, como se piensa. Esos sectores representan menos del 12% de las pérdidas. La mayor proporción de energía perdida y posterior costo para el Estado y para los consumidores que sí pagan, está en sectores de clase media y alta, es decir, entre los que sí tienen capacidad para pagar y utilizan métodos de evasión que las distribuidoras no alcanzan a desmontar.
