La República Dominicana sigue quedando mal en los indicadores internacionales de corrupción administrativa. En el Informe de Competitividad Global 2016-2017 presentado por el Foro Económico Mundial, el país quedó entre los peores lugares en el indicador sobre ética y corrupción, al alcanzar apenas una puntuación de 2.2 de 10 en dicho índice. Este indicador se contrapone a otros en los que el país ha venido teniendo avances, tal y como se evidencia en este nuevo informe.
Desde el Gobierno se han estado realizando esfuerzos por revestir de una mayor transparencia la forma en que las distintas instituciones públicas manejan los recursos. En esta dirección se inscriben la mayor publicidad y apego a la ley en las contrataciones públicas, las veedurías ciudadanas, los sorteos de obras o los avances en la Cuenta Única del Tesoro. Sin embargo, es evidente que esto no ha sido suficiente para cambiar la percepción de la ciudadanía sobre los niveles de corrupción y su impacto en el país.
Una explicación posible de este fenómeno es la ausencia de una perspectiva integral en la lucha anticorrupción. Combatir este flagelo implica mejorar las prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el Estado; pero esto no es suficiente, si al mismo tiempo no se hacen los esfuerzos necesarios para enfrentar la impunidad. La prevención es solo una arista de un problema que requiere además de la sanción. Opacidad e impunidad van de la mano en las administraciones corruptas y por lo tanto, no es posible avanzar si no existen planes integrales e instituciones fuertes capaces de enfrentarlas.
En tal sentido, en materia de persecución y sanción de la corrupción, es donde mayor déficit se tiene. Los más grandes escándalos de corrupción de nuestra historia política reciente, no han podido ni siquiera llegar a un juicio de fondo. En materia de corrupción, los tribunales han preferido el archivo o el No Ha Lugar. El sistema judicial dominicano ha sido incapaz de desempeñar su rol de investigación, persecución y sanción de las acusaciones de corrupción contra funcionarios en los distintos períodos de gobierno.
Esa incapacidad no ha sido solo por la mala instrumentalización de expedientes por parte del Ministerio Público como ha indicado el Procurador; es más que eso. En más de una ocasión distintos actores de la justicia han actuado en connivencia con individuos sindicados como corruptos. Sin importar lo bien sustentada que haya estado una investigación, ha prevalecido la impunidad. Una de las explicaciones es la captura de la justicia por parte de grupos políticos y económicos que han procurado garantizar su protección.
