La reconocida organización Transparencia Internacional (TI), además de contribuir con la definición de indicadores que miden el impacto de la corrupción, ha venido aportando una serie de recomendaciones para que los Estados mejoren sus procesos de rendición de cuentas. Uno de estos aportes lo constituye la creación de Sistemas Nacionales de Integridad que ayuden a reducir los riesgos de corrupción en nuestras sociedades. Esto es muy importante, sobre todo en un país tan vulnerable como República Dominicana.
Los puntos básicos de estos sistemas tienen que ver con la toma de decisiones gubernamentales basadas en la transparencia, la existencia de una Cámara de Cuentas efectiva e independiente, así como con una defensoría del pueblo.
Además, es fundamental que se garantice el libre acceso a la información pública y que exista un sistema judicial independiente. Como parte de esta iniciativa, se demanda de un sector empresarial responsable y vigilante y de un Poder Legislativo con la voluntad de tomar acciones punitivas contra los funcionarios públicos corruptos.
En el caso dominicano, diversas organizaciones de la sociedad civil han venido promoviendo iniciativas dirigidas a impulsar una lucha efectiva contra la corrupción. Se destaca la integración en la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) y su monitoreo o en la promoción de un compromiso de los líderes políticos, incluyendo al Presidente de la República, con el Protocolo por Transparencia. También, el activismo del movimiento social en demanda de que cese la corrupción y la impunidad.
Las propuestas ciudadanas por la transparencia tienen que ver con la urgente aprobación de proyectos de leyes como el de Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito o el de Salarios en el Sector Público, la creación de la Cuenta Única del Tesoro, ordenando la centralización de los ingresos y los pagos del Gobierno central y de las instituciones descentralizadas. Además, la efectiva implementación de la Ley de Compras y Contrataciones en el Estado.
La agenda por la transparencia incorpora la demanda de garantizar la independencia funcional, presupuestaria y administrativa del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas. Al mismo tiempo, el cese de la impunidad, permitiendo que el sistema judicial funcione con eficiencia en la investigación de las denuncias de corrupción y la sanción de sus responsables. Es necesario que continúe la presión social para que el país pueda avanzar en esta agenda y podamos contar con un Estado transparente y dispuesto a enfrentar la corrupción.
