Los funcionarios que no presenten su declaración de patrimonio antes del 30 de este mes no recibirán su sueldo a partir del 1 de diciembre.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue quien dio a conocer esta disposición y quien advirtió que el servidor público que no presente este documento antes del 30 de noviembre, se estará interpretando “como una renuncia a sus funciones”.
“Todos los funcionarios públicos que, por mandato de la Constitución y la ley, estén obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio y no hayan cumplido con su obligación en tiempo y forma, quedarán excluidos de la nómina pública a partir del 1 de diciembre”, señala una carta dirigida a los servidores, firmada por Montalvo. El presidente Danilo Medina fue quien dio la instrucción.
De acuerdo con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, están obligados presentar este documento los funcionarios del Gobierno encargados de dirigir las instituciones, desde el presidente de la República hasta tesoreros municipales, ministros, viceministros, gobernadores provinciales, alcaldes y vice, el rector y vicerrector de la UASD, una inmensa lista que se resume en quienes administren fondos públicos, con categoría directiva.
El documento ha de ser depositado a la Cámara de Cuentas dentro de 30 días siguientes a la toma de posesión. También están obligados a rendir cuentas los funcionarios salientes, en un plazo de 30 días. La lista más actualizada (4 de noviembre) que tiene este organismo contabiliza a una limitada cantidad de 212 funcionarios que han entregado fuera de tiempo su declaración. Los funcionarios designados, electos, reelectos y cesantes que aún no han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio son 3,444 servidores públicos y si se incluyen los vocales, la cifra asciende a 4,727.
Esta disposición alcanza a los organismos del Poder Ejecutivo. De los 4,727 solo 70 fueron designados por decreto. De los demás cargos electos o de otros poderes (dígase los diputados y senadores, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y las altas cortes), Montalvo mostró su deseo a que se sumen a esta disposición.
Desde la Presidencia se advirtió que los esfuerzos no serán escatimados para que cada funcionario público cumpla lo obligado.
La carta distribuida a los medios indica que éste es un seguimiento y una muestra de las decisiones del Gobierno, de “actuar con firmeza para garantizar que las instituciones públicas actúan como ejemplo en el cumplimiento de la ley, sin excepciones”.
Los dos extremos: de RD$695 millones a nada
En las declaraciones de bienes del presidente, vicepresidenta y los ministros se han visto los dos extremos, desde funcionarios que no declararon nada, como el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, a tener RD$695,319,298, fue el caso del canciller Miguel Vargas. Le sigue Donald Guerrero (RD$634,039,907), Gonzalo Castillo (RD$509,174,673), José Ramón Peralta (RD$253,872,895) y Jean Alain Rodríguez (211,094,690).
