Durante esta semana se ha sentido con fuerza el debate sobre la integración de la Liga Municipal Dominicana (LMD). No se pueden ocultar las diferencias a lo interno del partido oficial y varios de sus aliados, respecto a quien debe dirigir esta institución. Este tipo de confrontación no es nuevo, se ha repetido por décadas en las proximidades de los 26 de enero de cada cuatro años, cuando corresponde elegir una nueva LMD. Esta ocasión siempre es propicia para reflexionar sobre el sentido de la Liga y su utilidad en una sociedad que hace esfuerzos por fortalecer sus gobiernos locales.
La LMD fue creada en 1938 mediante la ley No. 49-38, como una entidad de asesoría en materia técnica a los ayuntamientos y de planificación. Sin embargo, durante muchos años desempeñó un rol, asumiendo atribuciones que iban más allá de lo establecido por la ley. Con la aprobación de la Ley Municipal No. 176-07 se redefinieron sus funciones. Una de las virtudes de esta reforma fue que le quitó a la Liga la responsabilidad de la distribución de los recursos económicos a los ayuntamientos. No obstante, para este año, esta institución manejará un presupuesto de RD$849.3 millones, solo para asesoría a algunos pequeños municipios.
No se cuestiona la necesidad de un órgano eminentemente técnico que asesore y acompañe a los gobiernos municipales para su fortalecimiento institucional. Los gobiernos locales son las instancias de poder político más cercanas a los ciudadanos y por lo tanto, las que mayor capacidad de impactar en la calidad de vida de la gente tienen. Por eso, es fundamental que mejoren sus capacidades y se encaminen hacia una gestión eficiente y transparente. A esto no ayudará la LMD, pues en su historia ha demostrado su incapacidad de acompañar en esta dirección. Nada indica que a partir de ahora será diferente.
La LMD es un claro ejemplo de que en el proceso de consolidación de la democracia dominicana todavía tiene grandes retos. Ha sido difícil desprenderse de prácticas propias de los regímenes autoritarios y clientelares, como la existencia de las “instituciones botín”, que no sirven para otra cosa que no sea el reparto. En los necesarios pasos que deben darse para la reforma de la macro-estructura del Estado, una de las instituciones a cerrar es la LMD. Se debe pensar en emplear mejor los recursos que se destinan a esta institución, para que contribuyan al fortalecimiento de las iniciativas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que se llevan a cabo en diversas municipalidades.
