Lo que está pasando con el gasto público es preocupante y está explicando la continuada recesión que vive la economía en este momento. Las evidencias parciales disponibles sugieren que la actividad económica durante el segundo trimestre del año continuó deprimida, lo que implica que muy probablemente terminaremos con todo un semestre de un crecimiento muy bajo o nulo. Por lo menos hasta mayo, según datos de la DGII, las ventas de manufacturas, servicios y automóviles continuaban abatidas o en descenso, al igual que la demanda de bebidas y de combustibles.
El esfuerzo gubernamental por revertir el colapso del crecimiento en el primer trimestre no parece estar dando los resultados esperados. Y la explicación principal reside en que a pesar de que la inversión pública se reactivó en mayo y junio, todavía es insuficiente. Entre enero y abril, el gasto de capital del gobierno fue de algo más de 14 mil millones de pesos, menos de un 15% del total presupuestado.
Por fortuna, en mayo y junio la inversión pública se aceleró. En esos dos meses, el gobierno invirtió más que en los cuatro meses anteriores. Mientras entre enero y mayo, el gasto de capital promedio mensual fue de solo 3,500 millones de pesos, en mayo y junio, subió hasta 8,600 millones.
A pesar de eso, el gasto de capital para todo el semestre fue de apenas 31,600 millones, menos de un tercio de lo presupuestado para todo el año. Si la inversión continuase al ritmo que marcó en mayo y junio, a pesar de la mejoría, en diciembre todavía quedaría en más de 14 mil millones de pesos (15%) por debajo de lo presupuestado.
Pero lo más preocupante es que la lentitud de la inversión no tiene que ver con falta de recursos. Por el contrario, al cierre de junio, el gobierno estaba literalmente sentado sobre casi 28 mil millones de pesos. Esa era su posición de caja, es decir, la cantidad de recursos recibidos y no gastados. Las recaudaciones han respondido según las proyecciones, y hasta junio ascendieron a 183 mil millones de pesos. En adición, el gobierno ha recibido financiamientos por algo más de 80 mil millones de pesos, para un total de ingresos 264 mil millones. Mientras tanto, ha gastado 204 mil millones y ha pagado deudas por 32 mil millones, para un total de desembolsos de 236 mil millones. La diferencia es dinero disponible que no está siendo usado. Es una inmensa cantidad de recursos paralizados, que equivalen a 1.1% del PIB.
¿Por qué no los están gastando? Una actitud cautelosa en el gasto, especialmente a inicios de año, pudo haber estado jugando algún rol, pero creo que se trata, ante todo, de una incapacidad para asignar fondos de manera oportuna a un conjunto de pequeños proyectos de infraestructura. Una característica positiva del presupuesto de 2013 es que desconcentró la inversión y asignó mayores fondos para proyectos fuera de los grandes centros urbanos, incluyendo escuelas. Desafortunadamente, la decisión se enfrenta a una maquinaria administrativa del Estado holgazana, que por décadas se ha acostumbrado a gastar en grandes obras asignadas a consorcios privados, las cuales no requieren mucho esfuerzo de gestión. El cambio hacia obras más pequeñas ha puesto en aprietos a esa maquinaria y ha revelado su atrofia e incapacidad.
De allí que el reciente anuncio que se ha hecho sobre el inicio de un conjunto de grandes proyectos públicos de infraestructura urbana parezca ser la respuesta del gobierno a la urgencia de reactivar la economía a través de la inversión pública. También puede responder en parte a urgencias políticas en el afán por recabar apoyos de grupos económicos de peso.
El costo, sin embargo, podría ser un cambio en el perfil de la inversión pública, la vuelta a los megaproyectos con menor rentabilidad social y la posposición de la solución a inaplazables inversiones en numerosas comunidades largamente relegadas.
Estar sentados sobre 28 mil millones de pesos en un contexto de recesión y desempleo es inaceptable, pero volver a lo que sabemos que no funciona para la gente que más necesita del apoyo del Estado tampoco lo es. Tiene que haber una solución más efectiva. El Estado dominicano nos sale carísimo. Pagamos por soluciones.
