La apuesta por el fortalecimiento institucional sigue siendo una tarea pendiente en la República Dominicana. Las elites políticas no se han dado cuenta que esta es una de sus responsabilidades fundamentales, si quieren contribuir con la calidad de la democracia en el país. En el largo y tortuoso camino de transición y consolidación de la democracia dominicana pos-dictadura, se ha preferido perpetuar las prácticas clientelistas y neo-patrimonialistas desde el Estado. Esto bajo el entendido de que es un elemento, que aunque heredado del autoritarismo, sigue ofreciendo rentabilidad política, y por qué no, grandes beneficios económicos.
Para diversos autores, el principal reto de la democracia dominicana lo constituye la debilidad del Estado de derecho y la ausencia de una mediación política efectiva (Hartlyn, 2008). Con relación a lo primero, parece que la responsabilidad del liderazgo político llega hasta la aprobación de un marco jurídico y constitucional que reconozca derechos, sin que haya garantías efectivas para su pleno ejercicio. Una cosa dicen las leyes y otra las prácticas políticas e institucionales. Una parte de los dirigentes políticos, una vez llegan al poder, son los primeros en desconocer lo que establecen la Constitución y las leyes en materia de respeto a la institucionalidad y a una real separación de los poderes y del cumplimiento de su rol.
Los últimos escándalos desatados en el Poder Judicial de la República Dominicana, ponen en evidencia lo que venimos señalando. A pesar de que la Constitución es clara respecto a la integración de una justicia autónoma e independiente, y de que esta había sido una demanda hecha durante décadas por distintos sectores, la dirigencia político hizo caso omiso y optó por la repartición. Se estructuró una justicia sin venda, obediente al poder político, presta a impedir cualquier investigación o sanción contra la corrupción. Este fue uno de los resultados del pacto de las corbatas azules.
Lo más preocupante es que no se dieron cuenta que una estructura judicial diseñada para favorecer la impunidad en los casos de corrupción, iba a servir también para proteger el crimen organizado. Jueces dedicados a libertar a criminales y a devolver bienes a narcotraficantes, ponen de manifiesto el profundo deterioro del sistema de justicia en el país. Las denuncias hechas al respecto no pueden quedar impunes o resolverse con simples sanciones disciplinarias, esto debe llegar ante la justicia penal. Pero lo más importante, es que esto debe constituirse en una señal para que la clase política entienda que debe sacar las narices de la justicia y permitir que este importante poder del Estado sea integrado por jueces de carrera.
