El presidente del Senado anunció esta semana que en los próximos días esta institución decidirá sobre la composición de la nueva Junta Central Electoral. Según su reglamento interno, este órgano legislativo deberá designar a los miembros titulares de la JCE y sus suplentes, en un plazo no mayor de los sesenta días hábiles siguientes al inicio del período constitucional correspondiente. La importancia de este proceso radica en que deberá concluir en la selección de una nueva institución electoral que goce de la confianza del conjunto de la sociedad.
Lo que pase en el Senado es relevante además, porque se constituye en el punto de partida de un conjunto de acciones que tienen que llevarse a cabo en el país para mejorar la calidad de las instituciones y de la política. La opinión pública está muy pendiente de la manera en que el Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura integrarán los principales órganos constitucionales y las Altas Cortes. Al mismo tiempo, distintos sectores demandan que no se le dé más largas a la discusión y aprobación de las leyes que vendrían a reformar el sistema político y electoral.
Con la decisión del Senado, respecto a la JCE, se comprobará si la clase política está dispuesta a continuar con la práctica tradicional de repartición partidaria de los cargos en las instituciones esenciales para la democracia o apuestan a la ruptura con esta tradición. Esta apuesta significaría que los criterios fundamentales para la selección de los nuevos miembros del órgano electoral, no serían el de su militancia o lealtad al líder del partido, sino su competencia, conocimiento del área electoral, capacidad gerencial y su trayectoria ética.
El propósito último debe ser integrar una JCE que sea capaz, que goce de credibilidad entre todos los actores políticos y sociales y que pueda actuar con absoluta autonomía e independencia en el desempeño de sus funciones. El nuevo órgano electoral deberá estar en capacidad de afianzar los avances que ha tenido el país en materia de administración electoral y asumir el reto de enfrentar las dificultades que aún siguen estando presentes.
Por estas razones, el Senado deberá hacer todos los esfuerzos necesarios para un buen proceso de selección. En tal sentido, deberán asegurarse dos condiciones: la primera, una reforma previa de la ley electoral; y la segunda, que se lleve a cabo un procedimiento transparente que implique que los distintos actores sean escuchados, que se establezcan criterios técnicos de evaluación de las distintas propuestas de candidatos (as) y que la población tenga información detallada sobre el proceso.
