Cotuí. En la provincia Sánchez Ramírez se necesitan acueductos, estancias infantiles, caminos vecinales para transportar la producción agrícola y otras obras y servicios.Ideas y proyectos para mejorar la condición de la gente hay de sobra, pero los recursos económicos no aparecen. Por ejemplo, “Fantino quiere crear agroindustrias que generen empleos y lo propio quiere Cevicos. Maimón quiere un programa agropecuario…. en fin, aspiraciones existen por todos lados, pero no hay dinero”, es la queja que surge.
Hasta el año 2014, el dinero que debía recibir Sánchez Ramírez, por concepto de la riqueza minera que extrae de su territorio Barrick Pueblo Viejo ascendía a RD$1,300 millones, fondos que alcanzarían para resolver una parte importante de los problemas existentes. “Esos millones, que por aquí no llegan y que de 2014 a la fecha suman muchos más”, de acuerdo con dirigentes de diversos sectores, equivalen al 5% que le corresponde a la provincia, como lo establece la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) en su artículo 17.
Esa falta en la entrega, por parte del Poder Ejecutivo, excluye a decenas de miles de dominicanos de construir con sus propios recursos un mejor futuro, asegura Luisa Suárez, directora del Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora (Ceformomali).
Suárez no es la única persona que toca el tema. Más de 100 organizaciones enviaron una carta al Presidente de la República, en la que externan una serie de quejas. Entre esas organizaciones figuran de amas de casa, juntas de vecinos, productores de distintos rubros agrícolas de las 17 comunidades que tienen vínculos con la mina Pueblo Viejo y otros sectores representativos.
“Nosotros y nosotras, representantes de más de cien organizaciones sociales de las comunidades impactadas por la actividad de Barrick Pueblo Viejo, nos dirigimos a usted para solicitar que el Poder Ejecutivo cumpla con el mandato de la Ley de 64-00, y entregue a nuestros pueblos, a través del Presupuesto General de la Nación, el 5% de los fondos que el Estado está recibiendo por las exportaciones del oro extraído de nuestro territorio por la Barrick Gold”, dice la misiva enviada al jefe del Estado.
La carta agrega: “Esta solicitud de cumplimiento de la ley y la institucionalidad incluye, señor Presidente, nuestro compromiso ciudadano de acompañar y fiscalizar a nuestras autoridades locales para garantizar que cada centavo se invierta en proyectos y planes de desarrollo que permitan alcanzar niveles de vida digna para la mayoría de nuestra gente”.
Los vinculados al reclamo en la provincia Sánchez Ramírez son los municipios Cotuí, con los distritos municipales Zambrana, Quita Sueño, Platanal, Caballero y Comedero Arriba; Cevicos, con el distrito La Cueva; Villa La Mata, con los distritos La Bija, Angelina y Hernando Alonzo; y el municipio de Fantino, que tiene a las comunidades San Miguel, Bacumí, Barrio Lindo, La Paja y otros. En la provincia Monseñor Nouel figuran los municipios Maimón y Piedra Blanca, con los distritos Villa Sonador y Juan Adrián.
Esas comunidades figuran entre las más pobres de la región Norte, cuentan con una población que alcanza las 192 mil personas, y sus autoridades locales están organizadas en la Mancomunidad para el Desarrollo de la Franja Oriental Cibao Sur. La dirigencia social de la provincia, en una jornada de ocho talleres de construcción colectiva elaboró la línea estratégica y dio origen a la campaña vigente de reclamo.
Se mide la cercanía, la pobreza y otros puntos
La distribución de los fondos mineros, según la propuesta técnica de la Mancomunidad (2011) debe darse de la siguiente manera: 65% de los fondos distribuidos partiendo de la cantidad de población del municipio o distrito municipal; 15% según la cercanía de la mina; y 20% según el nivel de pobreza, con una escala creada en base a informes oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La metodología de distribución es una guía de referencia.
