La sociedad civil, la que genuinamente integran los grupos organizados independientes de los partidos políticos, tiene el deber de asumir el control del debate de los grandes temas nacionales, para evitar su festinación y que el país acabe, en las garras de los clanes partidistas, más pendientes de sus propios asuntos que los de la República.
Sólo esa reorientación de la agenda nacional pondrá al país en la senda de una discusión amplia de sus problemas fundamentales, a fin de colocar en el orden correcto aquellos que han quedado rezagados en la arena movediza del partidismo político, de donde parece imposible extraer verdaderas y perdurables soluciones. El camino por el que nos han conducido termina en un desfiladero, repleto de atajos que no llevan a ninguna parte.
Como parte importante de la sociedad civil, el empresariado, por conducto de las organizaciones que lo representan, está llamado a jugar un papel de primer orden en ese esfuerzo y esa es una responsabilidad irrenunciable. Las diferencias que a veces reflejan una falsa o coyuntural separación de intereses en ese ámbito, que harían imposible todo acuerdo en la búsqueda de posiciones sobre una agenda país, pueden ser muchas pero más deben ser los puntos en los que existen coincidencias. Es sobre esa base y no otra, desde donde debe partir el necesario concierto de voluntades que tanta falta nos hace como nación, para salir del estancamiento y superar los lastres morales que el populismo y la apetencia de poder, fama y riqueza de los clanes políticos dominantes han cernido sobre el futuro nacional.
Un primer y obligado paso tiene que ser una descripción de objetivos básicos, que comprometa a todo el sector y conduzca a una clara definición de roles que asigne al Estado sus deberes como regulador y saque sus insaciables manos del ámbito de la actividad privada.
