El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, dijo este miércoles que cualquier decisión, interna o externa, que vaya en menoscabo de la soberanía nacional y de los órganos constitucionales es contraria al ideal de Juan Pablo Duarte y a la Constitución.
Rosario respondió sobre el particular al ser cuestionado sobre el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que pidió a la República Dominicana devolver la nacionalidad a todos los nacidos en el país que supuestamente fueron afectados con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).
“Los dominicanos tenemos una obligación, primero como ciudadanos, de defender nuestra nacionalidad y nuestra soberanía, y segundo, como Estado, tenemos la responsabilidad, lo que tenemos función pública, que es mi caso, de preservar ese mandato que le dan los ciudadanos de garantizar su independencia y su soberanía”, apuntó.
En tal sentido, el presidente de la JCE le recordó a la CIDH que el país es un Estado independiente, que maneja su política con la soberanía propia de una nación y un conjunto de cuerpos constitucionales del Estado, quienes ejercen a plenitud su soberanía.
“Por tanto, yo pienso que cualquier decisión, de cualquier órgano internacional debe hacerse en respeto a las políticas públicas que definen al pueblo dominicano. El pueblo dominicano se expresa votando, se expresa tomando decisiones en las elecciones de sus autoridades”, expresó Rosario, luego de que el pleno de la JCE depositara una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
En su exposición, Rosario defendió la Ley 169-14, la cual establece un régimen especial para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país que fueron afectados con la sentencia 168-13, ya que la misma dijo se trató de un ejercicio de soberanía del Estado dominicano, concitando la unanimidad de todos los sectores políticos, sociales y económicos del país.
Posteriormente, Rosario puso el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. “Al ritmo que vamos, CIDH redactará por nosotros la Constitución, leyes y sentencias de RD y si no vuelven como 1965″.
Ayer, la Cancillería calificó de inaceptable el informe del organismo, por considerar que el mismo fue elaborado con “datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones”, en franco desconocimiento de los significativos avances alcanzados en el país en esa materia de alta prioridad en la administración del presidente Danilo Medina.
