A cinco años de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, aún faltan por aprobar y adecuar varias leyes que deben estar acordes y actualizadas con el marco jurídico y con la naturaleza del Estado social y democrático de derecho proclamado en esa Carta Sustantiva.
Leonel Fernández, en el 2010, designó mediante el decreto 35-10 una comisión consultiva, conformada por connotados juristas y adscrita a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, para crear y actualizar leyes y resoluciones vigentes para que estén conformes con la Carta Magna. La comisión consultiva tiene años que no se reúne para continuar esos trabajos.
Eduardo Jorge Prats, miembro de esa comisión, al conversar con elCaribe, sostuvo que faltan por aprobar leyes tales como: la de partidos y agrupaciones políticas, la de reforma de la Policía Nacional, la de Ordenamiento territorial, la de Administración Local, la de Control Judicial de la Administración Pública, la de Anti-Discriminación (en virtud del artículo 39 de la Constitución) y la relativa al referendo, que le corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) su elaboración.
Adecuadas y aprobadas
Explicó que primero fueron adecuadas las leyes orgánicas del Poder Judicial (28-11), la del Tribunal Superior Electoral (29-11), la del Consejo Superior del Ministerio Público (30-11), la del Consejo Nacional de la Magistratura (138-11) y la del Ministerio Público (133-11). Pero que luego, esas legislaciones fueron aprobadas, conjuntamente con las leyes orgánicas de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas, la relativa a los Derechos de las Personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, así como la de Protección de Datos de Carácter Personal (172-13), entre otras.
Referendo
En cuanto al referendo, el constitucionalista, quien también formó parte de los versados que elaboraron la Constitución del 2010, manifestó que la JCE cuenta con la iniciativa legislativa para presentar el proyecto de ley sobre los diferentes mecanismos de participación popular, incluyendo el referendo.
El artículo 210 de la Carta Sustantiva dice: “Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones: 1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada; 2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara”.
Al ser cuestionado sobre la nueva Constitución, Jorge Prats la defendió por entender que ese nuevo ordenamiento constitucional cuenta con un amplio catálogo de derechos fundamentales, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales, y sus respectivas garantías.
“En ese sentido, la Constitución de 2010 se ha caracterizado por ser positiva y un avance para nuestra sociedad. Es relevante destacar que la Constitución de 2010 establece como eje transversal la dignidad de la persona, indicando este derecho a lo largo del texto constitucional, desde el preámbulo, como fundamento de la Constitución en el artículo cinco, hasta el artículo 38, que establece el derecho a la dignidad humana como un derecho fundamental”, expuso.
Sociedad civil
De su lado, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, consideró necesario aprobar y actualizar esas leyes, ya que son las que complementan la arquitectura constitucional, tras asegurar que de lo contrario, se estaría cayendo en la inconstitucionalidad.
“Nosotros tenemos lo que es el tránsito de una democracia representativa a una participativa; artículo dos de la Constitución de que la soberanía descansa en el pueblo y esa democracia participativa que aspiramos instaura una serie de mecanismos de participación popular que requieren y necesitan de leyes especiales para su desarrollo”, precisó.
Vidal Potentini puso de ejemplo la iniciativa legislativa popular, capacidad que se le asigna a cada dominicano para que pueda someter proyectos de leyes, siempre y cuando tenga el aval del 2% de los inscritos en el padrón electoral.
“Pero ciertamente, hace falta una ley que desarrolle cuál es el mecanismo y cuál es la forma en que se van a someter esos proyectos de ley, pero así mismo también, los artículos 201, 210 y 272, plantean el referendo en tres modalidades: para lo municipal, para la consulta popular y para la reforma a la Constitución”, insistió el presidente de FJT.
Entiende necesario que la ley de partidos políticos sea aprobada lo antes posible, por lo que recomendó al Congreso Nacional abocarse a conocerla, así como las demás disposiciones constitucionales que se requieren para cumplir con el texto constitucional del 2010.
Asimismo, el presidente FJT acusó al presidente Danilo Medina de tener una visión limitada de la reforma del Estado, ya que desde que asumió el gobierno eliminó el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, entidades que consideró debieron ser reformadas y no suprimidas.
“Tenemos un Poder Ejecutivo que no tiene liderazgo para coordinar”, agregó.
Siete connotados juristas componían la comisión
Además de Eduardo Jorge Prats, la comisión consultiva estaba conformada por los doctores Mariano Germán Mejía, Flavio Darío Espinal Jacobo, Olivo Andrés Rodríguez Huertas, Milton Ray Guevara, Alejandro Moscoso y Adriano Miguel Tejada, así como los licenciados Reinaldo de Jesús Ramos Morel, Katiuska Jiménez y Luis Julio Jiménez. Luego de que las altas cortes (Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral), quedaron conformadas, los miembros de la comisión prácticamente quedó disuelta, ya que no se han reunido nueva vez.
