El Senado concluyó un largo y accidentado proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE). Puede decirse que la escogida, es una Junta de equilibrio. La mayor parte de las personas que la componen gozan de credibilidad y cuentan con las condiciones profesionales y morales para realizar el trabajo que demanda un órgano como ese. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se puede decir que un determinado partido cuenta con el control absoluto de esta institución. Ese es un paso de avance.
El reto principal de los nuevos integrantes del órgano electoral es el de recuperar la confianza en la propia JCE, la cual fue seriamente lesionada por el modelo de gestión anterior caracterizado por la centralización y el personalismo. Los retrocesos en materia de administración electoral durante los pasados comicios, también afectaron su credibilidad. Es por esa razón que esta institución debe experimentar un cambio fundamental en su funcionamiento, operando como un órgano colegiado que tiene como centro el trabajo en equipo.
Un cambio en la gestión implica, además, que se asuma un mayor compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Esto debe tener como punto de partida la realización de auditorías técnicas y financieras de los más importantes procesos de contrataciones realizados por la JCE durante los últimos tres años. Estos procesos fueron el de la licitación pública para la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral y el de la licitación realizada para suplir la tecnología destinada al escrutinio y al padrón de concurrentes en las pasadas elecciones.
Por otro lado, la Junta recién integrada deberá jugar un rol de liderazgo en los esfuerzos que se llevan a cabo en el país para lograr una profunda reforma del sistema político y electoral. Los aportes técnicos de esta institución y su motivación, dirigida a generar una mayor consciencia ciudadana sobre la necesidad de mejorar la calidad de la democracia electoral, deberán contribuir a que la clase política se decida a aprobar la ley de partidos y agrupaciones políticas y la reforma de la Ley Electoral.
Con o sin reformas políticas, la nueva JCE debe emplearse a fondo para hacer cumplir la Constitución y las leyes en materia electoral. Eso implica una efectiva regulación que permita una mayor equidad, transparencia e inclusión en los procesos electorales. Por último, se espera que se logren avances significativos en el tema del registro civil, de manera que se pueda superar el serio problema de la falta de documentos de identidad de una alta proporción de dominicanos.
