Es creciente la tendencia de los gobiernos a fijar reglas para definir el concepto de la responsabilidad periodística, como son los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador y desde hace cinco décadas en Cuba. No es tarea fácil determinar cuáles son esos límites, a menos que sean los que se fije a sí misma cada medio. Resulta chocante la aceptación que goza en ciertos medios periodísticos, la teoría de que la potestad de establecer límites y reglas a esa responsabilidad cae o encaja dentro de las atribuciones del gobierno.
La experiencia ha demostrado que siempre que la autoridad pública, cualquiera sea su naturaleza, pueda directa o indirectamente limitar esa responsabilidad, la independencia y la libertad de prensa quedan virtualmente suprimidas. La intervención de un gobierno en el campo de la actividad periodística equivale a otorgarle la capacidad de decidir qué puede o debe publicar un diario. Transferir esa capacidad de las redacciones a los despachos de algún ministerio equivale a asestarle una puñalada a la libertad, y la posterior desaparición de una prensa crítica y libre. No existe un solo ejemplo que permita dudar de esta aseveración tan categórica y bastaría citar como ejemplos los casos de Chile, en la dictadura del general Augusto Pinochet; de Cuba, bajo el régimen castrista y en Nicaragua, en la era sandinista y antes bajo la dictadura de los Somoza.
Con frecuencia se esgrime la negativa o renuencia de un periódico a publicar informes o artículos de opinión que no se ajustan a sus criterios y políticas editoriales, como la prueba de que se requiere de un método gubernamental para fijar la responsabilidad de los medios de comunicación. Pero obligar a un medio a publicar aquello que considere contrario a su propia escala valorativa, constituye un atentado a la libertad de expresión, que es la base del funcionamiento de una prensa realmente libre y democrática.
