Hay un fuerte consenso nacional en la necesidad de ordenar la inmigración. En eso coinciden desde aquellos que han venido defendiendo los derechos fundamentales de la población migrante, especialmente contra el maltrato y el abuso de poder, hasta quienes ven en la inmigración, especialmente la haitiana, un peligro. A pesar de eso, no está del todo claro que la regularización y el ordenamiento migratorio vayan a terminar funcionando de la manera en que se aspira.
Por una parte, una proporción importante de la población migrante no se acogió al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular. Varias parecen ser las causas. Una fue que, por incapacidad o negligencia, el Gobierno haitiano falló miserablemente en documentar a sus migrantes. Una segunda fue los muy elevados requerimientos de documentación que les fueron exigidos a los y las migrantes. Eso desalentó a muchos, a lo que se suma la desconfianza y el escepticismo, entendible después de décadas de negligencia pública. Además, el Gobierno tardó en proveer las facilidades físicas y el personal en la cantidad y con la capacidad necesarias para llegar donde había que llegar oportunamente para lograr vencer la desconfianza de la población migrante.
Un tercer elemento fue que muchos empleadores no colaboraron. Unos no lo hicieron porque, como es el caso de la pequeña agricultura, no tienen la capacidad por la precariedad económica de las unidades productivas y las condiciones informales de contratación laboral; otros probablemente actuaron en franco desafío al proceso de regularización. Por último, hay que recordar que parte de la población migrante haitiana en situación irregular no está establecida en el territorio dominicano sino que viene por temporadas y retorna regularmente a Haití. Eso puede desalentar la regularización.
De todas formas, para algunos, el elevado número de migrantes que solicitó regularizarse puede ser motivo para un cauto optimismo. Sin embargo, el significado definitivo depende del número que termine siendo regularizado.
Independientemente de los méritos de cada caso, mientras menor sea el número, probablemente menor efectividad terminará teniendo el proceso porque a quienes no optaron por regularizarse se sumarían aquellos rechazados, lo que mantendría un importante número en la misma situación irregular de siempre, en un contexto en donde la repatriación masiva parece una opción poco viable.
Por otra parte, para que la regularización migratoria funcione se requiere de un efectivo control fronterizo. Para cualquier país que comparta frontera con un vecino en donde las oportunidades económicas sean mucho más reducidas, el control migratorio de la frontera es un enorme desafío. Pero es especialmente difícil si el país receptor, como en el caso de la República Dominicana, tiene claras incapacidades técnicas e institucionales y a la vez tiene sectores con poder que resistirían una reforma migratoria porque ella implicaría perder los beneficios que le genera la situación actual. Este es el caso por lo menos de quienes se benefician del tráfico de personas, ya sea porque ellos son los que trafican, porque reciben beneficios por este tráfico, o porque se benefician del trabajo de la población traficada o que migra irregularmente.
El objetivo final de la regularización es igualar condiciones de inserción económica, social e institucional entre migrantes y no migrantes, a fin de erradicar el abuso, la explotación y la competencia empobrecedora, y uno de los objetivos del control migratorio es que la igualación de esas condiciones no sea erosionada por un flujo desproporcionado de migrantes irregulares que genere incentivos fuertes al trato desigual.
Pero como se ha visto, para lograr esto habrá que hacer varias cosas. Primero, habrá que hacer esfuerzos adicionales, a través de mecanismos novedosos, para regularizar a la población migrante asentada que no logró hacerlo.
Segundo, habrá que transformar radicalmente las instituciones de control migratorio en la frontera, erradicando la corrupción y las prácticas abusivas, y mejorando la efectividad de los controles. La veeduría y la vigilancia ciudadana pueden jugar un papel clave en esto.
Tercero, habrá que implementar mecanismos que garanticen igualdad en las condiciones de contratación laboral entre migrantes y no migrantes, y pleno cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad social y en el acceso a servicios sociales.
No se trata sólo de regularizar, sino también de controlar y de vigilar por el ejercicio de derechos.
