Una angustiada viuda, temerosa de que quede impune el asesinato de su marido, un regidor del Partido de la Liberación Dominicana, le ha advertido públicamente al presidente Danilo Medina que podría inmolarse con sus hijos si en el plazo de tres semanas no se abre un juicio de fondo sobre el caso. El acusado de tan horrendo crimen fue puesto en libertad, como medida de coerción, por el tribunal que conoce el expediente. El grito de dolor de esa madre atormentada refleja la pérdida creciente de confianza en la credibilidad y seriedad de la justicia. Muchos dominicanos están convencidos, además, de que no puede esperarse de los tribunales el compromiso de hacer valer las leyes contra el enriquecimiento ilícito en detrimento del patrimonio público.
Cuando leí la información, me apresuré a escribir en Twitter que vivir en democracia supone también evitar a toda costa la intervención de un Presidente en las decisiones de la justicia. La esencia de una democracia consiste en la independencia de los poderes. Si esta independencia no funciona, desaparece toda posibilidad de justicia y las libertades y los derechos humanos quedan en manos de las decisiones de un jefe de Estado. Entiendo perfectamente el dolor de esa familia y la amenaza que la impunidad del crimen tiende sobre la sociedad. Pero lo peor que pudiera ocurrir sería que sensibilizado por el sufrimiento y la angustia de esa madre, el Presidente decidiera hacerle justicia ordenando un juicio de fondo sobre el acusado. De hecho, ya el Gobierno hizo la tarea que le correspondía en el caso poniendo el Ministerio Público el expediente en poder de un tribunal.
La demanda de la viuda del regidor debe dirigirse pues al Poder Judicial, responsable de impedir que atroces asesinatos queden sin las sanciones que imponen las leyes. De esa manera se fortalecería la aspiración nacional de alcanzar una justicia sana, conforme al buen derecho.
