Tomo prestado el título de la famosa novela, libremente usado como pregunta que suele dispararse ante lo aparecido con rumbo inesperado o extraviado, para advertir cómo vemos muchos el telón de fondo subyacente bajo el escándalo de corrupción sobre la compra de los aviones Super Tucano, Tuc, para el resto de este escrito.
Se pensaba que tras la escandalosa traída de Quirino sin otra consecuencia que su letal efecto en la contienda preelectoral morada; la pérdida de impulso en la indagatoria de la PEPCA sobre la mortal telaraña de sobornos y extorsiones en OISOE; y de que alrededor de la mitad de los funcionarios estatales se saltaran la declaración jurada de bienes, primer control legal contra la corrupción administrativa.
Se suponía que tras esas demostraciones de debilidad frente a la corrupción, el gobierno jamás volvería con allantes para hacer creer que la perseguiría, y seguiría distanciándose de una política efectiva -filosofía y prácticas- en contra del cohecho.
Pero he aquí que en vísperas del traspaso de mando de Danilo a Danilo, el PEPCA se destapa removiendo el expediente de la sobrevaluación y sobornos de los Tuc.
La primera piedra de escándalo es que centran la investigación en la vereda del soborno de 3.5 millones de dólares, cuando el camino real está en la denunciada sobrevaluación de la compra redondeada en un préstamo que, con su “logística”, se nos encarama en más de 93.5 millones de dólares, o sobre los 4 mil 300 millones de pesos.
Pese al elevado monto envuelto, la jerarquía de funcionarios involucrados, y gravedad de los delitos, más de un pasaje del escándalo parece de película, una anécdota más de la chercha que es aquí el manejo de la cosa pública, ante lo que debemos preguntar: ¿vamos hoy hacia algún lado, en materia anticorrupción?
El primer pasaje emergió cuando, inesperadamente, Rafaelito Núñez, el vocero de los gobiernos de Fernández, denunció “el chantaje”, la “justicia selectiva” con que actúa la Procuraduría General en el caso.
Siguió el exjefe de las FF.AA, y general piloto Peña Antonio demandando “un trato igualitario” y lanzando el misil aire-aire de pedir “una auditoría general”, pesada demanda a la que nadie le ha querido meter el lápiz.
Cuando a Leonel le preguntaron sobre el expediente Tuc, respondió cinemascópico: “Esa película no se ha dado todavía aquí…”, dejando la zurrapita de que: “A lo mejor se dará Super Tucano parte II”.
En los cambios del 16 de agosto, que en lo fundamental nada cambiarán, a Francisco Domínguez Brito, con todo y/o quizás por las visitas que le dispensaba Mr. Brewster, ¡se lo llevaron!, en una acción que no hay quien le saque de la cabeza a la calle que fue por la investigación Tuc.
Mas mientras por aquí adolezcamos de falta de institucionalidad y tengamos un Estado incapaz de hacer efectiva su primera obligación, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, al gobierno nada le importará lo que piense o diga la calle. Amén.
