Concluye el año 2016 y desde hace semanas se vienen realizando evaluaciones que permiten ver los avances y retrocesos que ha tenido el país durante este período. El crecimiento y la estabilidad macroeconómica siguen siendo indicadores favorables de la realidad económica. En materia social, se destacan los esfuerzos que se vienen haciendo para mejorar el sistema educativo dominicano y los acuerdos arribados entre el gobierno y los gremios del sector salud, los cuales deberán repercutir en la calidad del sistema y en la mejoría de los servicios sanitarios que reciben los ciudadanos.
Sin embargo, existen temas de preocupación en esas áreas, a los cuales no se les terminan de dar respuestas. Entre estos temas están el déficit fiscal y el endeudamiento externo en el plano económico y la desigualdad, la falta de empleos de calidad y la inseguridad ciudadana en el ámbito social. En términos institucionales, el año que termina tiene muy poco que exhibir. Fue un año electoral en el que imperó la falta de regulación, la inequidad en la competencia electoral y la baja calidad de la campaña. Tampoco se dieron señales claras de combate a la corrupción y la impunidad. Por otro lado, el deterioro de la justicia continuó en perjuicio de los usuarios del sistema.
La llegada del año nuevo genera expectativas sobre la posibilidad de superar estos grandes desafíos. Entre muchos dominicanos no solo se comparten deseos de cambios en la situación personal o familiar, sino además, de que se pueda avanzar en hacer de la República Dominicana una mejor sociedad. Algunos incluso establecen metas muy concretas relacionadas con temas que ayudarían a impulsar los cambios que requiere el país. Entre estas metas se encuentran la aprobación de la ley de partidos políticos y la del régimen electoral; la conclusión del pacto eléctrico; la reforma de la estructura fiscal a través de un pacto fiscal; un plan efectivo de seguridad pública y la persecución y sanción de los actos de corrupción.
El compromiso de los diversos actores es hacer que estos deseos se conviertan en realidad. En primer lugar, las instituciones del Estado tienen la obligación de avanzar en las reformas que están pendientes; aunque lo más importante es su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes. A los partidos políticos les corresponde actuar como organizaciones que representan los distintos intereses de la ciudadanía y no como simples maquinarias en campañas electorales permanentes. A la ciudadanía y sus organizaciones, les toca romper con la apatía y la desmovilización y demandar las transformaciones que requiere el país.
