El reciente fallo del Tribunal Superior Administrativo en ocasión del recurso de amparo elevado por el CONEP en representación de las más importantes asociaciones y empresas del país, el cual ordena a las instituciones accionadas cumplir con las facultades que la ley les pone a cargo, ya sea para velar porque no se establezcan monopolios prohibidos por la Constitución, garantizar la libre competencia, la organización y control del transporte y el ejercicio pacífico del derecho a la libre contratación; retrata la precaria situación institucional del país, pues deja evidenciado que lo que sucede con el transporte es simplemente falta de aplicación de la Constitución y las leyes.
Parece inverosímil que tengamos que considerar que este fallo representa un hito no solo en nuestra historia del transporte, sino en la de la justicia administrativa, pues tan usual es que funcionarios e instituciones no cumplan con la ley, como que no haya ninguna acción por dichos incumplimientos y mucho menos sentencias o sanciones.
Los empresarios del transporte, apandillados en supuestos sindicatos, se adueñaron a la fuerza del servicio de transporte de pasajeros y carga del país, lo que ha ocasionado años de atraso, mal servicio, inseguridad, accidentes y muertes. Pero lo peor es que ante esta calamitosa realidad a la gente no le quedó más opción que buscar su propia solución de transporte, lo que ha convertido el tráfico de nuestra capital y otras ciudades en caótico, riesgoso e inviable; situación que de no buscarse rápidas soluciones, se hará inmanejable.
Estos pseudo sindicalistas que para muchos no son más que mercaderes y verdugos del transporte, no solo se atrincheraron para apropiarse del sistema, sino que durante años han jugado al chantaje para conseguir de cada gobierno las prebendas solicitadas, que solo han dejado escándalos de corrupción y que en nada han beneficiado a los usuarios del transporte porque todo ha ido a parar a los bolsillos de sus dueños; algunos de los cuales por accidentes del destino hoy guardan prisión por hechos delictivos cometidos que finalmente salieron a la luz.
La irresponsable y complaciente actitud de nuestros gobiernos aupó las más viles fechorías, pues no solo se les ha arrebatado a los dominicanos el derecho de poder contar con un transporte público confortable y a las empresas el de poder contratar libremente su carga para beneficio incluso de los consumidores finales, sino que se ha sumido a los choferes al mayor oscurantismo, en el que la mafia dirigencial todo lo puede y se coacciona, tortura y hasta asesina para preservar controles de rutas y someter a la obediencia a todo un gremio.
Ese mismo chantaje que han utilizado por años es con el que pretenden ahora hacer desacatar el fallo, amenazando con tirarse a las calles y llegando al extremo de decir que para lograr que la Constitución y las leyes del país se cumplan habrá que hacer matanzas, pues ellos entienden que tienen derechos adquiridos para violentarlas.
Nuestras autoridades tendrán que demostrar que merecen ponerse pantalones largos, actuando firmemente ejecutando una sentencia que no hace más que recordarles lo que ha sido su incumplida misión.
La sociedad que ha demostrado desde hace tiempo estar harta del abuso de quienes han secuestrado el transporte aniquilando toda posibilidad de libre competencia y desarrollo, tendrá a su vez que respaldar las acciones de funcionarios, empresas y personas, para contribuir a que pierdan el miedo a la intimidación y actúen amparadas en el derecho fundamental a la libertad. No podemos permitir que se pierda la oportunidad de finalmente acabar con la ilegalidad, la arbitrariedad, el desorden y el anacronismo del transporte cediendo nuevamente ante otro puro chantaje.
