La semana pasada mencionamos algunos puntos de la reforma fiscal que no son tan malos como aparentan y prometimos para esta entrega mostrar otros que sí se tornan perjudiciales e irritantes para los consumidores.
La propuesta de aplicar dos pesos adicionales al precio por galón de las gasolinas y el gasoil para “renovar” los vehículos del transporte público y para reparar y dar mantenimiento a las carreteras. Un verdadero abuso, pero parece ser más una decisión política para enfriarse con los transportistas, que un punto económico de mejoría social.
Reitero que aplicar un aumento escalonado del ITBIS a los productos no gravados hasta ahora es un error. En lugar de aplicar una tasa inicial de 8% con vocación alcista cada año hasta llegar a 16% en 2016, deberían aplicar de un solo golpe el 16% y no tocar más ese impuesto. Con un ITBIS escalonado, Danilo Medina pasará a la historia como el presidente que aumentó ese impuesto todos los años durante su gestión de gobierno. ¡Es duro!
El impuesto de RD$12 mil anual a los negocios informales, no es negativo, pero sí complicado, porque se presta a macuteos, contubernio y otras acciones indecorosas al momento de cobrarlos. Además, habrá que ver cómo se le cobrará a un chiripero, vendedor ambulante o cualquier otro microempresario informal una cuota de mil pesos mensuales. Imagínese a un cañero, machete en mano, que un inspector de la DGII se le acerque para cobrarle la cuota mensual de mil pesos.
Otra decisión fuerte para la gente de clase media es la que convierte el impuesto a la vivienda y solares suntuarios en un impuesto a la propiedad inmobiliaria, con lo que se sumarían los inmuebles de un mismo dueño para gravarlos cuando superen juntos el valor de RD$5 millones. Actualmente ese impuesto pesa sobre cada bien de manera individual. Otros gravámenes que eliminan incentivos y pesan sobre las ganancias de las empresas, no son deseables, pero si más justos, pues gravan a los que más pueden, a los que más tienen, a los que más ganan. En lo adelante, habrá que vigilar mejor el uso que da el Gobierno a los recursos del Estado.
