San Juan, Puerto Rico. Sintiéndose arropado durante más de seis décadas por el manto protector de Estados Unidos, Puerto Rico acaba de cerrar el año más difícil de su historia moderna colocado ante el abismo de la bancarrota con una deuda pública de 70 mil millones de dólares que es incapaz de solventar ante un déficit fiscal anual que supera los 300 millones de dólares.
Hace todavía unas semanas el gobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla parecía frotarse las manos esperanzado en que el presidente estadounidense Barack Obama propiciara una salida a la insolvencia a que se aboca esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes que por 63 años, desde el 25 de julio de 1952, blandió como escudo protector su condición de Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos, que hoy parece abandonarlo.
Tampoco el Congreso federal ha respondido a los reclamos de García Padilla, presidente del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), que se arroga la defensa del ELA, ni del delegado electo ante Washington, Pedro Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), que aspira a que Estados Unidos anexe a Puerto Rico como el estado 51 de su unión.
Ambos políticos puertorriqueños fueron prácticamente codeados por el Congreso y la Casa Blanca cuando, después de grandes esfuerzos, se aplazó para marzo de 2016 cualquier posibilidad de asistir a Puerto Rico para encarar su crisis fiscal, que está distribuida entre el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas, dos de las cuales, la de electricidad y de acueductos, han logrado avances en las negociaciones con sus acreedores.
Tal como planteó el gobernador García Padilla, el Congreso federal negó a Puerto Rico “un marco legal para reestructurar sus deudas de forma ordenada y así cumplir con nuestros acreedores ante un tribunal federal; un marco legal que, contrario a los estados, en 1984 el Congreso le retiró a Puerto Rico sin explicación alguna”.
“Esta crisis fiscal se convertirá pronto en una crisis humanitaria, bajo la bandera de Estados Unidos, y el Estado Libre Asociado será arrastrado a un litigio gigante y costoso, que impedirá la prestación, por parte del gobierno, de servicios esenciales a sus ciudadanos”, reconoció el mandatario en medio de su frustración después de meses de esfuerzos.
La situación económica de Puerto Rico está reflejada en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que es incapaz de cumplir con las obligaciones públicas debido a la insuficiencia fiscal prevaleciente.
La presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, ha reconocido que hay profundas dificultades para afrontar los pagos de los acreedores de Puerto Rico, incluidos los bonistas, que deben recibir una partida correspondiente a intereses a comienzos de enero de 2016.
A la falta de liquidez se añade que en julio de 2016, cuando comienza el año fiscal 2016-2017, el gobierno puertorriqueño debe comenzar a saldar la emisión de 3,500 millones de dólares que realizó en marzo de 2014, la administración del gobernador Luis G. Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP), luego que el crédito de Puerto Rico cayó a un margen especulativo.
Ante el planteamiento de una posible desaparición del BGF, el economista puertorriqueño Juan Lara ha destacado que “es una institución muy necesaria para Puerto Rico, porque si no existiera tendríamos que crearla, pues es lo único parecido a un banco central que tenemos en Puerto Rico”.
Lara afirmó recientemente que Puerto Rico entra a 2016 a un periodo de mayor incertidumbre económica en el mercado crediticio, lo que crearía una mayor ansiedad en los bonistas.
A juicio del economista, la salida inmediata para esta isla, que una vez se sintió inmune bajo el paragua de Estados Unidos a pesar de que la mitad de su población se halla por debajo de los niveles de pobreza, es “posponer los pagos” a sus principales acreedores, bonistas de Wall Street, a los que el gobernador García Padilla acusó de tener de rehén a Puerto Rico ejerciendo presión en congresistas estadounidenses.
“Los pagos no se van a poder cumplir”, dijo Lara al plantear que la situación puertorriqueña es similar a la que experimentó México en agosto de 1982, cuando su gobierno tiró la toalla porque no podía cumplir con sus acreedores.
El economista entiende que “nosotros tenemos que hacer algo similar: o nos sentamos a la mesa ya con los acreedores (para reorganizar la deuda) o no vamos a poder hacer los pagos” que se avecinan, por lo que “es posible que haya que pensar en jornadas reducidas en el gobierno”.
Lara explicó, según datos compilados por la agencia Inter News Service (INS), que la falta de liquidez del gobierno puertorriqueño es porque “teníamos que poner en marcha un programa integral de reforma (fiscal) y lo hemos ido haciendo pedacito a pedacito”.
“En un momento teníamos que poner en marcha un programa integral de reforma fiscal, no se puede hacer pedacito a pedacito. Nosotros hemos ido sobre la marcha haciendo la reforma porque hay resistencia de muchos sectores, como pasó con el IVA (impuesto al valor agregado), que era un programa de medidas”, adujo en referencia al proyecto de ley que no pasó el cedazo de la Cámara de Representantes, a pesar de estar en control del gubernamental PPD.
El problema mayor que ahora existe es que, como ha quedado demostrado, “Puerto Rico no es para Estados Unidos la prioridad que nosotros pensamos que es”, por lo que ni el Congreso ni la Casa Blanca del presidente Obama han dado pasos afirmativos para rescatar al ELA del terreno movedizo en que se hunde irremediablemente.
“Perdimos el acceso al programa financiero, nos cerraron la ventanilla, y no tenemos acc eso al mercado financiero”, resumió el economista Lara.
Privatización de la corporación eléctrica será perjudicial
El otrora diputado independentista Carlos Gallisá, miembro en representación de los ciudadanos en la junta de gobierno de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), anticipó que esa corporación pública quiere ser dirigida hacia la privatización parcial en perjuicio del gobierno de Puerto Rico.
“Yo creo que la AEE va a hacia una privatización de su división de generación y posiblemente de su administración, ya que el plan de Lisa Donahue (oficial de reestructuración bajo contrato del ente estatal) habla de las dos cosas”, dijo Gallisá en días recientes a la agencia Inter News Service (INS), al sostener que “han pedido propuestas de todas las operaciones que pueda interesar al sector privado”.
Para el también analista político, un proyecto de ley, al que dan los toques finales en La Fortaleza, sede del ejecutivo, “esta privatización está acompañada de una exigencia de los bonistas y los fondos buitres de una nueva junta de directores que le abra espacio para ellos tener representantes o sus testaferros”.
Gallisá explicó que esa junta directiva estará dominada por extranjeros, situación que legislarán para quitar el control a los puertorriqueños.
“Nos botan a todos como bolsa, y aunque (la nueva junta) la nombra el Gobernador, tendrá que escoger entre una lista de diez recomendados que le dará una empresa norteamericana, de los cuales cinco deben ser residentes en Puerto Rico; eso significa que cinco pueden ser no residentes, mientras que de los dos representantes de los ciudadanos se reduce a uno, y la junta disminuye de nueve a siete miembros”, detalló Gallisá. Además, dijo, se dispondrá de aumentos de tarifa por consumo que no responderá a la Comisión de Energía, creada mediante la ley 57-2014, que impulsó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, la que se modifica o deroga, lo que eliminará derechos a los abonados.
Parte del proceso, que conlleva restar derechos a los trabajadores mediante la modificación de los convenios colectivos, los planes médicos y de salud a todos los empleados, gerenciales y sindicalizados, ya está en marcha, recordó el miembro de la junta de la AEE.
Opinó que la AEE es vital, uno de los pilares, para cualquier proyecto de desarrollo del país, por lo que ese tipo de medida representa la pérdida del control y administración del sistema eléctrico de Puerto Rico en beneficio de intereses foráneos, entre los que mencionó a una familia de empresarios dominicanos, que “tiene cabilderos aquí muy cercanos a Bhatia”.
Gallisá trajo a colación que, en el pasado, la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en dos oportunidades -con Ondeo y la Compañía de Agua-, resultó en fracasos y en millonarias pérdidas para Puerto Rico.
“El Gobierno le hace el juego a la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, que piensan que con la privatización se reduce la tarifa; gente que no piensa en el país”, acusó Gallisá al recordar que entre el Gobierno y la empresa privada adeudan 1,200 millones de dólares a la AEE: 300 millones el Gobierno y 900 millones de dólares la empresa privada.
Estancamiento económico
El economista Gustavo Vélez, quien fuera asesor por un corto periodo del gobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005-2009), considera que el problema principal de Puerto Rico radica en que, además de estar en un estancamiento económico, se halla excesivamente endeudado, “con una economía mucho más pequeña, mucho más pobre y con menos población”. Vélez puso en contexto su visión sobre la situación económica puertorriqueña en su blog, al sostener que en 2005 la deuda pública era de 36,702 millones de dólares, mientras que para el 30 de junio de 2013, ya ascendía a 70,043 millones. “Los retos hoy son mucho más desafiantes que los retos de 2006. La pregunta clave es ¿cómo vamos a resolver el problema de la deuda de Puerto Rico?”, dijo en forma retórica. El economista entiende que se requiere con urgencia una reorganización del gobierno y una renegociación de la deuda, factores ambos que no parecen avanzar. “Existe una percepción equivocada de que el monto total de la deuda le corresponde a un solo pagador. Eso está totalmente alejado de la realidad.
Los 70,043 millones de dólares se dividen en cerca de quince emisores independientes con fuentes de ingresos y estructuras legales que definen cómo se realizará el servicio de la deuda”, estableció. Vélez puso como ejemplo, que el Gobierno central emite lo que se conoce como los bonos de obligación general del ELA (Estado Libre Asociado), que tienen como fuente de repago los ingresos del Fondo General, correspondientes a gravámenes fiscales.
