Una propuesta para modificar la Ley que crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), plantea la creación de nuevos impuestos a través de los juegos de azar, de los precios de los combustibles y de generación de energía renovable, a los fines de que esos recursos se distribuyan entre las universidades públicas y privadas, basándose en la capacidad de investigación e innovación de cada institución.
La iniciativa legal, que aún no ha sido sometida al Congreso Nacional, establecería la exoneración completa de toda clase de impuestos para las universidades públicas y privadas, además de que haría que el presupuesto que el MESCyT destina a las universidades, sea entregado en forma equitativa, y no privilegiando exclusivamente a la universidad estatal. Se plantea la creación de un Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), el cual recibirá los recursos provenientes de los nuevos impuestos y los destinará al financiamiento, no rembolsable, de los proyectos de investigación e innovación que realicen las universidades privadas del país.
La iniciativa ha generado la queja de las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) debido a que fue redactada por una comisión que, para los fines, contrató el Ministerio de Educación Superior, pero que está controlada en su mayoría por representantes de las principales universidades privadas del país.
Incluso, desde el mismo MESCyT surgieron quejas con la comisión, debido a que además de plantear la reducción indirecta de los recursos para la UASD, propone que el financiamiento de becas que lleva a cabo la institución, se destine exclusivamente a las universidades locales y no a las extranjeras.
Los promotores del proyecto están gestionando el apoyo de diversos sectores, incluido el Gobierno, a los fines de que sea presentado al Congreso Nacional para su aprobación
Los impuestos
“Se establece un impuesto de un 1% de los ingresos de todas las instituciones dedicadas a gestionar los juegos de azar, tales como loterías convencionales, loterías electrónicas, casinos de juego, bancas deportivas, etc”, indica el artículo 91 de la propuesta de modificación de la Ley 139-01, sobre el Ministerio de Educación Superior.
Agrega que ese impuesto se cargaría directamente a los jugadores, y que las agencias serían agentes de retención para pasar los recursos al Fondocyt.
También plantea la modificación de la Ley 112-00 de Hidrocarburos, para que se destine el 33% de la distribución de los fondos que se recaudan a través de esa legislación a financiar proyectos y actividades de investigación y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación de las universidades.
Todos esos fondos irían exclusivamente a financiar los proyectos de innovación e investigación tecnológica de las universidades, mediante asignaciones a ser definidas por un reglamento, siempre dando prioridad a “aquellas instituciones que desarrollen mayor capacidad de gestión” para los trabajos a realizar.
Pero además de la captación de recursos del fisco para financiar las actividades de universidades privadas, el anteproyecto de ley propone que las instituciones de educación superior, ciencia, tecnología e innovación puedan acceder a créditos externos y que a partir de su aprobación “estarán exoneradas de impuestos, pagos de derechos, arbitrios y contribuciones en general”.
Se pretende que puedan recibir “todos los legados y donaciones libres de cualquier impuesto o derecho. Se les libera del pago del Impuesto sobre la Renta o cualquier otro que grave los bienes de esa naturaleza”.
La UASD marginada
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, ha planteado, en varias ocasiones, que se está elaborando una iniciativa legal para quitarle parte de los recursos que recibe la academia y favorecer a universidades privadas. Sin embargo, con los problemas que ha enfrentado la institución que dirige, no ha tenido tiempo de entrar en detalle sobre el caso.
Pero además, las autoridades de la UASD se quejan de que para elaborar la iniciativa no se han convocado a todos los sectores de educación superior, se pretende quebrantar la estructura del MESCyT, cambiar el programa de becas por un crédito educativo, modificar la estructura de las subvenciones a las universidades afectando la universidad del Estado.
Como forma de establecer un mecanismo de defensa, la UASD tiene convocada una asamblea informativa con los universitarios para dar a conocer la sorpresiva propuesta de modificación a la Ley 139-01, por considerar que lacera los intereses de la academia.
Lo que más preocupa a la UASD es la propuesta de redistribuir los fondos estatales para que las universidades privadas desarrollen sus programas de investigación científica costeando todos sus gastos tanto en los que incurran los investigadores docentes, como en los que se relacionan con equipamiento, mobiliario y material gastable, en detrimento de las partidas que originalmente están destinadas a la universidad estatal.
En tanto que para el MESCyT no es buena la propuesta de que los planes de becas internacionales sean eliminados para crear programas locales de crédito educativo, los cuales irían directamente a las universidades privadas establecidas en el país con base en sus mejores condiciones y sin especificar ni plantear rebajas en sus tarifas vigentes.
Planean llevarlo al Congreso Nacional
Informes llegados a elCaribe indican que el Ministerio de Educación Superior propuso posponer una reunión convocada para el Congreso Nacional por los proponentes del proyecto, debido a que ha sido abrupta y parcial.
Existen quejas de que la comisión que elaboró la propuesta está muy vinculada a las universidades privadas Intec y Unibe, entre los que se destacan Julio Sánchez, Miguel Escala, Ramón Flores, Julio Castaños Guzmán, Gustavo Batista, Ramón Núnez, Rafael González y Andrés Vanderhorts hijo.
El MESCyT en principio promovió la creación de la comisión para evaluar los aspectos de la Ley 139-01 que debían ser modificados, pero le ha causado sorpresa el contenido del anteproyecto de ley de 46 páginas, contentivo de 124 artículos.
