El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, apelará la prisión domiciliaria dictada en favor de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero Francisco Arias Valera.Domínguez Brito dijo ayer que a los acusados de prevaricación y soborno se les debe mantener en la cárcel porque debe de haber igualdad entre rico, pobres, narcos y corruptos.
“Existe un Código Procesal Penal, que habla de igualdad ante la ley, imparcialidad e independencia, pero, lamentablemente, cada día crece el número de casos para los cuales existen dos interpretaciones: una para los pobres y desheredados de la fortuna; y otra para los ricos, narcos y corruptos”, manifestó.
Domínguez Brito expresó que Antonio Sánchez, juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conoció “una revisión para el caso de los jueces Awilda y Arias Valera, a quienes ha favorecido con un arresto domiciliario, sin razón justificada alguna, pues ésta, en todas las legislaciones está prevista para “casos especiales”, básicamente humanitarios”.
“Podemos ver que este tipo de accionar se está convirtiendo en la salida salomónica de los jueces para favorecer a los corruptos favoritos y no podemos seguir así”, afirmó Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa.
La suspendida jueza pidió ayer al juez de la Instrucción Especial que ordene al Ministerio Público pedir un mapeo y registro de su celular, en tanto que el exmiembro del Consejo del Poder Judicial pidió que haga un contraperitaje al supuesto recibo en donde Reyes Beltré le devuelve RD$ 350,000 que él le había dado como adelanto para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís.
El abogado de la jueza, Harold Echavarría, dijo que desde hace un tiempo han pedido a la Procuraduría General de la República realizar diligencias de investigación que puedan ser utilizadas en el proceso, pero que esta no ha acogido los pedimentos por lo cual esperan que el juez le ordene mediante sentencia que realice unas 10 diligencias.
Entre ellas está el registro de llamadas, mensajes de textos, de WhatsApp así como un mapeo de las zonas en donde ha estado la suspendida jueza a los fines de debatir en un juicio las imputaciones y las circunstancias reales de los hechos que se le imputan.
Arias Valera pide que la Universidad Autónoma de Santo Domingo realice un peritaje al recibo. La audiencia fue reenviada para el próximo miércoles 10 de febrero.
