Hace tiempo que los partidos políticos en República Dominicana dejaron de representar a la ciudadanía. El PRD era el partido vinculado a los sectores urbanos pobres, el PLD a los sectores medios, y el Partido Reformista a grupos conservadores y de poder y a parte del campesinado. Esas vinculaciones impulsaban de alguna manera agendas de política.
Sin embargo, al menos tres factores se combinaron para que los partidos lograran una mayor autonomía frente a los grupos sociales y la ciudadanía.
Primero, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y populares; segundo, el acceso de los partidos a los recursos del Estado y el uso discrecional de éstos que redujo su dependencia del financiamiento del empresariado; y tercero, la relativa indiferencia de los gremios y grupos empresariales frente a la corrupción y la opacidad en el manejo de los fondos públicos.
Hoy, los partidos más grandes existen principalmente para sí mismos y para su dirigencia. Sólo se representan a ellos, y alcanzar el poder no significa avanzar en alguna agenda reivindicativa de algún o algunos sectores, ni mucho más que el acceso al poder y a los recursos públicos por parte de la dirigencia con fines de escalar socialmente y de financiar sus esfuerzos por perpetuarse en el poder.
Esto no es absoluto pero es la característica dominante.
En un contexto como ese, avanzar una agenda de políticas para el cambio hacia una sociedad más equitativa y basada en derechos requiere generar una presión desde “afuera” de éstos, creando estados de opinión y corrientes que les obliguen a comprometerse. El escenario electoral es uno propicio para ello, como lo demostró la campaña por un financiamiento adecuado a la educación en 2012.
Hay al menos cuatro temas que deberían tener alto perfil en un esfuerzo ciudadano por empujar a los partidos a comprometerse. Uno es el de la salud y la seguridad social. La salud y la educación son los dos grandes pilares de una buena política social. Pero a diferencia de la segunda, donde hay esperanzas de cambio, en la primera hay demasiado por hacer. El estado de los centros de atención de la red pública es calamitoso, los centros de atención primaria están lejos de ser una realidad, la prevención en salud está muy mal financiada, el aporte per cápita al régimen subsidiado es penoso, y la cobertura del seguro familiar de salud es muy insuficiente. La sociedad requiere propuestas de parte de los candidatos, pero también debe proponer y empujar a los partidos a comprometerse con mejorar sustancialmente el financiamiento, hacer cumplir los protocolos de atención, aumentar la cobertura del régimen subsidiado, mejorar los salarios del personal de salud, especialmente de enfermería, y humanizar la atención.
Otro tema es el empleo, que es donde deberían verse los resultados del crecimiento. Programas de empleo público de emergencia de corto plazo para personas pobres, incentivos para las iniciativas que generen un elevado número de puestos de trabajo por peso invertido, apoyos a los emprendimientos que empleen mujeres y jóvenes, un gasto público que beneficie a empresas que generen puestos de trabajo, y una política fiscal y monetaria comprometida con un crecimiento con calidad son algunos de las obligaciones que deberían asumir los partidos y candidatos.
La seguridad pública es la cuestión que más preocupa a la ciudadanía en este momento, pero a la vez es precisamente donde menos claridad hay sobre el qué hacer. La criminalidad en las calles y la violencia contra las mujeres son dos de sus expresiones más destacadas. Una Policía Nacional altamente ineficaz, muy corrompida y profundamente penetrada por el crimen organizado sigue siendo el principal problema. Se requiere proponer y demandar propuestas audaces en esta materia. Ningún candidato debería llegar a la campaña sin propuestas concretas, las cuales no deben incluir la tontería de la “mano dura”, que no sirve para nada más que para multiplicar los asesinatos.
Por último, la transparencia en la gestión pública y la prevención de la corrupción es una pieza indispensable para que el gasto público cumpla su rol de fomento del desarrollo y para lograr que la gente pueda ejercer derechos fundamentales.
El robo del dinero público y la impunidad de sus protagonistas han erosionado la legitimidad del Estado. Hay que identificar algunas pocas acciones de gran impacto que puedan ser convertidas en consignas e impulsadas para lograr compromisos políticos sólidos.
Elaborar propuestas, transformarlas en eslogan y comprometer es una tarea del momento.
