El presidente del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Rafael del Toro Gómez, dijo que es urgente que el Estado y la sociedad se comprometan a realizar planes de acción consensuados que permitan mejorar el clima de convivencia pacífica.
Expuso que ese ambiente a ser procurado en conjunto, debe ser con “índices adecuados de seguridad ciudadana, que sean la base del desarrollo de los negocios y el logro de las metas de todos nuestros habitantes”.
“La seguridad jurídica, como pilar del incremento de la inversión privada, extranjera y local, es esencial para el progreso y nada contribuye más a su logro que la paz, la confianza y la solidaridad, en un ambiente de libertades y respeto de la institucionalidad”, dijo del Toro Gómez, en un discurso que pronunció en un almuerzo de Finjus con la presencia del presidente Danilo Medina. El texto del discurso es el siguiente:
Distinguidas y distinguidos invitados:
En un país como el nuestro las tareas de configurar, estructurar, poner en marcha y sostener una organización a lo largo de 25 años es un reto cotidiano, porque implica armonizar un conjunto de factores, recursos y variables que abarcan muy diversas áreas, entre las que se destacan tener un pensamiento estratégico capaz de enfrentar cada coyuntura y de manera especial, tener la capacidad de mirar hacia el porvenir con una gran dosis de optimismo y un elevado compromiso.
Significa asimismo, armonizar un grupo de mentes claras y visionarias, con capacidad de reflexionar sobre problemas concretos, para definir alternativas viables y sostenibles, en áreas complejas como las relacionadas con la institucionalidad democrática en nuestro país.
Si miramos el camino recorrido es obligatorio concentrarnos y reconocer a hombres y mujeres tenaces y comprometidos, interesados en hacer aportes más allá de la crítica, dedicados a apoyar las aspiraciones de cambio y renovación social, especialmente a través de mecanismos como la construcción de consensos alrededor de los temas más importantes de la agenda pública nacional.
El punto de inicio de este proceso ocurrió el 24 de octubre de 1990, con el decreto 430 del Poder Ejecutivo, que otorgó personería jurídica a la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ese acto cerraba un proceso de diálogos, consultas e intercambios entre un grupo de empresarios y juristas que tenían en común, aparte de su identificación con la libertad y el progreso económico y social del país, su convicción de que solo en el marco de un régimen democrático esas altas metas podrían alcanzarse.
Los miembros fundadores, a quienes deseamos tributar nuestro reconocimiento por su visión y esfuerzo, fueron: Alejandro E. Grullón E., Manuel Enrique Tavares, Milton Ray Guevara, Manuel Bergés Chupani, Luis Heredia Bonetti, Ana Rosa Bergés, Andrés Marranzini, Elena Viyella de Paliza, Flavio Darío Espinal, Jorge Matos Félix, José Augusto Vega Imbert, Luis Molina Achécar, Marcos Troncoso Mejía, Marino Ginebra Hurtado, Raymundo Haché Alvarez y Wellington Ramos Messina. Además se integraron como empresas fundadoras, Claro-Codetel, Central Romana Corporation, Grupo León Jimenes, Mercasid, Vicini y el Grupo Popular.
Es igualmente justo reconocer a aquellos que han desempeñado la difícil labor de directores ejecutivos de FINJUS, iniciando con el Dr. Milton Ray Guevara, cuyos pasos fueron seguidos por Eduardo Jorge Prats, Francisco Domínguez Brito, Carlos Salcedo, José Alfredo Rizek y Servio Tulio Castaños Guzmán, nuestro actual vicepresidente ejecutivo.
Todos estaban animados por el propósito de contribuir a encontrar soluciones y alternativas viables a múltiples conflictos, debilidades y disfuncionalidades en el ordenamiento institucional y político que amenazaban directamente la convivencia social y el desarrollo.
En aquellos agudos meses de principios de los años 90, no eran pocas las voces y personas que manifestaban preocupación por el curso de los acontecimientos en la economía, caracterizada por una fuerte represión cambiaria, así como en la política y la sociedad. 25 años después, pasando revista a tantos momentos decisivos, a veces turbulentos y confusos, no dejamos de agradecer a Dios por habernos dado la oportunidad de sobrepasarlos y por permitirnos contribuir a la superación de los más importantes desafíos o por lo menos haber creado las bases para enfrentarlos con nuevas herramientas institucionales, jurídicas y sociales.
Como un centro dedicado a la investigación, la promoción y el desarrollo de alternativas para fortalecer la democracia y sus instituciones, FINJUS ha propiciado la crítica jurídica de forma permanente, con ánimo firme pero constructivo.
Una muestra de esa dedicación es la obra que pondremos en sus manos en esta tarde, titulada Institucionalidad Democrática y Sistema de Justicia en República Dominicana: Reflexiones y Retos, donde 11 destacados juristas y expertos pasan balance a temas centrales, como la carrera e independencia judicial, jurisdicciones inmobiliaria, constitucional, penal, civil y comercial y contencioso-administrativa, así como labor legislativa, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, seguridad ciudadana y policía nacional, seguridad jurídica y clima de inversiones, y reflexiones sobre el estado de los partidos políticos. En esa obra pasamos revista a algunas de las prioridades que tiene la sociedad dominicana en su camino hacia el desarrollo.
Incentivamos la discusión de las carencias y deficiencias de los modelos institucionales en las organizaciones del sistema de justicia y nos ha complacido acompañar al Ministerio Público en los Consejos Directivos de su Escuela Nacional y de la Defensa Pública, instancias a donde nos han invitado para dar sugerencias y ser colaboradores de sus innovaciones y reformas.
Hemos estimulado el estudio y conocimiento de las experiencias de reforma y cambio que se han puesto en marcha en países similares al nuestro, para lo cual propiciamos el intercambio entre autoridades y responsables de instituciones públicas y privadas.
Asimismo nos sentimos muy honrados de haber participado en este período en trascendentales actos como la elaboración de la Estrategia Nacional del Desarrollo y la Reforma Constitucional del año 2010.
Propiciamos reuniones de mesas de expertos en variados temas jurídicos e institucionales para la elaboración de propuestas y borradores de leyes orgánicas, reglamentos, políticas y programas y agradecemos a sus componentes, muchos de los cuales se encuentran entre nosotros.
Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a la reforma normativa penal y procesal penal, procesal constitucional, de la defensa pública, del Ministerio Público y sobre todo de los cambios que han dado mayor vitalidad a las altas cortes, mediante la reforma constitucional.
Hemos apoyado todas las iniciativas dirigidas a fortalecer la cultura de la transparencia y reforzar el sistema de consecuencias para quienes violan las leyes y defraudan la confianza de la ciudadanía. Nunca estaremos conformes ni nos quedaremos callados ante cualquier acto o iniciativa que menoscabe el sistema de justicia, su independencia y capacidad de cumplir con su misión constitucional.
Al mismo tiempo hemos respaldado todos los actos encaminados a asegurar la libertad de empresa y la modernización económica, propiciando reformas normativas, en leyes como las de reestructuración mercantil, sociedades comerciales y transparencia fiscal. En esa misma dirección hemos mantenido un Programa de Educación Continuada, que ha actualizado a miles de profesionales en áreas claves del Derecho y la Economía.
A veinticinco años de distancia, debemos seguir propiciando y apoyando la coordinación y cooperación entre las instituciones del Estado y de ellas con la ciudadanía. Todos sabemos que las sociedades y las organizaciones funcionan de manera adecuada y alcanzan sus objetivos estratégicos e inmediatos solamente cuando sus componentes y en especial, las personas que las integran, cooperan entre sí y asumen retos compartidos.
Si hace 25 años concebimos la reforma judicial como un elemento central para el desarrollo nacional, fue porque la experiencia de otros países indica que allí, donde el imperio de la ley no es universal, donde los intereses particulares están por encima de la fortaleza de las instituciones y donde la igualdad de todos ante la ley es solo una frase, la posibilidad de alcanzar el desarrollo con equidad es lejana.
Tener una sociedad organizada, con seguridad, que dispone de los servicios básicos y brinda oportunidades para el crecimiento de las personas, sus familias, las comunidades y las regiones, solo se puede alcanzar con la cooperación y el compromiso de cada ciudadano u organización. Para ello se requiere que sean altos los niveles de confianza en las principales instituciones y que todos unidos asumamos el compromiso de hacer las reformas y cambios que el país necesita.
Por eso es urgente que Estado y sociedad se comprometan a la realización de planes de acción consensuados, que permitan mejorar el clima de convivencia pacífica, con índices adecuados de seguridad ciudadana, que sean la base del desarrollo de los negocios y el logro de las metas de todos nuestros habitantes. La seguridad jurídica, como pilar del incremento de la inversión privada, extranjera y local, es esencial para el progreso y nada contribuye más a su logro que la paz, la confianza y la solidaridad, en un ambiente de libertades y respeto de la institucionalidad.
Ayer, como hoy, muchos de los problemas principales que enfrentamos no se pueden reducir a las áreas del manejo del presupuesto, la cantidad de inversión que se requiere o el monto de las riquezas generadas por las empresas o las personas.
Nuestras soluciones deben dirigirse primordialmente a reforzar el cumplimiento de los marcos legales que tenemos, hacerlos más eficientes, mostrar desde el Estado la voluntad para hacerlos cumplir y contar con una sociedad dispuesta a ser organizada, apegada a leyes y controles institucionales, para lo cual es indispensable una población educada, que participe en el seguimiento de las políticas públicas que les afectan y que actúe comprometida con su destino.
En este sentido, en ningún momento hemos dudado en manifestar nuestro respaldo a las iniciativas que en el marco de esta administración encabezada por el Lic. Danilo Medina, se han planificado para incentivar la participación de la sociedad en los cambios sociales, económicos e institucionales que exige nuestro desarrollo. Sin embargo, para hacer más efectivas las nuevas prácticas que se adelantan y asegurar su permanencia en el tiempo, es imprescindible la adopción de reformas urgentes en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, lo mismo que en la Ley Electoral, tal y como apropiadamente manifestó el presidente Medina en su discurso ante la reunión de la COPPAL recientemente.
Sabemos que los retos que el país enfrenta para superar los déficits institucionales que se han acumulado en las últimas décadas son enormes. Por eso le manifestamos, señor presidente, amigos y amigas invitados, nuestra convicción, de que es urgente que enfrentemos todos los desafíos sociales, políticos y económicos que conocemos, en el marco de una estrecha cooperación público-privada, con alianzas sostenibles y de largo plazo.
En este marco es que agradecemos las muestras de simpatía que constantemente recibimos de diversos sectores por los modestos aportes que FINJUS realiza. Nuestro empeño está dirigido a crear el ambiente necesario para que se multipliquen y se hagan más eficientes los programas y proyectos que se correspondan con los objetivos estratégicos de fortalecer la democracia y la seguridad jurídica en el país.
Por eso nos mantenemos muy alertas para mejorar cada día la calidad de nuestras investigaciones y opiniones jurídicas e institucionales, apoyando con nuestra participación todos los escenarios donde se discute el futuro del país y animando a otros a comprometerse en este camino.
Seguiremos reclamando modelos más participativos de nuestra democracia y la búsqueda de nuevos enfoques y prácticas económicas que nos permitan mayor competitividad y productividad en el marco de la globalización.
Si algo ha caracterizado a FINJUS en estos veinticinco años, es su afán por convencer a otras instituciones ciudadanas que asuman el reto de dar seguimiento a los actos de las instituciones de los poderes públicos, que desarrollen sus capacidades para hacer propuestas constructivas en todos los órdenes, para superar nuestras deficiencias sociales, de manera que contribuyamos a que la rendición de cuentas y que la transparencia sea la norma y no la excepción, tanto en el Estado como en la sociedad.
Son tantas y diversas las contribuciones y apoyos que hemos recibido en estos 25 años que sería muy larga la enumeración de cada una de las personas, empresas, corporaciones, juristas, universidades, académicos y organizaciones sociales con las cuales tenemos una alta deuda de gratitud. A todos les agradecemos haber hecho realidad este anhelo de participación, permitiendo nuestro sostenimiento con sus aportes diversos, tanto en recursos, experticia, tiempo y dedicación. En ese mismo sentido queremos agradecer a los organismos de la cooperación internacional, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, entre otros, por su confianza y contribuciones a proyectos comunes.
De manera especial extendemos nuestro agradecimiento a quienes nos estimulan a continuar jugando el rol de organización comprometida con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en el país, con ánimo crítico pero constructivo, enérgico pero dialogante, apegado siempre a la objetividad y la investigación jurídica seria.
Señoras y señores, al arribar a estos 25 años de intensa labor, FINJUS reitera su compromiso de perseverar en nuestra misión: el fortalecimiento de la justicia y el desarrollo pleno de nuestra institucionalidad democrática.
Gracias, muchas gracias por su presencia constante y cálido apoyo en estos 25 años de servicio.
Lic. Rafael del Toro Gómez
23 de noviembre, 2015.
