Con el anuncio de la ONU de que propondrá un plan de regularización de extranjeros al país, sumado a la declaración de la Unión Europea, aclarando que no contempla enviar una misión para indagar sobre el fallo 168-13 del Tribunal Constitucional, se despeja en gran medida el panorama, el cual había estado matizado por cuestionamientos de organismos internacionales al país, luego de la sentencia.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su coordinador residente, Lorenzo Jiménez de Luis, reconoció el pasado jueves que la decisión del TC es “firme e inapelable”, al tiempo que anunciaba que ese organismo presentará su sugerencia de lo que debe ser el Plan Nacional de Regularización, atendiendo a una solicitud de colaboración que le hizo el Gobierno dominicano.
“En ningún caso es una propuesta vinculante. A quien le corresponde elaborar el plan es al Gobierno; será una propuesta respetuosa con las leyes y la soberanía”, expresó.
El mismo día, el jefe de la delegación de la Unión Europea en el país, Alberto Navarro, informaba que ese sistema de naciones no contempla el envío de una misión para indagar sobre los efectos de la sentencia, como le había pedido el Gobierno haitiano, a través de su cancillería. “En el caso de Haití queremos hacer un llamamiento a la calma, porque problemas como éste se resuelven siempre mucho mejor a través del diálogo que de declaraciones públicas o comunicados”, expresó.
Jiménez de Luis habló en el Palacio Nacional luego de reunirse con el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Lo de Navarro fue una declaración pública recogida en un documento. Pero el elemento común es que ambos reconocen que se trata de una sentencia irreversible, además de que expresan su disposición a colaborar con su correcta aplicación.
La importancia de ambos hechos es que se produce en un momento en que se busca la comprensión de países y organismos externos sobre la legitimidad de la sentencia y su carácter definitivo.
El mismo presidente Danilo Medina se ha involucrado en un proceso que busca explicar y defender el fallo emitido por el Tribunal Constitucional el pasado 25 de septiembre.
De hecho, defensores de la sentencia, como el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón han advertido que ahora la lucha debe ser dirigida a convencer en el exterior, ya que en el país, todos los estamentos del Estado han asimilado la sentencia y han estado actuando en consecuencia.
El jurista, entrevistado recientemente por el periodista Federico Méndez, sostuvo que los tres poderes públicos asumieron el contenido de la sentencia con valor de política de Estado. “¿Qué es lo que nos queda?, enfrentar el desafío externo, porque el pleito internamente ya está ganado”, enfatizó Castillo Pantaleón.
Aunque en algún momento el Gobierno parecía “arrinconado” por la posición asumida por países y organismos internacionales, la situación ha ido cambiando poco a poco, al punto de que hoy los funcionarios con cargos administrativos y diplomáticos que manejan el tema se muestran satisfechos de lo que se ha logrado hasta el momento.
En efecto, un funcionario involucrado en las gestiones que ha encabezado el Presidente asegura que los embajadores que han recibido las explicaciones correspondientes se han mostrado receptivos y han respaldado la postura dominicana, con pocas excepciones.
“Nuestro único problema ahora mismo es Cariforo”, dijo el influyente funcionario, en conversación informal con periodistas, refiriéndose a lo exitosa que han sido las gestiones ante representantes de todas partes del mundo.
El Cariforo, que según revela el funcionario ha sido el grupo donde más incomprensión ha habido respecto al tema, lo integran, además de República Dominicana, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
El registro
Alguien lo llamó “triple play”. Y es que el mismo día que la ONU y la Unión Europe fijan posiciones que demuestran que han comprendido y asimilado la sentencia del TC, la Junta Central Electoral dio los resultados del inventario de extranjeros inscritos en el registro civil dominicano.
Uno de los hallazgos más importantes del levantamiento es que solo 13,637 haitianos serían impactados por la sentencia 168, un número muy reducido, si se compara con cifras que algunos sectores han divulgado, sobre todo los que se oponen a la sentencia del TC.
“Creo que con estas estadísticas se derrumban muchos mitos y muchas informaciones que no se corresponden con la verdad”, afirmó el presidente de la JCE, Roberto Rosario, al dar a conocer los resultados del censo, en compañía de los integrantes de la comisión de veeduría designada para monitorear el proceso.
A lo interno
Los ataques de sectores internos, y hasta la amenaza de desacatar el fallo son elementos con los que aún siguen lidiando las autoridades.
Recientemente, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, vaticinó que el ambiente se despejaría a medida que se escuchen las explicaciones que ofrece el Gobierno y se avancen las medidas que deben adoptarse para cumplir la sentencia.
“Tan pronto salga la euforia de estas organizaciones y de algunas personalidades que aprovechan esto también para tomar alguna actualidad, se despejará el panorama”, afirmó el funcionario.
La “visita urgente” que quiere hacer la CIDH
En la otra cara de la moneda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció ayer, según un cable de AP, que desea visitar República Dominicana con urgencia “antes de que entre en vigencia a mediados de diciembre un fallo judicial que podría convertir en apátridas a decenas de miles de personas”.
La agencia reseña que el presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco Rodríguez, dijo que la mayoría de los siete integrantes de la comisión están listos para trasladarse a la isla caribeña tan pronto como el Gobierno dominicano presente una fecha específica.
“Santo Domingo ya extendió la invitación y falta precisar una fecha”, agregó Orozco Rodríguez durante una conferencia de prensa sobre el 149 periodo de sesiones que la CIDH culminó el ayer en la capital estadounidense.
